Los costes de la transición ecológica

Varios acontecimientos de los últimos días ilustran a la perfección lo difícil que es abordar el problema del cambio climático cuando se pasa de las buenas palabras a la acción. Empezando con la conmoción de parte de la sociedad española, que se ha trasladado con fuerza a los medios, ante los objetivos y medidas que avanza el borrador de la ley de cambio climático sobre el transporte rodado. Siguiendo con las fuertes protestas en Francia, desarrolladas de forma espontánea por los que se consideran damnificados ante la subida de impuestos sobre los carburantes. Y finalizando con la firme oposición al posible cierre anticipado de las centrales térmicas de carbón gallegas por parte de sus trabajadores y de políticos de diferentes ámbitos.

Que esto ocurra no es sorprendente. En primer lugar, porque hoy no se ven todos los beneficios de las actuaciones contra el cambio climático, que se materializará con toda su fuerza en décadas, pero sí sus costes. En segundo lugar, porque el gran proceso de transformación socioeconómica va a generar perdedores y ganadores en sectores económicos y grupos de población. Por ello es de esperar que estas manifestaciones, todavía incipientes, se extiendan e intensifiquen en el futuro. Es imprescindible así una estrategia distributiva que garantice la viabilidad sociopolítica de la transición porque, desgraciadamente, no podemos permitirnos minorías de bloqueo que dificulten un cambio que ya estamos iniciando demasiado tarde.

El gran proceso de transformación socioeconómica va a generar perdedores y ganadores en sectores económicos y grupos de población

El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático apunta las intervenciones draconianas que se necesitarán para limitar la subida de temperatura a 1,5 ºC, a partir de la que los riesgos se disparan, situación que habríamos evitado si en su día el Protocolo de Kioto hubiese introducido medidas relativamente suaves. El propio borrador de la ley española introduce objetivos de reducción de emisiones a 2030 muy por debajo de los medios para la UE porque, una vez más, la escasa acción en décadas requiere hoy esfuerzos muy considerables en poco tiempo. Esto es, seguir con las buenas palabras no es recomendable porque nos exponemos a un aumento exponencial tanto de los costes ambientales como de los de reducción de emisiones.

Para ello es imprescindible, en primer lugar, el máximo consenso político en el diseño e implantación del proceso de transición, incluyendo sus ajustes distributivos. Esto exige una evaluación rigurosa y detallada, idealmente con aportes desde las distintas ciencias sociales, de los efectos esperados por las distintas políticas y de los posibles mecanismos compensatorios. En este sentido, los políticos locales, probablemente los más expuestos ante esta problemática, deberían evitar actitudes reactivas frente a causas perdidas y presionar para la definición de compensaciones y alternativas de futuro para los afectados.

Los políticos locales, los más expuestos, deberían evitar actitudes reactivas frente a causas perdidas y presionar para la definición de compensaciones

Es también fundamental ver la transición no solo como una oportunidad para crear nuevas actividades, sino también como una garantía de futuro para muchos de los sectores del presente. Por ejemplo, las medidas anunciadas para el sector de automoción pueden acelerar unas transformaciones que la industria europea ha ido postergando hasta el momento y evitar así su declive global por falta de soluciones y tecnologías en las que otros territorios nos llevan la delantera. Abrazarse a causas perdidas es aún menos deseable para sectores empresariales que se encuentran sujetos a fuerte competencia internacional.

Por último, estas reflexiones ponen en valor un instrumento fundamental para los economistas: los precios que recojan los daños ambientales por contaminar. En primer lugar, porque se evitan actuaciones políticas discrecionales en el proceso de transición, menos aceptables cuando hay importantes consecuencias distributivas. También porque estos precios pueden conseguir los recursos para realizar las compensaciones y promover alternativas de futuro para los afectados. Es cierto que los propios precios supondrán mayores costes para todos y pueden generar efectos distributivos adversos, que también deben ser compensados, pero han de verse sobre todo como facilitadores y garantes de una transición hacia el único futuro posible.

*Xavier Labandeira es catedrático de Economía, Universidade de Vigo, y actualmente investigador visitante en European Univeristy Institute (Florencia).