No esperen al BCE

El BCE tiene que decidir qué hacer para estimular la inversión. Y a la luz de los hechos, parece obvio que no funcionan ni la política monetaria convencional ni la no convencional

Foto: Sede del Banco Central Europeo en Fráncfort. (EFE) — Sede del Banco Central Europeo en Fráncfort. (EFE)

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De dónde venimos

En julio de 2012, el presidente del BCE, Mario Draghi, pronunció unas palabras que detuvieron la hemorragia en las economías de la zona euro, especialmente en las economías mediterráneas. Desde el inicio de la crisis y hasta ese día, el BCE había mirado hacia otro lado mientras la especulación asaltaba los mercados de deuda pública y dificultaba la financiación pública. Grecia y España fueron las principales víctimas, pero la amenaza de destruir la moneda común fue muy seria. Así que, cuando la situación se hizo casi insostenible, el economista italiano a los mandos del BCE aseguró públicamente que su institución estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para preservar el euro. Y con eso bastó, al menos al principio.

Aquellas palabras se concretaron más tarde en la puesta en marcha de un proceso de expansión cuantitativa (QE, 'quantitative easing' en inglés), que replicaba lo que casi cinco años antes habían hecho otros bancos centrales como el de Inglaterra o el de Estados Unidos —la Reserva Federal— para enfrentar la crisis financiera de 2007. La acción del BCE consistía en inyectar miles de millones de euros cada mes al sistema financiero. Es decir, crear dinero.

En efecto, durante los últimos años, el BCE ha emitido una media de 50.000 millones de euros al mes, con picos de hasta 80.000 millones. Una ingente cantidad de dinero destinada a bajar los tipos de interés a largo plazo y cuyo objetivo final es incentivar la inversión y de ese modo el crecimiento económico. Por el camino, esa política ha provocado la inundación de los mercados financieros, incrementándose aún más el dinero que las entidades financieras tienen en sus balances y que teóricamente deben prestar a otros agentes económicos como, por ejemplo, las familias.

El giro del BCE en 2012 fue el resultado de las insuficiencias de la política monetaria convencional, es decir, de la gestión de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. En los últimos 10 años, estos tipos de interés de referencia se han reducido hasta el entorno del cero tanto en la eurozona como en EEUU e Inglaterra. Con ello se busca hacer atractivo el endeudamiento y que así la inversión pueda reactivarse.

Pero para 2012 era evidente que no era suficiente, y como los tipos ya no se podían bajar más, la QE era una alternativa no demasiado radical. No gustaba, decían, pero era tolerable. Aun así, ponerla en marcha no fue un paso sencillo para un BCE que defendía la ortodoxia monetaria y que tiene el mandato exclusivo, por vía estatutaria, de controlar el nivel de inflación. El miedo de los llamados halcones era y es que la enorme cantidad de dinero inyectada desembocara en procesos inflacionarios. Hubo desde luego muchas resistencias, sobre todo desde la órbita alemana.

La inflación, sin embargo, no se ha visto por ningún lado en la economía productiva. Eso sí, los mercados financieros sí han visto cómo los precios de sus productos se han disparado, y no solo los de deuda pública. Como es lógico, eso ha elevado la riqueza financiera de las familias que disponen de esos productos, como bonos, acciones, fondos, etc., y que son una minoría en España y en todo el mundo. De acuerdo con la encuesta financiera de las familias del Banco de España, la mitad más pobre de la población tiene el 68% de su riqueza financiera en cuentas corrientes y solo un 1,8% en fondos de inversión. Por el contrario, el 10% más rico de España tiene poco más de un 20% de su riqueza en cuentas corrientes frente a un 10,5% en fondos de inversión.

