Si lo hacen los robots, trabajaremos menos repartiendo los empleos
Lo fundamental es acertar con la adecuada combinación de pactos sociales, que definan el reparto del valor añadido generado en el proceso de producción
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De máquinas, empleo y tiempo de trabajo: ¿Sustituirán las máquinas, los robots, el trabajo humano en un futuro más o menos cercano? Sobre la base de ese interrogante, en un mundo en rápido proceso de digitalización, avance de la inteligencia artificial y de la robotización, subyace un incierto panorama, no tanto sobre el trabajo en sí mismo, sino en torno a su ocupación. Sobre esta distinción entre trabajo y empleo disertábamos días atrás en estas mismas páginas de El Confidencial.
En esta entrega se apunta, a partir de la experiencia acumulada de transformaciones sociales vinculadas a anteriores procesos de cambio tecnológico, que cabe la posibilidad de mantener el vínculo del empleo, como argamasa de la organización social, repartiendo mejor los puestos de trabajo, entre personas que trabajan menos tiempo y destinan más horas a otras actividades humanas no vinculadas a la producción y a la generación de rentas. La reducción del tiempo de trabajo se configura así no solo como un mecanismo de reparto de un empleo potencialmente más escaso, sino también como herramienta para mantener una estructura social en torno al trabajo humano, que seguiría operando como pilar de cohesión social y de estabilidad política, elementos ambos esenciales en los sistemas democráticos y de bienestar social que hoy disfrutamos en algunas partes del planeta. Si en el pasado jugó ese papel, no hay razón para pensar que no lo pueda hacer en el futuro; se trata tan solo de estimular la reducción sustancial de la jornada de trabajo para que, con más empleo, el trabajo siga actuando como factor de articulación social.
La jornada de trabajo sigue disminuyendo
El pasado año 2019 se ha celebrado el centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hace ya un siglo, en el mundo del trabajo, una de las reivindicaciones básicas que más intensamente alimentaban el conflicto laboral era la demanda por parte de los asalariados de una jornada de 8 horas diarias. La OIT en su andadura inicial reflejaba ya, de forma reiterada, ese hecho, promoviendo acuerdos entre organizaciones patronales y sindicales para la consecución este objetivo.
Desde la visión sindical la reducción del tiempo de trabajo era, antes que nada, un requisito esencial para conceder dignidad a la vida de los asalariados. Trabajar para vivir era una de las principales demandas de cambio de una realidad que solo era capaz de ofrecer vivir para trabajar. Por supuesto, el instrumento consistía en repartir las ganancias de productividad asociadas al cambio técnico.
La implantación y el desarrollo del capitalismo introdujo en la industria y en los servicios una rápida intensificación del tiempo y los ritmos de trabajo muy superiores a los característicos de las economías agrarias tradicionales. Durante las primeras etapas de este proceso, que abarcan prácticamente todo el siglo XIX, la jornada diaria superaba las 12 horas en un ciclo semanal que, salvo excepciones, no contaba con días de descanso: más de 300 días de trabajo al año o, alternativamente, alrededor de 3.300 horas anuales de trabajo. Desde entonces el mundo —más bien, el mundo desarrollado— ha experimentado una continua disminución del tiempo de trabajo. A lo largo del siglo XX la duración media del trabajo se ha reducido a prácticamente la mitad en términos anuales. Las más de 3.000 horas de trabajo anuales han pasado a las 1.700 horas actuales con todavía notables diferencias dentro de las economías avanzadas. Estados Unidos y Japón registran jornadas medias efectivas situadas en torno a 1.850-2.000 horas anuales, un nivel muy superior a las 1.400-1.500 que presentan Noruega o los Países Bajos.
