Érase una vez...

... Un banco europeo, que nació pequeño hace casi un siglo, con formato cooperativo y sin mayores aspiraciones

Foto: Oficinas del Banco Popular y del Santander. (EFE)
Oficinas del Banco Popular y del Santander. (EFE)

He dudado mucho entre escoger este título o el de “Historias para no dormir”, en memoria del gran Ibáñez Serrador. Pero opté por el primero, porque, sin discordar con el segundo, narra hechos y sólo los valora entre líneas. Además…, así empiezan los cuentos.

Érase una vez un banco europeo, que nació pequeño hace casi un siglo, con formato cooperativo y sin mayores aspiraciones. Pero unos 30 años después, la llegada de un nuevo líder, banquero excepcional, y la incorporación gradual de un excelente equipo técnico harían de él el más rentable y eficiente de Europa, modelo seguido por muchos banqueros.

Pero ya con más de 70 años, el líder enfermó. Su energía, sus criterios y su clarividencia se debilitaron. Su elección de los mandos careció del acierto anterior. En muy pocos años se sucedieron 4 consejeros delegados. Y mientras la burbuja inmobiliaria se agravaba, el banco decidía crecer por crecer, con un riesgo desproporcionado con su tamaño y contrario a su idiosincrasia. Esta política se agudizó a la muerte del líder, sin que el banco transparentara su riesgo y lo provisionara.

En 2007 y 2008, el mundo sufrió dos crisis de enorme magnitud. Muchos supervisores no supieron o no quisieron abordarlas. Y muchos auditores evitaron ir más allá que sus supervisores y quizá soslayaron así el riesgo de perder clientela.

La concepción de la supervisión y la mentalidad del inspector eran sustituidos por el deseo de proteger a los bancos


Entre algunos supervisores, prevalecieron supuestos letales: “La crisis duraría un par de años. “No procedía intervenir bancos”. “No hay que tocar el dinero del contribuyente” (objetivo ideal pero imposible). “La obligación de transparencia de los estados contables perjudicaría la estabilidad”. Este marco conceptual trastocaba la concepción de la supervisión y la mentalidad del inspector, que eran sustituidos por el deseo de proteger a los bancos, ayudándoles incluso con interpretaciones tolerantes de la normativa. El servicio público del supervisor quedaba diluido.

La creciente burbuja era respaldada o consentida por los diferentes niveles de administración y de gestión del banco. Bien por compartir tal política o por recibir deficiente información de los niveles técnicos. Fueron también responsables varias de las grandes auditoras. Una de ellas, llegó a emitir informe limpio durante más de 30 años sobre nuestra entidad, que venía teniendo con pérdidas crecientes durante años. Por supuesto, fueron también responsables los supervisores, cuya misión es ser garantes públicos de la estabilidad y la transparencia del sistema.

Mientras tanto, crecía en el banco el volumen de los activos improductivos no desvelados ni provisionados. Las refinanciaciones florecían, las cobrables y las incobrables. Los auditores y los supervisores no desvelaban la creciente descapitalización. En consecuencia, no se exigían al banco medidas correctivas eficaces. Como improductivos que eran, los activos… no producían. Pero los pasivos que los sustentaban sí que conllevaban gastos financieros y salidas de liquidez, agravando la situación día a día. Tal vez ya desde 2007.

Ángel Ron y Francisco Gómez, expresidente y CEO de Banco Popular. (EFE)
Ángel Ron y Francisco Gómez, expresidente y CEO de Banco Popular. (EFE)

De poco serviría el rigor profesional del equipo inspector que supervisaba el banco. Incluso su líder fue nombrado para otro cargo de responsabilidad. Para algunos resultaba un cambio inoportuno. Además, ya bajo el nuevo equipo de inspectores, se consintió la fusión del banco con otro mediano en situación más delicada todavía. Se agravaba así la descapitalización del primero. Pero, contrariamente a la normativa, se pudieron dotar provisiones contra el fondo de comercio o diferencia entre el valor de canje y el valor contable del banco “adquirido”. Bajo el mismo equipo, se promovió también una ampliación de capital para compensar pérdidas, con información a los inversores que podía o no reflejar la imagen fiel del banco. “Dinero bueno sobre dinero malo”. La ampliación podía suponer entrada de liquidez, en la medida en que no fuera autofinanciada. Pero, como capital regulatorio, nacía muerto.