Esto es obvio: tener una amplia cartera de activos financieros especializados es mucho más habitual en los patrimonios altos, y la enorme cantidad de liquidez en los mercados financieros está creando burbujas especulativas que aprovechan, en particular, los actores especializados como los fondos de inversión. Las mayores rentabilidades están, como es sabido, en las actividades más arriesgadas, y como ha subrayado el economista Bill Mitchell, los activos financieros gestionados por la llamada banca en la sombra han crecido un 430% desde 2002 y a un ritmo mucho mayor que los que gestiona la banca convencional. Es decir, el casino está desbordado de fichas para que apuesten y ganen los más ricos. Pocas cosas son menos neutrales que la gestión del dinero.

La política de austeridad

Al mismo tiempo, las instituciones europeas y los gobiernos nacionales han promovido una política de consolidación fiscal, es decir, de recortes en la inversión pública. Al empeoramiento de la cantidad y calidad de los servicios públicos hay que sumar el pernicioso efecto que tiene esa política, común y erróneamente llamada de austeridad, sobre la actividad económica. Así que mientras el dinero se creaba de manera desproporcionada, la demanda interna se ahogaba concienzudamente al calor de la ideología neoliberal.

El argumento oficial es que era necesario para reducir la deuda pública y los déficits generados tras la crisis, incluso aunque como en el caso de España estos no hubieran sido los causantes de la crisis. En todo caso, en un momento en que la demanda privada se estanca o incluso retrocede, disminuir también la demanda pública es garantía de recesión. Solo la demanda externa puede tirar de la economía en esas situaciones y, como es sabido, no es posible que todos los países sean exportadores netos. Y cuando el viento sopla en contra, como ocurre con el panorama comercial internacional, entonces la situación económica se torna insoportable.

No es casualidad, por tanto, que la economía muestre ahora signos claros de ralentización e incluso de recesión. El índice PMI (Pursaching Manager’s Index), que mide el nivel de actividad económica en el sector privado, cae en España desde junio por debajo de 50. Ello significa que hay una contracción en el sector industrial, lo que no sucedía en nuestro país desde 2014. En Alemania, la economía líder de la Unión Europea, esto mismo viene sucediendo desde inicios de 2019. Hay signos inequívocos de que la inversión está estancada y que, por lo tanto, es probable que el crecimiento económico se resienta en los próximos meses.

Muchos notables economistas neokeynesianos, como Larry Summers, hablan abiertamente de "estancamiento secular" y proponen soluciones más ambiciosas que las ejecutadas en los últimos años. Los neokeynesianos, poskeynesianos y partidarios de la teoría monetaria moderna proponen pasar ya a una más decidida política fiscal, es decir, incrementar la capacidad del Estado para estimular la economía directamente a través de la inversión pública. En esta línea también se ha manifestado recientemente el Ministerio de Finanzas alemán, aunque el Bundesbank le ha enmendado la plana. Se trata de contradicciones entre una visión pragmática de la gestión económica y una ideología de hierro ordoliberal que se pontifica desde instituciones ajenas al criterio democrático.

En estas condiciones, el BCE tiene que decidir qué hacer para estimular la inversión. Y a la luz de los hechos, parece obvio que no funcionan ni la política monetaria convencional ni la política monetaria no convencional. Si se subieran los tipos de interés, con casi toda seguridad se aceleraría la recesión. Pero si se mantienen bajos los tipos de interés o se incrementan los estímulos de la QE, únicamente se conseguiría una huida hacia delante. En definitiva, frente a los problemas que asoman en nuestras economías, la política monetaria no sirve y, por tanto, el BCE no puede obrar milagros.

La recesión puede manifestarse en todo momento a partir de cualquier detonante, sea este el de la llamada guerra comercial entre EEUU y China, el Brexit o una subida repentina de los tipos de interés de referencia. Pero no deberíamos confundir estos detonantes con las causas últimas de la crisis. En última instancia, lo que está sucediendo en nuestras economías es que no hay condiciones para una inversión que estimule el crecimiento económico. Es verdad que el sistema de incentivos es perverso, y el BCE tiene buena culpa de ello cuando ofrece más gasolina a los pirómanos.