Pareciera que en la actualidad la reivindicación sobre la reducción de la jornada de trabajo hubiera quedado en el cajón del olvido
Y, sin embargo, pareciera que en la actualidad la reivindicación sobre la reducción de la jornada de trabajo hubiera quedado en el cajón del olvido. En los propios documentos de la OIT, surgidos al calor del centenario de esta organización, esta histórica reivindicación de los asalariados ocupa un plano no muy destacado. Aunque esta visión coincide con la opinión de algunos analistas que viene a plantear que la reducción de la jornada tras el logro de las ocho horas diarias no habría avanzado sustancialmente, no deja de ser más que un argumento formal, pues si bien esta jornada diaria es la vigente en la mayoría de las legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, no lo es su equivalente en términos de jornada efectiva semanal o anual, que continúan descendiendo en grados no despreciables.
En términos normativos, se ha ido evolucionando desde la jornada semanal de 48 horas en la mitad del pasado siglo, equivalente a 8 horas diarias y seis días de trabajo a la semana (en España, por ejemplo, es la que establecía el Estatuto de los Trabajadores en 1980) hasta la actualmente más generalizada de 40 horas y periodos vacacionales que suelen alcanzar un mes, reduciendo así también la jornada anual legal. En el caso español, en el año 1978 se trabajaban en media, cerca de 2.050 horas al año mientras que en 2018 se había descendido hasta alrededor de 1.700 horas anuales.
Esta gradual pero continua reducción del tiempo de trabajo se ha producido a la vez que el proceso de cambio estructural alteraba radicalmente el perfil de las economías más avanzadas. El incremento de la productividad agraria —cuya intensidad a veces se olvida— liberó fuerza de trabajo que encontraba cabida en la expansión de la industria. A continuación, cuando el crecimiento industrial comenzó a declinar, los servicios tomaron el relevo hasta convertirse en el sector que proporciona ocupación a tres cuartas partes del empleo total en una dinámica que no parece haber concluido.
Conviene considerar, a este respecto, siguiendo las conclusiones de un estudio, McKinsey (2018), que "las nuevas tecnologías han estimulado la creación de muchos más empleos que los que han destruido y algunos de los nuevos consisten en ocupaciones que no se podía ni imaginar en un principio". La secuencia histórica de la estructura sectorial de la producción capitalista viene a avalar la constatación de esta afirmación. Sin embargo, el actual proceso de innovación tecnológica muestra algunas diferencias significativas respecto a episodios del pasado, que podrían arrojar resultados diferentes en cuanto al saldo neto de empleo que se derive de la expansión paulatina de máquinas o robots, diseñados en un entorno de inteligencia artificial. El impacto final dependerá, de un lado, de la velocidad que adopte el cambio tecnológico, de modo tal que a medida que el avance del cambio tecnológico sea más rápido, la proporción de trabajadores desplazados será mayor. Y, de otro, de la amplitud en términos sectoriales de la implantación de las nuevas tecnologías, de modo que a más sectores afectados, mayor será la proporción de trabajadores desplazados de su empleo.
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Sabemos que, hasta la fecha, la oleada de innovación tecnológica en curso ha operado en favor del incremento de la productividad, pero todavía de forma limitada. De modo tal que, si bien en algunos sectores donde se aplican con mayor intensidad los avances de la digitalización y la robotización el aumento de la producción por unidad de trabajo se ha incrementado notablemente, en otros, particularmente en los servicios más intensivos en trabajo y baja cualificación, el avance no ha sido tan espectacular. Sin embargo, los interrogantes respecto a sus resultados no son menores. Si la "transformación globótica", como señala R. Baldwin, llega a reducir el volumen de puestos de trabajo más habituales en el sector servicios, los problemas inherentes al proceso de desindustrialización en las economías avanzadas registrado durante el último cuarto del siglo pasado se extenderán en el futuro —en realidad ya está sucediendo— al sector servicios. En este nuevo contexto, que también será muy perturbador desde el punto de vista social y político es en el que debería insertarse una estrategia de reparto del trabajo capaz de moderar los procesos de transición tecnológica.
