Tribuna
Por
¿Sucumbirá la CNMC al acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos?
Sería una pena que ahora que finalmente el Gobierno le ha transferido las competencias que lleva tiempo exigiendo, la CNMC se dejara influir por preferencias políticas basadas en falsas premisas
El cambio climático es, sin duda, la principal amenaza a la cual se enfrenta actualmente la humanidad. La buena noticia es que los avances tecnológicos de los últimos años, tanto por el lado de la oferta como por el del consumo de energía, permiten ya entrever un suministro energético libre de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por el lado de la oferta, las tecnologías para producir electricidad con fuentes de energía renovables como la eólica y la solar fotovoltaica son ya competitivas, y se están desarrollando sin necesidad de subvenciones.
Por el lado de la demanda, existen tecnologías que permiten electrificar los principales consumos de energía. Las bombas de calor son ya una solución eléctrica eficiente para las necesidades de calor/frío en los sectores residencial y de servicios. Y el vehículo eléctrico pronto permitirá dar una solución eléctrica a todas las necesidades de movilidad de las familias.
Ahora que las renovables eléctricas (eólica y solar fotovoltaica) son la solución de menor coste para descarbonizar, el Gobierno debería fomentarlas
Ahora que las renovables eléctricas (eólica y solar fotovoltaica) son la solución de menor coste para descarbonizar, el Gobierno debería fomentar que los ciudadanos sustituyan el consumo de combustibles fósiles por el consumo de una electricidad que es, cada vez, más renovable. Pero los consumidores van a ser renuentes a electrificar su demanda si anticipan que ello se va a traducir en un incremento en el coste de cubrir sus necesidades energéticas. Por ello, es necesario que se reduzca el coste al que deben hacer frente los consumidores si incrementan su consumo de electricidad.
En cumplimiento de la normativa europea, el Gobierno transfirió a principios de año a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) la responsabilidad de fijar los peajes de acceso que sirven para recuperar los costes de las redes de transporte y distribución.
La CNMC ha desarrollado diversos estudios de los costes de las redes utilizando un complejo modelo de optimización que tiene en cuenta la ubicación de todos los consumidores eléctricos en España y determina el diseño óptimo de la red de distribución para suministrar a esos consumidores. Dicho modelo indica que la demanda de potencia induce el 100% de los costes de la red de baja tensión y el 75% de los costes en el resto de los niveles de tensión. La demanda de electricidad únicamente induce el 25% de los costes restantes. La CNMC ha desarrollado una propuesta de diseño de peajes para 2020 que refleja ese análisis.
El motivo es que un diseño tarifario en el cual la mayor parte de los costes se recuperan por medio del término de potencia y no a través del término de energía favorece la electrificación de la economía
Esto es una excelente noticia para todos aquellos preocupados por la lucha contra el cambio climático. El motivo es que un diseño tarifario en el cual la mayor parte de los costes se recuperan por medio del término de potencia y no a través del término de energía favorece la electrificación de la economía. Esto ocurre porque un consumidor que sustituye su consumo de gas natural, gasolina o gasoil por electricidad, incrementa necesariamente su consumo de electricidad, pero no necesariamente su demanda de potencia.
Por ello, con la propuesta de la CNMC se reduce el coste de electrificar la demanda, avanzando en la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, el análisis técnico de la CNMC choca frontalmente con el Acuerdo firmado en octubre de 2018 entre el Gobierno y Unidas Podemos, ya que el Gobierno se comprometió no a reducir el término de energía de las tarifas eléctricas, sino a incrementarlo. Tras este compromiso no hay un análisis de la estructura de costes, sino que parece basarse en dos premisas emocionales, ambas erróneas.
La primera premisa es que penalizando el consumo de electricidad se darán incentivos para que los consumidores incrementen su eficiencia energética. Sin embargo, penalizando el consumo de electricidad no se consigue que los consumidores reduzcan su consumo de energía, sino que reduzcan su consumo de electricidad. Más concretamente, se inducirá a los consumidores a que sustituyan la electricidad por combustibles fósiles, como la gasolina o el diésel para el transporte y el gas natural para la calefacción y el agua caliente. De este modo se incrementan las emisiones y el consumo de combustibles fósiles, que es justo lo contrario de lo necesario para reducir las emisiones de CO2 y luchar contra el cambio climático.
La segunda premisa es que los ciudadanos que más electricidad consumen son los que mayor poder adquisitivo tienen. De ser esto cierto, al encarecer el término de energía de las tarifas se estaría también transfiriendo renta desde los hogares con mayores ingresos a los que tiene menores ingresos. El problema es que esa premisa no se corresponde con la realidad. Los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares muestran que la renta apenas tiene relación con el nivel de consumo de electricidad.
Aunque las familias con mayor poder adquisitivo disponen de casas más grandes y con mayor equipamiento, también adquieren equipos con mayor eficiencia energética y viviendas con mejor aislamiento térmico. Por ello, cargar un precio unitario mayor a los que más electricidad consumen afectaría en realidad por igual a hogares de renta alta y baja, además de favorecer a los propietarios de segundas residencias y perjudicar a los que viven en zonas con temperaturas más extremas o que más han electrificado su consumo (de nuevo, lo contrario de lo necesario para reducir las emisiones de CO2 y luchar contra el cambio climático).
Si el objetivo es favorecer a las personas con menor renta, la solución no es modificar el diseño de las tarifas eléctricas, que tiene impactos aleatorios, sino asegurar que el bono social llega a los consumidores que más lo necesitan, tal como ya se hace en la actualidad.
Por lo tanto, queda por ver si la CNMC va a respetar el trabajo de sus técnicos, o si se va a doblegar a los acuerdos políticos suscritos entre el Gobierno y Unidas Podemos. Si la CNMC se doblega, será un duro golpe para su reputación. En efecto, durante años la CNMC ha luchado por ser reconocido como regulador independiente, y sería una pena que ahora que finalmente el Gobierno le ha transferido las competencias que lleva tiempo exigiendo, la CNMC se dejara influir por preferencias políticas basadas en falsas premisas.
Si la CNMC cede a esas presiones, habrá dejado también pasar la oportunidad de llevar a cabo una reforma que es imprescindible para eliminar obstáculos y avanzar en la electrificación y descarbonización de la economía. Y sería paradójico que ello ocurriera precisamente cuando nuestro país se dispone a acoger la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP25).
** Oscar Arnedillo es director gerente en NERA Economic Consulting.
**Jorge Sanz es director asociado en NERA Economic Consulting y presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética