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El precio, sin privilegios, de los servicios públicos de gas y electricidad
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El precio, sin privilegios, de los servicios públicos de gas y electricidad

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado sus propuestas de nuevas circulares normativas que incidirán directamente en el precio que pagamos por el gas

Foto: Foto: Reuters
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La fijación del precio de los servicios públicos en régimen de monopolio natural es uno de los mayores retos que deben abordar las autoridades de un país. Deben decidir, en aras del bien común, entre las pretensiones de los consumidores (precios que les permitan mantener la competitividad) y los prestadores de los servicios (retribuciones más elevadas). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene ahora el reto de fijar los precios regulados del gas y la electricidad.

En enero pasado, y en cumplimiento de la normativa europea, un decreto ley devolvía las competencias en materia de peajes y retribución del sistema gasista a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha publicado sus propuestas de nuevas circulares normativas que incidirán directamente en el precio que pagamos por el gas. A comienzos del verano, la CNMC lanzaba a consulta pública una serie de circulares que, una vez aprobadas con plena potestad por este organismo regulador, determinarán los pagos a las empresas gestoras de las redes de gas y electricidad, así como los peajes de acceso de los consumidores a dichas redes en un periodo de seis años, para dotar a todos los operadores económicos de un marco regulatorio estable.

Foto: Tendido eléctrico en Navarra. (EFE)

La CNMC tiene un calendario muy ajustado pero transparente y, afortunadamente, no se ha visto mermada por la parálisis política que aqueja al país desde la convocatoria de las elecciones del ya lejano mes de abril.

Al hilo de las consultas públicas lanzadas por la CNMC se ha producido una tormenta mediática en la que, a veces, el ruido ha dominado sobre los argumentos. Las empresas que se 'beneficiaban' del sistema actualmente vigente se han lanzado, como era de esperar, a defender su 'statu quo' con una dura campaña pública en la que se ha caído en algunas exageraciones, como decir que los cambios normativos propuestos ponen en peligro la transición energética. En este caso, como en otros, hay que discernir cuál es el objetivo a conseguir: si la satisfacción de las empresas proveedoras de servicios, la de sus accionistas y directivos, la competitividad de la economía nacional… o la de los clientes y 'paganos' de los servicios públicos.

Las empresas que se 'beneficiaban' del sistema se han lanzado a defender su 'statu quo' con una dura campaña en la que se ha caído en exageraciones

No parece razonable que se niegue de plano la necesidad de un ajuste de esos pagos por servicios, cuando la industria española soporta unos costes energéticos muy superiores a los de la francesa o alemana, su verdadera competencia en el mercado único europeo. No se puede presumir a la vez de unas empresas proveedoras de servicios públicos eficientes y modernas —que lo son— y al mismo tiempo querer mantener inalteradas unas retribuciones exageradas por actividades sin riesgo empresarial, muy alejadas de la realidad económica.

Foto: Vista interior de la interconexión entre España y Francia. (REE)
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No conozco ningún privilegiado que quiera renunciar a sus privilegios, y eso es particularmente acusado en la vida empresarial. No hay más que oír las quejas preventivas de algunos agricultores y ganaderos en Europa por la competencia de Mercosur y las análogas de la industria argentina y brasileña por el desarme arancelario que va a conllevar una disminución de sus márgenes empresariales. 'Mutatis mutandis', esa actitud se repite en algunas empresas proveedoras de servicios públicos de gas y electricidad por lo que se refiere a las actividades reguladas.

La industria española es el principal sostén del consumo de gas en nuestro país y ve con preocupación que el coste de los servicios de transporte y distribución y el de los peajes de acceso a la red se mantengan muy superiores, para niveles equivalentes de consumo y presión, a los que pagan nuestros competidores europeos.

Un conjunto de 11 asociaciones empresariales de las principales industrias consumidoras de gas se ha unido para trabajar intensa y lealmente aportando sugerencias y propuestas a la CNMC, con la legítima pretensión de que el interés de los consumidores industriales prime sobre los intereses de los prestadores de servicios de gas y electricidad.

Foto: circulares-gas-cnmc-herbert-smith-freehills-bra

Nos hubiera gustado mantener un diálogo fructífero y sereno con todos los actores, pero nos hemos topado con una defensa numantina del 'statu quo' por parte de algunas empresas que no han dudado en utilizar argumentos no técnicos en la defensa de sus intereses. No parece que esté en el mandato de la CNMC garantizar la capitalización bursátil de algunas empresas cotizadas.

Las empresas industriales y las asociaciones que nos honramos en representarlas somos firmes defensoras de un comercio libre, sometido a las reglas y en competencia abierta. Los industriales españoles no pedimos subvenciones sino que los poderes públicos garanticen unos servicios regulados, retribuidos de acuerdo con el servicio efectivamente prestado y acordes al riesgo empresarial —prácticamente nulo— que conlleva esa actividad.

*Andrés Barceló, director general de Unesid.

La fijación del precio de los servicios públicos en régimen de monopolio natural es uno de los mayores retos que deben abordar las autoridades de un país. Deben decidir, en aras del bien común, entre las pretensiones de los consumidores (precios que les permitan mantener la competitividad) y los prestadores de los servicios (retribuciones más elevadas). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene ahora el reto de fijar los precios regulados del gas y la electricidad.

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