Las políticas de reducción de jornada deben formar parte de una estrategia a plazo de reparto del trabajo. Una reordenación del tiempo-trabajo puede permitir un mejor aprovechamiento de la capacidad productiva (del 'stock' de capital), gracias a una mayor y más adecuada utilización de los equipos de producción (por ejemplo, estableciendo distintos turnos que permitan mantener en funcionamiento, a lo largo de la jornada diaria o semanal las máquinas). Esta mayor duración del uso del capital instalado hace que los costes unitarios del capital disminuyan (ya que el equipamiento instalado puede llegar a producir más), lo que, a su vez, permitirá mantener precios competitivos, y en paralelo el nivel de salarios y beneficios. De lo que ahora se trata es de hacer posible esta dinámica —característica de las ramas industriales— también en el ámbito del sector servicios.
¿Trabajar cuatro días a la semana?
Para que las políticas de reparto del trabajo a través de la reducción de jornada terminen siendo eficientes, la cuestión central seguirá siendo la misma que en el pasado. Para que el volumen de ocupados aumente a través de la reducción del tiempo de trabajo sin que los salarios se reduzcan proporcionalmente, tiene que haber un crecimiento equivalente en la productividad del trabajo o, en paralelo, una estrategia de reducción de coste no salariales que neutralice el impacto sobre los costes salariales unitarios.
Así es tener una jornada semanal de 4 días: “Es lo mejor que me ha pasado en la vida”
Es cierto que, como sucediera en el pasado, con suficiente flexibilidad interna, la reorganización del trabajo, a su vez, puede tener efectos positivos sobre la dinámica de la productividad y, por tanto, compensar en alguna medida la elevación de los costes laborales unitarios derivados de la reducción de la jornada sin alterar los salarios-hora. En términos globales —con el sector servicios como receptor de las pérdidas de empleo en la industria e impulsor de nuevas ocupaciones— la elevación de la productividad ha sido compatible con un grado razonable de creación de empleo. Para que tal dinámica siga siendo posible con un sector servicios que deja de cumplir ese papel compensador como consecuencia del impacto de la digitalización, una política de reducción de jornada puede favorecer la creación de empleo si se basa en dos premisas esenciales: reorganizar los tiempos de trabajo y compensar esa disminución a través del coste laboral unitario. A partir de ellas, las diferentes políticas de empleo que actúan reduciendo el tiempo de trabajo se pueden dividir entre aquellas que inciden directamente en la duración de la jornada laboral, las dirigidas a impulsar el uso del trabajo a tiempo parcial, o las políticas orientadas al reparto y la reordenación del trabajo propiamente dicho.
La reducción de la jornada de trabajo, en sus diferentes modalidades, permitiría ajustar y flexibilizar la estructura productiva a las necesidades de la oferta y la demanda de trabajo en el horizonte de globalización y robotización al que ya nos estamos enfrentando. En este contexto, los gobiernos pueden impulsar medidas de ajuste permanente de la oferta de trabajo al empleo disponible, con, entre otros instrumentos, las políticas activas de mercado de trabajo.
Se pueden desarrollar diferentes actuaciones que impulsen cambios en organización del trabajo y, en última instancia, la reducción directa de la jornada
Considerando las variables en juego, productividad (valor añadido generado) y reparto de la misma entre salarios, beneficios y reducción del tiempo de trabajo, se pueden desarrollar diferentes actuaciones que impulsen cambios en organización del trabajo y, en última instancia, la reducción directa de la jornada de trabajo a través de la normativa laboral, modificando los parámetros de entrada y salida del empleo o extendiendo la vigencia de los contratos a tiempo parcial, modificando sus características para aumentar sustancialmente la aceptación de los mismos por una mayor proporción de asalariados.
El debate, por supuesto, sigue abierto en múltiples planos. Como siempre ha ocurrido en los momentos de transición en el paradigma tecnológico, lo fundamental es acertar con la adecuada combinación de pactos sociales, que definan el reparto del valor añadido generado en el proceso de producción. Por eso, no es una entelequia distópica pensar, en un escenario no muy lejano, en jornadas semanales generalizadas de 30 horas repartidas en cuatro días por semana.
*Valeriano Gómez es economista y exministro de Trabajo.
*Santos Miguel Ruesga es catedrático de economía aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid.