Pasamos los peores años de la crisis financiera, los de los rescates bancarios, sí, pero que también lo fueron de los grandes ajustes internos en las entidades, atrapadas muchas de ellas en la imprudencia —cuando no simple ceguera— de sus administradores. Apenas ninguno de aquellos que condenaron a la muerte a un sector de la economía financiera tan importante como las cajas de ahorros tiene ahora cargos de responsabilidad en el sector financiero, y muchos afrontan inciertos horizontes penales.

El proceso de saneamiento fue duro y muy exigente en términos de recursos públicos, y cuando por fin lo peor de la crisis empezaba a ser pasado y el sector podía de nuevo afrontar una fase de expansión crediticia, llegó la oleada de reveses judiciales que no parece haber terminado. Los gestores bancarios se preguntan cuál será la siguiente, después del sainete jurídico del impuesto de actos jurídicos documentados. Más allá del lastre económico que pueda representar para los bancos el pago del tributo, lo verdaderamente serio es el marco de inseguridad jurídica que se crea, por no hablar del desprestigio de una institución del Estado de la talla del mismísimo Tribunal Supremo.

La lectura final parece ser, de manera simplificada, que el banco tiene la obligación de prestar dinero, y el prestatario, el derecho de no devolverlo.

Todo forma parte del inevitable influjo de la posverdad como síntoma y a la vez efecto de la infantilización de una sociedad con todos los derechos pero sin ninguna obligación, jaleado por el oportunismo populista con gran éxito de crítica y público.

No seré yo quien se meta en política, pero no tengo claro si somos conscientes de lo que nos jugamos como sistema económico si lo que firmamos en el notario cuando vamos a comprar nuestra casa puede ser papel mojado al cabo de unos años; no se trata ya de si el AJD lo paga o lo deja de pagar el banco, porque esa cuestión, por sí misma, no parece que pueda tener un gran alcance en las cuentas de resultados ni incluso en las ofertas hipotecarias. Se trata de que el sistema financiero se está cansando de ver dañada su reputación por decisiones judiciales de ida y vuelta, así como de ser el blanco inevitable de las iras de la población (convenientemente jaleadas por los de siempre). Y esto puede llevar a una sobreprotección del activo (del crédito) que ya sí haga más complicado el acceso a un préstamo.

La nueva Ley de Créditos Inmobiliarios trae muchas novedades en la protección de los usuarios, algo que nadie puede dejar de aplaudir; pero eso no es un problema para los bancos, porque se trata de un marco de referencia, de unas reglas del juego a las que adaptar la operativa cotidiana. El problema es cuando las reglas del juego cambian a mitad del partido, de manera que el banco se acuesta acreedor y se levanta deudor. Me parece que es algo que se celebra en exceso, y quizá no haya nada que celebrar.

*Luis Javaloyes. CEO de Agencia Negociadora.