Tarjetas 'revolving', IRPH, cláusulas abusivas: el cuento de nunca acabar

Existen hoy en España un cuarto de millón de litigios pendientes de resolver sobre cláusulas abusivas. Y los bancos que no 'ceden'

Foto: Imagen de unas llaves. (iStock)
Imagen de unas llaves. (iStock)
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Hace años, me decía un banquero que esto no iba a acabar nunca. Y no le faltaba razón. Bien lo sabía él. Los únicos que quieren que esto se acabe son los consumidores, que han sufrido, según la doctrina de los tribunales de Justicia, los abusos de los bancos. Los abogados están felices —los de los unos y los de los otros—. Y los bancos, también. No porque los condenen, que eso no le hace gracia a nadie, sino porque habiéndolos condenado ya, ven que esto nunca se acaba. Por eso, aunque según diversas estimaciones (entre otras, las del Consejo General del Poder Judicial referidas al último trimestre de 2019) pierdan más del 97% de los pleitos sobre cláusulas abusivas, se empeñan en seguir litigando. Financieramente, les interesa.

Solo por cláusulas abusivas, se estima que hay más de 250.000 litigios frente a los bancos pendientes de resolver. Y lo que nos queda por ver. Desde su misma creación, los juzgados especializados están colapsados. Hay juzgados que tardan hasta dos años en dictar sentencia. Y luego vienen los recursos. Si tenemos en cuenta esta dilación en el tiempo (tan favorable a los bancos, que evitan un impacto de golpe en sus cuentas de resultados) y que no todos los afectados terminan por reclamar judicialmente (con el ahorro que ello supone), se explica por qué los bancos se empeñan en seguir litigando y en defender causas perdidas de antemano. Y no porque alberguen alguna esperanza, que no la tienen, de que la jurisprudencia vaya a cambiar, sino porque la estrategia les compensa. Aun cuando, además, tengan que pagar a sus propios abogados y a los abogados de la parte contraria, pues normalmente resultan también condenados a ello.

BBVA, Santander, CaixaBank y Bankia se sitúan entre las entidades más reclamadas. Las entidades y la normativa ofrecen varias posibilidades de solución sin necesidad de recurrir al juzgado: acudir a la propia entidad, la utilización del servicio de atención al cliente, el defensor del cliente, el servicio de reclamaciones del Banco de España. ¿Por qué entonces sigue existiendo tal avalancha de reclamaciones judiciales, al menos en los supuestos en que la jurisprudencia es clara y consolidada, como en el caso de las cláusulas suelo?

Pero no todo es tan claro. El sistema judicial español y las resoluciones de nuestros tribunales, específicamente de nuestro Tribunal Supremo, no siempre dejan respuestas claras. A ello se añade el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que casi siempre, nos guste o no, acaba por enmendar la plana a nuestro Tribunal Supremo. Al colapso de los tribunales de Justicia se une, pues, la incertidumbre jurídica.

En efecto, cuestiones de las que se lleva años hablando y sobre las que han recaído numerosas sentencias, muchas veces contradictorias, siguen sin resolverse definitivamente. Hasta el mismo Tribunal Supremo se contradice a sí mismo con demasiada ligereza y no menor velocidad, dando la impresión de volatilidad, de falta de solidez técnica o, lo que es peor, de que se dictan sentencias al compás que en ese momento resulta más conveniente. Se dice (bueno, en realidad, lo dice el Código Civil, pero lo repito yo) que las leyes deben ser interpretadas según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, pero, hombre (tómese como expresión hecha), la realidad no cambia tanto de un día a otro.

Sentencias contradictorias

Baste recordar las contradictorias sentencias de nuestro alto tribunal en materia de gastos de las hipotecas (y sobre su impuesto, el de actos jurídicos documentados), con una sentencia final que intenta zanjar el asunto ofreciendo una solución un tanto salomónica, la del reparto de los gastos de notaría y gestoría entre el cliente y el banco a partes iguales.

Esta de los gastos es precisamente una de las cuestiones pendientes de resolver, tras la cuestión prejudicial que el Juzgado Mercantil número 1 de Badajoz ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de enero, cuestionando, entre otros aspectos, el reparto de gastos hipotecarios de notaría y gestoría, y recordando que el Tribunal Supremo ha dictado resoluciones contradictorias en un escaso periodo de tiempo "que han llevado a juzgadores, consumidores y banca a una preocupante situación de inseguridad jurídica".

En cambio, en las llamadas tarjetas 'revolving', una reciente sentencia del Tribunal Supremo del pasado 4 de marzo sigue la doctrina contenida en su anterior sentencia de 25 de noviembre de 2015, al aplicar la normativa sobre usura y declarar usurarios los intereses cobrados por los bancos por la utilización de tales tarjetas. La sentencia, sin embargo, ha sido merecedora de críticas desde cierto sector doctrinal —que no comparto— por aplicar inadecuadamente la Ley de Usura.

Se completa este comienzo de año con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo de 2020 respecto al índice IRPH, que declara que la Justicia española deberá analizar el carácter abusivo o no de este índice, contenido en un contrato de préstamo hipotecario. Esta declaración contradice de nuevo la doctrina del Tribunal Supremo (en su sentencia de 14 de diciembre de 2017). No se dice que el IRPH sea abusivo, pero sí (en contra de lo que había declarado el Tribunal Supremo) que es susceptible de ser considerado abusivo y, por tanto, anulado por parte de los jueces nacionales. Se abre ahora otro nuevo flanco en las líneas defensivas de los bancos.

Nadie duda hoy de que las entidades financieras han venido cometiendo abusos e introduciendo en sus contratos cláusulas nulas, que infringen las normas imperativas y rompen el equilibrio contractual. Frente a ello, ha habido en los últimos años una reacción firme y un ánimo, no diría que desmedido, de corregir la injusticia. Sin embargo, el proceso está siendo lento y los costes altos. ¿No hay forma alguna de terminar esta situación razonablemente para todos, especialmente para los clientes?

Hace unos días, el defensor del pueblo pedía una solución extrajudicial para los afectados del índice IRPH. Resulta sin duda loable tal petición, pero no se ve cómo ni por qué podría llegarse ahora a tal solución si hasta el momento en ninguno de los casos señalados ha habido el más mínimo síntoma de poder alcanzarse una solución global de carácter extrajudicial, por más intentos que ha habido. Y es que, como decimos, una solución así solo interesa a los afectados.

Tribuna
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