Díalogo social y reformas (y 2)

En un artículo anterior los autores reflexionaban sobre las oportunidades para avanzar en una agenda de reformas para el cambio, en una línea de progreso social y crecimiento económico, considerando las oportunidades que ofrecía a tal fin el contexto político y económico por los que atraviesa España en el momento actual. En las líneas que siguen continúan reflexionando sobre tal materia, ahora profundizando en el contenido que, a su juicio, debe caracterizar a esa Agenda, consensuada a través del diálogo político y social.

Tras haber registrado la crisis más intensa de su moderna historia económica, España ha logrado concluir un ciclo de cuatro años ininterrumpidos de crecimiento económico con un intenso rendimiento en términos de empleo, aunque con importantes limitaciones en el comportamiento de su productividad. Aun así, todavía no se ha recuperado el nivel de empleo previo a la crisis, pero, dada la hipertrofia acumulada por el sector de la construcción antes de la Gran Recesión y sus efectos de arrastre sobre las principales ramas productivas en la industria y los servicios vinculados, los avances registrados durante los cuatro años de recuperación han sido muy importantes.

En efecto, más de dos terceras partes del empleo perdido durante la crisis fueron fruto del desplome inmobiliario y, aunque el empleo en la construcción empezó a recuperarse a comienzos de 2016 su nivel de ocupación apenas representa el 46 por ciento del registrado en el pico anterior a la crisis (tercer trimestre de 2007). De hecho, el volumen de empleo en la agricultura, la industria y los servicios (18,2 millones) es hoy superior al que presentaban en la segunda mitad de 2007 (18,0 millones). Por su parte, la tasa de desempleo ha experimentado un fuerte descenso desde que, en 2013, alcanzara el mayor nivel medido en el último siglo (26,9 por ciento). Sin embargo, la tasa actual, 14,7 por ciento, casi duplica la media de los países del euro y sigue siendo, tras la de Grecia, la segunda más alta de la eurozona.

España ha logrado concluir un ciclo de cuatro años ininterrumpidos de crecimiento económico con un intenso rendimiento en términos de empleo

Aunque la reducción del desempleo debe ser el principal objetivo de la política económica española durante los próximos años, rebajando su nivel hasta tasas inferiores al 10 por ciento al finalizar el próximo lustro, resulta esencial asociar a este propósito la obtención de mejoras intensas en la evolución de dos fenómenos: el desempleo juvenil y la temporalidad laboral. En ambos seguimos ocupando los primeros lugares en Europa. La tasa de temporalidad y el desempleo juvenil son exponentes de los enormes desequilibrios que todavía se registran en nuestro mercado de trabajo.

Junto a sus efectos sobre el empleo, la crisis puso de manifiesto la insostenibilidad de un modelo de crecimiento basado en la expansión de la construcción residencial hasta unos niveles que, financiados con una intensa apelación al ahorro externo, provocaron el derrumbe del sector y el colapso de una buena parte del sistema financiero cuando la contracción del crédito se hizo patente en el conjunto de la eurozona.

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Durante la década anterior al estallido de la crisis el déficit de la balanza por cuenta corriente, prácticamente equilibrada en 1995, fue creciendo de forma progresiva e intensa hasta alcanzar cotas superiores al 10 por ciento del PIB en 2008. Aunque el ahorro interno mantuvo una senda creciente durante el periodo 1995-2003, desde el 21 por ciento al 24 por ciento del PIB en dicho periodo, para volver a descender hasta el 21 por ciento en 2008, la inversión ascendió en mucha mayor medida y de forma ininterrumpida pasando del 22 por ciento en 2005 hasta casi el 32 por ciento en 2007 y 2008.

La tasa de temporalidad y el desempleo juvenil son exponentes de los enormes desequilibrios que todavía se registran en nuestro mercado de trabajo

La diferencia, como es sabido, se traducía en una restricción agregada de recursos, financiada con apelación al ahorro externo. Más que una pérdida de competitividad inducida por el crecimiento desmesurado de los salarios (que en España nunca superaron el crecimiento conjunto de la productividad y la inflación interior) lo que se produjo fue un descomunal crecimiento de la inversión basada sobre todo en la construcción de viviendas (en el periodo 2000-2007 la formación bruta de capital en España superó en más de 8 puntos porcentuales de PIB a la registrada en Alemania) no financiada con ahorro interno que se traducía en un déficit formidable de la balanza por cuenta corriente.

