Finanzas sostenibles para la transición ecológica de la ciudad de Madrid

Es responsabilidad de aquellos que ocupamos cargos políticos dar respuesta al reclamo de la ciudadanía y cumplir con los compromisos adquiridos en la Agenda 2030

Foto: Foto de archivo del logo de Madrid Central.
Foto de archivo del logo de Madrid Central.

El pasado viernes, los estudiantes que secundaron la huelga contra el cambio climático impulsada por el movimiento “Fridays for Future” lo gritaron hasta la extenuación a las puertas del Congreso de los Diputados y del Ayuntamiento de Madrid, “¡no hay planeta B!”, “¡1/2 ambiente no, aire puro, sí!”, “¡cambiemos el sistema, no el clima!”.

Es responsabilidad de aquellos que ocupamos cargos políticos dar respuesta al reclamo de la ciudadanía y cumplir con los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París de lucha contra el Cambio Climático. Y para ello, debemos utilizar todos los instrumentos de política pública a nuestro alcance, también a nivel financiero.

Para conseguir estos objetivos resulta fundamental alcanzar un “pacto finanzas-clima”, tal y como proponen el Premio Nobel de la Paz Jean Jouzel y el economista francés Pierre Larrouturou, y reclama nuestra alcaldesa, que movilice mil millones de euros anuales. Un pacto en el que las ciudades cobren un papel protagonista en la implementación de medidas encaminadas a lograr un ambiente limpio y sano, y una movilidad más activa y de menores emisiones.

El año pasado la Comisión Europea lanzó una estrategia de “finanzas sostenibles” con el objetivo de incluir al sistema financiero en el cumplimiento de la agenda de la UE relativa al clima y el desarrollo sostenible. Según los expertos europeos se necesitan alrededor de 180.000 millones de euros de inversiones adicionales al año para lograr los objetivos de la UE para 2030 acordados en París, entre ellos una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las inversiones del sistema financiero realmente “sostenibles” (y no aquellas que actúan únicamente como mecanismo de “lavado de cara” o “greenwashing”) son efectivamente un instrumento fundamental en la consecución de estos objetivos. Por esta razón, también desde el Ayuntamiento de Madrid hemos alineado nuestros activos financieros a la agenda de sostenibilidad, impulsando instrumentos financieros dirigidos precisamente a generar impacto social y medioambiental positivo en la ciudad de Madrid.

Hace unas semanas anunciábamos la publicación de un concurso por importe de 30 millones de euros dirigido a invertir en iniciativas de impacto social que queremos contribuyan a impulsar un tejido empresarial innovador capaz de proponer soluciones inclusivas y sostenibles, que den respuesta a los retos a los que se enfrenta nuestra ciudad en materia social y medioambiental. Inversiones sostenibles cuyo impacto cuantificaremos, mediremos y comunicaremos de manera transparente a la ciudadanía.

Pero más allá de este esfuerzo inversor nos hemos puesto un reto aun mayor, financiar la rehabilitación energética de todos los edificios de nuestra ciudad. Para ello, el Ayuntamiento de Madrid ya cuenta con la línea de subvenciones del Plan Madrid Recupera (Plan MAD-RE), que desde 2016 ha atendido a más de 63.500 familias y creado más de 15.000 empleos. Complementamos ahora este programa con una línea de financiación de 50 millones de euros para que, a través de entidades financieras “colaboradoras”, tanto propietarios de viviendas como empresas, puedan solicitar un préstamo para mejorar la certificación energética de su casa o su local, incluyendo instalaciones de energía renovable y de movilidad sostenible.

Una línea que queremos forme parte de un proyecto más ambicioso que integre, además del componente de financiación, el desarrollo de un certificado energético único a nivel nacional y la puesta en marcha de puntos de atención a la ciudadanía que faciliten toda la información y trámites necesarios en materia de rehabilitación energética. Así se lo estamos planteando junto con otros municipios y el IDAE, al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a la Comisión Europea que, a través de varios instrumentos como los que hoy se presentan en la Mesa Redonda sobre la Financiación de Eficiencia Energética en España celebrada en ICO, están impulsando este objetivo de sostenibilidad en la edificación.

Esta cartera de activos financieros sostenibles se une a la inversión pública que lleva realizando el Ayuntamiento con cargo a sus capítulos de gasto no financiero y de su superávit (1.072 millones en 2018), y que ha permitido la sustitución de la flota municipal con vehículos 0 emisiones, la progresiva eliminación de las calderas de gasóleo y la instalación de paneles fotovoltaicos, de puntos de recarga y de cubiertas verdes en colegios, polideportivos, centros de mayores y de día, etc. Se une también a la apuesta de este Ayuntamiento por una fiscalidad cada vez más justa y verde en nuestra ciudad, que bonifique el uso de las energías renovables y la movilidad sostenible.

Las finanzas también pueden contribuir a resolver los retos globales si las utilizamos de manera transparente y responsable en favor de la ciudadanía y como complemento a unas políticas públicas inclusivas y sostenibles que inviertan en la mejora del bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.

*Jorge García Castaño es delegado Área de Economía y Hacienda Ayuntamiento de Madrid.

Tribuna

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