La regulación que viene: riesgos y oportunidades para las empresas

Vamos a vivir un largo periodo de riesgo regulatorio en el que las empresas deben estar preparadas para predecir sus efectos y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse

Foto: Imagen de Tumisu en Pixabay.
Imagen de Tumisu en Pixabay.

España acaba de cerrar un ciclo electoral en el que se han renovado la mayoría de las administraciones del país. A la espera de una posible convocatoria electoral en Cataluña en otoño y a poco más de un año de que terminen las legislaturas en el País Vasco y Galicia, vamos a vivir un largo periodo sin nuevas convocatorias electorales.

En los próximos días, empezaremos a conocer la composición de los gobiernos locales y autonómicos. También sabremos finalmente qué tipo de Gobierno —y, sobre todo, con qué apoyos— formará Pedro Sánchez. Y en noviembre conoceremos también al nuevo presidente de la Comisión Europea y quién ocupará la posición de presidente del Banco Central Europeo.

A partir de ahora, se abre un proceso de iniciativa política que puede tener serios efectos en la actividad económica del país. Las endebles mayorías parlamentarias, que se han convertido en la regla general de la política española, no permiten asegurar que sea un periodo intensamente reformista. Todo dependerá de la capacidad de entendimiento y de la estrategia —cuando no la táctica— de las principales fuerzas políticas del país, pero, sin duda, se abrirán debates de enorme interés.

Conoceremos propuestas que pueden tener efectos en la cuenta de resultados de las empresas, en otros casos pueden abrir ventanas de oportunidad

Por lo tanto, vamos a vivir un largo periodo de riesgo regulatorio en el que las empresas deben estar preparadas para predecir sus efectos y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse. No podemos saber en este momento el resultado final del proceso, pero sí estamos en condiciones de intuir cuáles pueden ser los principales debates que se afrontarán en los próximos meses.

El sistema de pensiones, la crisis catalana, el modelo de financiación autonómica, las reformas educativas, la política migratoria o la gestión del Brexit, entre otros, presidirán muchos de los debates políticos. Las decisiones adoptadas afectarán —y mucho— al conjunto de las empresas y los ciudadanos, pero no podemos perder de vista otros debates sectoriales que ocuparán mucho tiempo en los órdenes del día de los organismos políticos y mucho espacio en los titulares de los medios de comunicación. Entre esos asuntos, destacan los siguientes:

  • Reforma laboral. El Gobierno ha planteado la necesidad de aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores o una reforma del actual. Esa reforma no implicaría necesariamente la derogación de la reforma laboral de 2012, como ya afirmó la ministra de Economía, pero es más que probable que modifique importantes aspectos de las relaciones laborales y aborde asuntos como la precariedad laboral, los cambios del modelo productivo o regulaciones específicas cómo, por ejemplo, las plataformas digitales de reparto.

  • Fiscalidad. Los impuestos sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras, las modificaciones en el impuesto sobre sociedades o la nueva fiscalidad del gasoil no entraron en vigor en 2019, tras la devolución de los Presupuestos al Gobierno. Pero ese debate va a continuar. Moncloa ha asumido la inviabilidad de aprobar un nuevo proyecto de Presupuestos para este 2019, ya que no hay margen temporal una vez que se forme Gobierno, pero volverán a tramitarse para su aplicación a partir de 2020. La pregunta es si las medidas serán idénticas o si aún hay margen de maniobra.

  • Protección del medioambiente y transición energética. Es uno de los temas centrales de las agendas de las fuerzas políticas y, además, la concienciación social a favor de la responsabilidad medioambiental se ha consolidado como una de las causas más seguidas por los ciudadanos de la mayoría de las democracias del mundo.

El Gobierno insiste en la reforma energética y todo indica que continuará siendo esencial en la legislatura que acaba de empezar. El Ejecutivo ha asegurado que, una vez remitido a Bruselas el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) será necesario abordar una reforma del mercado eléctrico y adaptar su fiscalidad. Transitar hacia un nuevo modelo energético para una economía descarbonizada asentada en energías renovables necesitará grandes inversiones y también numerosas normas para el sector.

También está abierto el debate sobre la movilidad urbana y las medidas necesarias para que los niveles de contaminación desciendan en las grandes ciudades. En este caso, no solo deberemos estar atentos a las decisiones nacionales, sino que el ámbito autonómico y, en algunos casos, el local pueden también ser protagonistas en la toma de decisiones. Así lo hemos visto, por ejemplo, con el debate sobre Madrid Central, que ha sido recurrente durante la campaña electoral.

Es posible que se pongan en marcha otras iniciativas en materia de economía circular. De hecho, acabamos de conocer el anuncio del Gobierno francés de aprobar un nuevo paquete de medidas para prohibir la destrucción de cualquier producto —no solo alimentarios— que no se venda. Se prevé un efecto contagio legislativo en este ámbito, ya sea a través de la iniciativa gubernamental o de los grupos parlamentarios, que abrirá un debate político que puede tener efectos en el medio plazo en muchas empresas españolas.

  • Digitalización de la economía. Los cambios económicos derivados de la digitalización son imparables, pero las reformas políticas en este sentido serán trascendentales a la hora de plantear la evolución del modelo. Se avanzará en el debate sobre los derechos en el mundo digital, de los ciudadanos en general y de los consumidores en particular.

  • Empoderamiento de la mujer. Será otro de los asuntos que centren el debate político en España. Tendrá grandes efectos sociales, pero, además, algunas de las decisiones pueden afectar al ámbito económico, como la brecha salarial o la posición de la mujer en el ámbito directivo de las empresas.

  • Lucha contra la despoblación. Este es otro de los debates que han calado en la sociedad española. No tiene color político y no es solo una lucha entre la España vacía y la parte más poblada del país, sino una reclamación transversal de la necesidad de abordar este problema. Algunas medidas podrían abrir grandes oportunidades para las empresas y conviene tenerlo en cuenta a la hora de tomar algunas decisiones estratégicas.

Estos son solo algunos de los asuntos que pueden formar parte de la agenda reformista de los próximos meses en todos los niveles de la Administración. El color político de los ejecutivos, así como los pactos que se vayan cerrando en las próximas semanas, modulará la intensidad de las reformas e, incluso, la dirección definitiva de las mismas. Conoceremos propuestas que pueden tener efectos en la cuenta de resultados de las empresas, en su modelo organizativo o, sencillamente, a la hora de tomar decisiones; en otros casos, se pueden abrir ventanas de oportunidad para las compañías. Sea uno u otro el efecto de las reformas legislativas, conviene estar atentos a los debates, adelantarse a ellos cuando sea posible y hacer llegar nuestras posiciones a los ámbitos de toma de decisión. Eso sí, antes de que sea demasiado tarde.

*José Luis Ayllón, director sénior del área de Contexto Político de LLYC.

Tribuna
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