Lo nunca visto

Es momento de mitigar la inevitable caída de la renta nacional, de repartir los costes de manera equitativa y de no poner en riesgo la segura recuperación tras la epidemia

Foto: Dos personas, con mascarillas, este viernes en las calles del centro de Madrid. (EFE)
Dos personas, con mascarillas, este viernes en las calles del centro de Madrid. (EFE)

No estamos en la fase de intentar reactivar la actividad económica para compensar el grave parón a que nos lleva la actual pandemia del coronavirus. Es momento de mitigar la inevitable caída de la renta nacional, de repartir los costes de manera equitativa y de no poner en riesgo la segura recuperación que seguirá, en cuanto superemos la epidemia sanitaria. El impacto económico de una pandemia de esta magnitud es algo nunca visto. Es decir, nunca había ocurrido algo así y, por tanto, las recetas válidas para otras crisis, no valen ahora, aunque algunos síntomas se parezcan.

Vivimos un 'shock' de oferta y, a la vez, un 'shock' de demanda. Pero las razones por las que se han producido estos 'shocks' simultáneos son atípicas: los problemas en la oferta proceden de una escasez temporal de productos cuya demanda se ha multiplicado de forma repentina (mascarillas, respiradores artificiales, otro material sanitario o camas hospitalarias), unida a que la cadena global de valor añadido se ha detenido porque no llegaban los suministros necesarios procedentes de zonas en las que se han cerrado las fábricas por la emergencia sanitaria.

La demanda, por su parte, se desploma por miedo de la población al contagio, por las recomendaciones más o menos imperativas de no salir de casa o por las decisiones de las autoridades de cerrar colegios, discotecas o bares y, poco a poco, todos los comercios menos los esenciales. Cuando es el miedo generalizado o las decisiones de las autoridades las que explican los problemas en la oferta y, sobre todo, la parálisis de la demanda, de poco valen las medidas tradicionales de estímulos de la demanda agregada pensadas para otro tipo de causas.

En espera de que pase la situación excepcional, podamos declarar superada la pandemia y vayamos recuperando poco a poco la normalidad, los gobiernos deben buscar con sus medidas económicas tres cosas: que el daño sea el menor posible, no poner en riesgo la recuperación posterior y repartir los costes económicos de la pandemia de manera equitativa. Intentar, en suma, que este bache temporal no acabe convirtiéndose en permanente porque se lleve por delante una parte del tejido productivo.

Desmontaje de una terraza en la madrileña Plaza de Santa Ana, este viernes. (EFE)
Desmontaje de una terraza en la madrileña Plaza de Santa Ana, este viernes. (EFE)

Son las políticas sanitarias puestas en marcha para reducir el impacto de la pandemia (aplanar la curva de infectados y, por tanto, la de fallecidos y reducir la presión sobre los servicios hospitalarios) las que retiran a los consumidores de la calle, cierran los establecimientos y provocan un desplome del gasto en consumo, que se traduce en una rápida caída de ingresos para empresarios que deben, no obstante, seguir haciendo frente a determinados gastos fijos, como nóminas, alquileres, intereses de créditos o impuestos. La clave de bóveda está hoy, pues, en asegurar a los empresarios la liquidez suficiente y durante el tiempo suficiente como para poder mantener sus gastos fijos, a pesar del bloqueo a sus ingresos que ha provocado la situación excepcional que vivimos.

Las medidas que adopte el Gobierno para hacer frente a esta crisis por fuerza de causa mayor deben evitar dos cosas: que el empresario se arruine, comprometiendo la reapertura de su empresa una vez pase el momento y que el empresario se vea obligado a despedir trabajadores que no necesita ahora porque su negocio ha sido cerrado por la alarma sanitaria decretada y cuyas nóminas no puede seguir pagando.

Las medidas deben evitar dos cosas: que el empresario se arruine y que se vea obligado a despedir trabajadores

Esto se traduce en tres tipos de medidas: las destinadas a evitar drenar liquidez empresarial en estos momentos, por ejemplo los aplazamientos de pago de impuestos, sabiendo que esto acabará en exención de los mismos con cargo al mayor déficit público autorizado por Bruselas. Las destinadas a reducir el coste laboral para el empresario de trabajadores "en paro técnico" (no hablo de los que hacen teletrabajo) por cierre de su centro de trabajo o que deben hacer frente a situaciones inesperadas como cuidar a sus hijos en casa tras el cierre de colegios.

Por último, las destinadas a inyectar liquidez directamente a los empresarios que lo necesiten lo que, en un momento en que las grandes empresas no tienen dificultad para acceder a los excesos de liquidez que los Bancos Centrales llevan tiempo propiciando, se concentra en pequeñas empresas y autónomos que necesitan: que se aligeren las exigencias de provisiones para los bancos ante impagados por la pandemia y líneas especiales de crédito oficial (mucho más de lo anunciado y para todos los sectores) con garantía del Estado para pagar alquileres, hipotecas, nóminas u otros gastos fijos, durante el tiempo que dure la alarma sanitaria que le priva de sus ingresos.

Solo con medidas urgentes y excepcionales como estas, para un momento excepcional y sin precedente, podremos mitigar el impacto de la pandemia sobre la actividad económica y, al mantener viva las empresas y el empleo durante el trance, asegurar que pasada la alarma estaremos en condiciones de afrontar la recuperación en condiciones adecuadas. El Estado debe hacer frente a sus competencias en momentos excepcionales para repartir los costes económicos y los riesgos financieros de manera razonable y eficiente para que la economía vea pospuesta su actividad mientras dure la pandemia, alejando el riesgo de que se vea suspendida para siempre en una recesión de graves consecuencias, adicional al momento de debilidad en el crecimiento por el que ya atravesábamos. Seguiremos esperando las nuevas medidas.

*Jordi Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y presidente de Red Eléctrica de España hasta enero de 2020.

Tribuna
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