Las lecciones a extraer de un episodio como el descrito son esenciales para el devenir de la economía española. La primera consiste en recordar que la restricción de la balanza por cuenta corriente no desaparece, como algunos sostenían, en presencia de un área monetaria única. Las economías que la padecen están expuestas a choques financieros que pueden producir daños enormes a sus sistemas financieros y al conjunto de los sectores productivos. Junto a ello, es necesario insistir en que el crecimiento del sector de la construcción residencial, en precios y en cantidades, debe ser sometido a vigilancia permanente y estrecha por parte de las autoridades económicas y monetarias. Un episodio de burbuja de la magnitud registrada no puede volver a repetirse en la historia económica española.

A lo largo de las últimas décadas la economía española se ha convertido en una de las más abiertas entre las grandes economías del mundo. El grado de apertura, medido en término de proporción sobre el PIB de la suma de exportaciones y exportaciones, ha crecido en casi 25 puntos porcentuales durante el último cuarto de siglo, hasta alcanzar un nivel del 66 por ciento, con un sector exportador cada vez más desarrollado y diversificado y que en términos de su aportación al PIB ha crecido en más del 50 por ciento desde 1995. En el futuro, el reto consiste en mantener durante un largo espacio de tiempo un saldo favorable en la balanza corriente que ayude a reducir el fuerte nivel de endeudamiento del sector privado acumulado con anterioridad a la crisis. Para que ello sea posible, la evolución de nuestros costes, no sólo salariales, ajustados al comportamiento de la productividad, no debe alejarse de la registrada por nuestros principales socios comerciales.

Política de rentas

Una de las piezas esenciales de esta estrategia es la consolidación de una política salarial que permita la recuperación de los salarios hasta lograr absorber las ganancias de productividad en un contexto de inflación contenida que no rebase el crecimiento nominal de los precios en relación con nuestros principales socios comerciales. A lo largo de del periodo 1980-2018 el comportamiento de los salarios en España ha tratado de seguir una senda dominada por el cumplimiento de una norma salarial definida alrededor de la evolución conjunta de la inflación interna y la productividad, aunque de forma efectiva no ha sido así en todo momento. Durante las tres décadas comprendidas entre 1980 y 2011 el crecimiento de la productividad acumulado superó en 35 puntos porcentuales al ascenso registrado en los salarios reales. Además, en el periodo posterior de casi una década, los salarios se retrasaron otros 10 puntos adicionales respecto al crecimiento de la productividad en un contexto de fuerte devaluación salarial.

Aun así, el deterioro de la competitividad española medido a través de sus costes laborales unitarios se hizo patente, pero su origen debe buscarse más en el mantenimiento de un sistemático crecimiento de los precios interiores por encima de los niveles vigentes entre nuestros socios europeos. Si un determinado sector es capaz de trasladar a los precios un aumento en los costes, o en los márgenes empresariales, como consecuencia de la inexistencia de un nivel de competencia suficiente, ello puede originar conflictos distributivos que podrían llegar a deteriorar la posición competitiva de las economías afectadas y, de esta forma, provocar devaluaciones monetarias, una vía que ha desaparecido en el contexto de nuestra inserción en la moneda única europea, para restaurar el equilibrio en el tipo de cambio. Por eso eran, y son, tan importantes las políticas de competencia.

Precios y productividad

Cuando se producen este tipo de dinámicas, aunque los salarios no aumenten por encima de los precios interiores y la productividad, basta con que los sigan al mismo nivel -sin rebasarlos- para que unos precios sistemáticamente más altos que los de nuestros socios comerciales terminen insuflando aliento a los salarios nominales y provocando tensiones en la balanza de pagos del país afectado. Ahora bien, el origen de este tipo de espirales no es salarial porque si los salarios no suben por encima de los precios y la productividad y aun así la posición competitiva se deteriora, las causas suelen situarse en otros ámbitos, vinculados a situaciones de ausencia de competencia empresarial o a inconsistencias en el funcionamiento de las políticas macroeconómicas.