Casi mediada la actual década, la supervisión del banco pasó a la jurisdicción de la Unión Europea. Eso sí, previa revisión de la calidad de sus activos. En ella, participaron también otras dos de las cuatro grandes auditoras. Pero la situación real tampoco afloró.

Entraron entonces en el accionariado importantes inversores extranjeros con fuertes participaciones. También colocó el banco volúmenes importantes de costosas participaciones preferentes, convertibles y no convertibles. Gravaban al banco, pero eran regulatoriamente -y artificialmente- computadas como capital. Este movimiento inversor se vio acompañado de fuertes luchas de poder y de importantes cambios en los puestos de mando, como el del presidente y de otros altos directivos. Las acciones del banco bajaban, la descapitalización no desvelada crecía y con ella la fuerte reducción de la liquidez. En 2017, la Dirección llegó a admitir públicamente que el banco no actuaría hasta conocer el valor de sus activos. Tras siete años de iniciada la crisis y tras dos años y medio bajo la supervisión de Frankfurt, no lo conocía.

En 2016 se emitió otra nueva ampliación de capital, posiblemente con semejantes características y deficiencias que la efectuada en 2012. Además, se supo que parte de su suscripción era autofinanciada. El banco elaboró también un proyecto denominado “Amanecer”, para intentar desconsolidar activos dañados. Pero como se consideró insuficiente y artificioso, no prosperó.

Hace dos años, el banco, en su primer informe trimestral a la CNMV, declaró tener un patrimonio de 11.000M de euros y un capital regulatorio próximo al 12%. Ningún auditor o supervisor contradijo esta información.

Por entonces, el Mecanismo Europeo de Resolución (JUR) admitía públicamente que vigilaba el banco con atención especial. Ello, junto con las propias declaraciones de la cúpula del banco y la trascendencia pública de las luchas por el poder, desencadenó fuertes salidas de depósitos, que se sumaban a las ya resultantes del creciente volumen de activos improductivos.

Asombrosamente, a los 32 días de aquella información del propio banco, la JUR aplicó implacablemente su rebuscado reglamento de resolución y el banco murió. Pero no en base a los datos proporcionados por el supervisor nacional, sino basándose en una revisión apresurada de unos pocos días, encargada a una consultora. Esta consultora, elegida por concurso, pertenecía al mismo grupo que la que había auditado al comprador durante 20 años. El líder del equipo no era inspector. Su informe provisional, solo conocido bastante después de la intervención, declaraba que las pérdidas del banco podían situarse entre 2.000 y 8.000 millones de euros. De un capital no cuestionado de 11.000M€ se pasaba a validar en 32 días unas pérdidas de hasta 8.000M €.

En base al supuesto -no demostrado- de que el banco estaba quebrado o amenazaba con estarlo, la JUR “resuelve” el banco, cargando las supuestas pérdidas a accionistas e inversores, sin informarles previamente. Se vende el banco en subasta, a un único postor, por valor de 1€. Debe señalarse que, aunque la resolución emplazaba a los expertos a emitir un segundo informe ya definitivo antes de un año de emitido el primero, dos años después sigue sin conocerse aún su contenido. Incomprensible.

La versión oficial sostiene que la “resolución” y venta fue una operación perfecta, causada por una supuesta situación de quiebra y de iliquidez incontenible. Se evitaba el daño al contribuyente y al depositante. Pero castigando al accionista en toda su participación y al suscriptor de bonos, que había invertido siempre sin información fiable. Huelga decir que esta versión quita hierro en todo caso a la ineficaz actuación de auditores y supervisores, nacionales y europeos.

Pero expertos independientes aseveraban que aquellas supuestas causas fueron los desencadenantes de la “resolución”. No la causa real. Porque la creciente descapitalización, oculta durante años y la iliquidez final hubieran podido evitarse, si no se hubiera dado una auditoria incomprensible y una supervisión tolerante. Estas sí que fueron las causas reales de la “resolución”.

Ahora queda el temor de que se puedan repetir estos hechos, si no se aprende la lección.

Colorín, colorado…

*Aristóbulo de Juan es ex director general del Banco de España

Tribuna
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