También es verdad que el diseño institucional está sesgado en algunos países hacia la especulación y el rentismo, como ocurre en España con la vivienda. Según datos del Banco de España, en 2018 la rentabilidad bruta por alquiler era del 4% mientras la de los bonos del Estado era del 1,4%. No es de extrañar que muchos fondos de inversión prefieran especular con la vivienda a invertir en el largo plazo. Pero, con todo, debe tenerse presente que bajo el capitalismo es la expectativa de beneficio la que permite a la inversión privada arrancar. Y eso es lo que está estancado.

Recuperar la inversión y el crecimiento

Una vez se constata que la inversión no arranca con dinero gratis, el objetivo de recuperar el pulso de la inversión solo puede hacerse por dos vías. La primera, con una rebaja de los costes salariales de las empresas. Este es el camino neoliberal, que al aplicarse ha llevado a contratos de precariedad sin parangón, y a un mercado laboral que es el paraíso de los modelos neoesclavistas como Deliveroo o Uber. Sin embargo, es sabido que los salarios no solo son un coste a nivel de empresa sino también una fuente de demanda a nivel agregado. Por eso una reducción sistemática de los salarios reduce la demanda y, paradójicamente, reduce los beneficios empresariales presentes —y con ello, la expectativa de beneficio—.

No se trata de que el neoliberalismo nos lleve a un país más injusto, que también, sino que es un modelo que se agota a sí mismo en el tiempo y que no puede generalizarse. La otra vía, sin embargo, exige un mayor dinamismo de la demanda interna, vía incrementos salariales o incrementos de inversión pública. Como no pueden subirse los salarios por decreto, es evidente que los gobiernos enfrentan la tesitura de invertir para estimular la economía. Este es, de nuevo, el debate central en estos momentos.

El principal problema es que mientras Inglaterra y Estados Unidos tienen ciertos márgenes para actuar a partir de este debate, en los países de la zona euro nos hemos dotado durante las últimas décadas de mecanismos institucionales que ahora son verdaderos lastres. Desde la naturaleza del Banco Central Europeo hasta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pasando por las nacionales reformas del artículo 135 de la Constitución española o la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en este tiempo hemos creado un edificio enorme para limitar nuestra capacidad de maniobra.

Hemos construido nuestra propia camisa de fuerza, nuestro propio mástil al que atarnos para no escuchar a las sirenas. Así que el debate económico europeo pasa por este punto: deconstruir el entramado institucional que nos impide hacer lo que tenemos que hacer, es decir, usar la política fiscal expansiva con apoyo de un banco central cuyo objetivo sea sostener el crecimiento y la creación de empleo.

Todo Gobierno, independientemente de su orientación ideológica, está sujeto a la dependencia estructural del capital

Todo esto es de lo que se está debatiendo en las altas instancias económicas, con correlaciones de fuerza desiguales entre los contendientes, y bajo un contexto internacional de disputa de la hegemonía estadounidense sobre la economía-mundo. En España, sin embargo, el debate no acaba de arrancar porque estamos sumidos en una vertiginosa tormenta literaria donde se construyen ficciones narrativas que buscan permitir a las organizaciones políticas poder reproducirse en el tiempo. Es como si la demoscopia hubiera sustituido a la política, como si la táctica hubiera acabado con la estrategia y como si, por arte de magia, los juegos de manos y los golpes palaciegos pudieran sostenerse en el vacío.

Sin embargo, convendría recordar que todo Gobierno, independientemente de su orientación ideológica, está sujeto a la dependencia estructural del capital o, dicho de otra forma, todo Gobierno bajo el capitalismo depende de que exista un beneficio esperado que estimule la inversión. En suma, todo Gobierno o partido que aspire a gobernar debería tener un plan. Y ahora mismo, lamentablemente, no tengo muy claro que eso esté siquiera encima de la mesa.