Desde la perspectiva que ofrecen las reflexiones anteriores, la consolidación de un modelo de crecimiento salarial basado en una norma vinculada a la evolución de los precios y la productividad constituye uno de los grandes activos a preservar durante los próximos años. Así pues, junto a la instrumentación continuada a lo largo de la próxima década de una política salarial solidaria y responsable, capaz de avanzar progresivamente en la mejora de los salarios reales, progresar en la igualdad de género y propiciar el ascenso paulatino de los suelos salariales a través de una política sensata y progresiva de salario mínimo (compensada con estímulos a los costes no salariales en el acceso al empleo de los jóvenes), la agenda del diálogo social debe incluir políticas fundamentales en terreno de la educación y la formación profesional. Una nueva arquitectura de nuestro sistema de formación profesional que pueda hacer frente a los retos de la revolución tecnológica en el conjunto de nuestro aparato productivo y de servicios es, sin duda, una de las reformas más urgentes y necesarias.

Calidad en el empleo

Adicionalmente, resulta primordial afrontar una estrategia consensuada de reformas en el mercado de trabajo que, junto a la reorientación de las medidas más cuestionadas establecidas en la reforma laboral de 2012, incluya nuevos instrumentos regulatorios para reducir la temporalidad, propiciar mejoras visibles en la reducción del desempleo juvenil y en la política de estímulos económicos y regulatorios en el acceso al empleo de los jóvenes y abordar decididamente una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo en la que la mejora de la, muy limitada, capacidad de los servicios públicos de empleo sea compatible con el impulso de políticas de colaboración público-privada con las agencias de empleo a través de herramientas que han producido apreciables resultados en las economías europeas más avanzadas.

Una de las piezas esenciales del dialogo en el momento actual, y durante las próximas décadas, reside en la estabilización del ciclo de gasto a largo plazo de nuestro sistema de protección social. La reforma de las pensiones abordada consensuadamente en 2011 incrementó sustancialmente el grado de sostenibilidad del sistema, situando en alrededor del 14 por ciento el nivel de gasto en proporción al PIB en el horizonte de 2050.

El reto consiste en mantener durante un largo espacio de tiempo un saldo favorable en la balanza corriente que ayude a reducir el endeudamiento

Por supuesto, un nuevo diseño del modelo de financiación del sistema de pensiones no evita la necesidad de emplear más recursos. Es mejor insistir en que para mantener nuestro modelo de pensiones hay que realizar más esfuerzo (alrededor de 3 puntos porcentuales de PIB a lo largo de las 3 próximas décadas) que pretender gastar dentro de 30 años lo mismo que gastamos hoy. Dentro de treinta habrá más de 15 millones de pensionistas frente a los 10 millones que hoy protege el sistema. La opción, implícita en el diseño de la reforma de 2013, solo sería factible reduciendo en casi el 40 por ciento la cuantía real de las pensiones a base de congelar su poder de compra durante décadas. De ahí que, descartada la vía de la congelación de la cuantía de las pensiones, el único camino practicable es el de la reordenación de la estructura financiera del sistema.

Avanzar en el diseño del nuevo horizonte financiero del sistema de pensiones y del sistema de protección del desempleo debe ser una de las grandes prioridades de la agenda pública. Además, a tales materias podrían añadirse otras cuestiones todavía pendientes, como el diseño adecuado del factor de sostenibilidad o el alargamiento progresivo del periodo de cómputo de la vida laboral para el cálculo de la pensión resultante. Adicionalmente, aunque se trata de una cuestión con evidentes vinculaciones a la política laboral, el diálogo sobre estas cuestiones podría incluir también la discusión sobre la implantación en España de un modelo similar al austríaco o al italiano en el terreno de la financiación del despido. Un modelo que pudiera, adicionalmente, incluir el abono de los derechos acumulados en supuestos de movilidad laboral, actividades de formación o en el caso de la jubilación de los trabajadores.

Política fiscal

No es necesario subrayar las implicaciones sobre la política económica y fiscal del conjunto de materias hasta aquí esbozadas. Hacer compatible la instrumentación de esta agenda de reformas con el mantenimiento de un horizonte de estabilidad económica y financiera resulta crucial para España. Aunque no hay que abandonar la exigencia de estímulos para el desarrollo de mayores dosis de eficiencia en todas las áreas del gasto público, lo cierto es que tanto en el nivel de nuestros ingresos como en el del gasto nuestra posición está todavía muy alejada de los niveles medios de los países de nuestro entorno (más de 8 puntos de PIB si la comparación se establece con las economías del euro). Por supuesto, la magnitud del reto no es despreciable. Pero la ambición por avanzar hacia una sociedad más justa y una economía más productiva y eficiente debe ser mucho mayor.

*Valeriano Gómez economista y exministro de Trabajo. Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada.