La hora de los interlocutores sociales

El drama de los efectos del coronavirus no ha hecho más que empezar. Por supuesto, el centro de atención todavía debe ser la lucha contra el virus en el ámbito sanitario pero la preocupación y las amenazas se extienden cada vez más a las consecuencias económicas. En este ámbito, lo peor de todo lo que nos ocurre es la enorme incertidumbre asociada a cualquier pronóstico. La recuperación de la 'nueva normalidad' exigirá plazos desconocidos todavía pero que, con toda probabilidad, no serán cortos. En algunos casos, no se medirán en semanas sino en meses o años. A la luz de los primeros datos conocidos, para China o Francia, y las estimaciones iniciales realizadas por el FMI, los efectos negativos para la economía mundial podrían ser superiores a los registrados en otras etapas críticas de la historia económica moderna.

Para España, el descenso en la actividad económica y las dificultades para la recuperación tendrán consecuencias dramáticas para el empleo. Durante el periodo de la crisis financiera entre 2008 y 2013, la destrucción de empleo alcanzó los 3,2 millones de puestos de trabajo, de los que tres cuartas partes estaban en el sector de la construcción y las ramas productivas y de servicios afines. Aunque a primera vista podría pensarse que el turismo, la restauración y la hostelería serían en esta crisis los sectores que acumularían la mayor parte de las pérdidas de empleo, la impresión es que esta crisis será mucho más horizontal y menos focalizada que la Gran Recesión. Salvo el sector primario y sus cadenas de distribución interior, la crisis afectará de forma intensa a casi todo el resto de sectores en la industria, la construcción y buena parte del sector servicios. Cuando comenzábamos a contemplar como algo próximo alcanzar tasas de desempleo de un solo dígito, la crisis nos devolverá a tasas superiores al 20% y situará en primer lugar el esfuerzo por ampliar la protección de los desempleados y lograr que la reducción de la actividad productiva no se traduzca en destrucción definitiva de empleo.

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Ruth Ugalde

Las numerosas medidas laborales que de manera urgente ha aprobado el gobierno y que va convalidando el Parlamento son necesarias, van en la buena dirección y, en muchos aspectos, son dignas de elogio. Se trata de combinar, por un lado, las exigencias para luchar contra la enfermedad, evitando el riesgo de contagio y por otro, mantener la continuidad de parte de la actividad económica y productiva con las mayores garantías en la salud y la seguridad laboral.

Se ha legislado sobre varios ejes: la paralización de las actividades no esenciales en las que, por la concentración de personas, el riesgo de contagio es mayor; el mantenimiento de actividades esenciales para el normal funcionamiento de la sociedad; la preservación restringida de actividades no esenciales en las que el riesgo de contagio es controlable; la restricción de la movilidad y confinamiento con excepciones, entre las que se encuentra el acudir al trabajo, supeditado a las medidas de prevención necesarias en cada caso.

Y, junto a ello, la promoción del teletrabajo, flexibilidad a la hora de acomodar horarios y condiciones en las que se presta la actividad laboral, permisos remunerados recuperables y los ya famosos ERTE (suspensión de las relaciones laborales o reducción de la jornada laboral, en ambos casos con carácter temporal), encajan y conforman un esquema en el que la prioridad es trabajar siempre que se pueda, pero sin poner en riesgo la salud de los trabajadores. Si no se puede trabajar, al encontramos ante una causa temporal, se dota a las empresas y trabajadores de una red de protección extraordinaria (prestaciones por desempleo y cese de actividad para los trabajadores por cuenta ajena y autónomos) para superar el periodo en que la actividad y el trabajo resulta imposible (fuerza mayor) o inviable en términos económicos (causas económicas, técnicas, organizativas o productivas). Estas y otras medidas, complementarias y razonablemente coherentes, están permitiendo mantener 'latente' o 'hibernada' la vida de muchas empresas y el empleo de sus trabajadores.

La recuperación no será intensa, ni vendrá rápidamente. Además, no va a afectar por igual a todos los sectores productivos y de servicios

Si estuviéramos en presencia de una recuperación relativamente rápida e intensa una vez pasado el confinamiento, las medidas adoptadas en el ámbito laboral junto a las puestas en marcha en el terreno fiscal y de apoyo a la liquidez de las empresas, podrían ser suficientes (por no citar las instrumentadas por el BCE, que han evitado la repetición del escenario de crisis de la eurozona a partir de 2010). Pero no será así. Ni la recuperación será tan intensa, ni vendrá tan rápidamente. Además, no afectará a todos los sectores productivos y de servicios. Por eso, necesitamos generar nuevos instrumentos para dar respuesta en plazos más largos. El desafío es enorme. La recesión mundial será mucho más extensa que la registrada hace una década. Pocas economías podrán sustraerse a un influjo que se manifestará en forma de espiral recesiva frente a la que debemos actuar con decisión para evitar la desaparición definitiva de una parte sustancial de nuestro tejido empresarial.

Ante el más profundo desafío al que se enfrenta nuestra economía, la española y la europea, resulta trascendental que los interlocutores sociales, los legítimos representantes de las empresas y los trabajadores asuman su responsabilidad vertebrando un espacio de diálogo que pueda aportar soluciones y medidas que nadie mejor que ellos puede definir y gestionar. Somos conscientes de que ya están abordando estas cuestiones y que sus documentos y acuerdos han pautado y servido de guía a alguna de las medidas recientemente adoptadas, pero estamos convencidos que su protagonismo y responsabilidad debería ser mucho mayor y sería la mejor garantía de la adecuación de las medidas a adoptar, de su aplicación pacífica y de un reparto lógico y equilibrado de las cargas y esfuerzos que el reto va a exigir. Las razones para ello son variadas y, en algunos casos obvias, pero no está de más reseñar algunas.

En primer lugar, la vuelta al trabajo en condiciones de seguridad y salud para los trabajadores y la nueva dimensión que va a tener la prevención de riesgos laborales a partir de esta pandemia. Su inserción mucho más profunda en el ámbito laboral (como en el resto de nuestra vida) y la necesidad de conectar los riesgos externos, aquellos que exceden y escapan a la capacidad preventiva de la empresa con la planificación, evaluación y contención que esta debe hacer. Algo se ha hecho ya con ocasión de la finalización de los permisos remunerados recuperables.

En segundo lugar, como ya hemos apuntado, el periodo hasta volver a un nivel de actividad similar al previo a la crisis va a ser largo y con exigencias y escenarios desiguales por sectores. Solo las empresas y los representantes de los trabajadores tienen las herramientas y el conocimiento para combinar medidas y actuaciones generales con su adecuación al caso concreto y a la exigencia de cada empresa.

En tercer lugar, la cuestión no se acaba con superar la fase de retorno a la recuperación. Las cosas ya no serán iguales que hasta ahora en términos productivos. La sociedad va a cambiar su manera de relacionarse y ello tendrá un impacto directo en la demanda, la producción y la gestión y distribución de productos, bienes y servicios. Prácticas limitadas hasta ahora como la del teletrabajo se extenderán exponencialmente. Las concentraciones de personas se restringirán drásticamente. La separación física de seguridad tendrá que respetarse. Nada será igual y las nuevas pautas y exigencias redefinirán la economía del futuro. Los cambios afectarán a todos los sectores, a todas las empresas y a buena parte de los puestos de trabajo. La necesidad de adaptación será general y de una dimensión y profundidad desconocidas. Además, será diferente en cada caso.

Por último y como razón principal, entendemos que ante una perturbación tan intensa como la que ya empezamos a vivir, la necesidad de ajuste es inevitable. Las empresas van a ver reducidos sus ingresos de manera drástica y hay una enorme incertidumbre para saber cuándo van a recuperar escenarios de normalidad. Las grandes corporaciones tienen músculo, conocimiento y recursos para afrontar los cambios durante más largos periodos de tiempo hasta alcanzar esa nueva normalidad, pero incluso ellas sufrirán intensamente. El desafío mayor lo tienen una vez más las pequeñas y medianas empresas, que caracterizan muy singularmente la economía española.

Defender el empleo debería ser la labor de todos, buscando salidas que prioricen el trabajo y ampliando los niveles de flexibilidad negociada

Ante el descenso de la actividad, entendemos que el bien principal a proteger es el empleo. Defender el empleo debería ser la labor de todos -empresarios, sindicatos y gobierno-, buscando salidas que prioricen el trabajo y ampliando los niveles de flexibilidad negociada. El Estado puede ayudar, y mucho, completando los acuerdos (interconfederales, globales o sectoriales) con reformas que los incorporen a la normativa y con medidas de estímulo y mejora de la seguridad y la protección social. Pero, siendo esto necesario, no será suficiente. Lo que estamos diciendo es que la negociación colectiva debe reaccionar a través de sus instrumentos -los vigentes y los extraordinarios de los que temporalmente se pueda dotar- y capacidades de fijación de condiciones de trabajo para salvar el empleo y la actividad productiva. Acuerdos sectoriales que revisen las condiciones aplicables, con especial sensibilidad hacia la situación de las pymes, para que puedan abordarse procedimientos excepcionales que permitan la supervivencia de grandes segmentos de nuestro aparato productivo con el mantenimiento del empleo como eje vertebrador. Desde esta perspectiva, entre otras alternativas, la extensión del tiempo de trabajo reducido a través de los ERTE debería ser la norma en prácticamente todos los sectores no agrarios, aun durante periodos en los que deje de estar vigente el estado de alarma.

Alcanzar acuerdos de este tipo evitaría el tradicional mecanismo de ajuste español a base de despidos como principal medida de adaptación. Ello debería complementarse con una legislación específica y temporal, complementaria a la general (como se ha hecho en el caso de los ERTE o la adecuación de jornada), concebida para estimular la asunción por parte de los interlocutores sociales del protagonismo que les corresponde a la hora de abordar problemas que nadie mejor que ellos conocen. Por supuesto, en crisis como las que vivimos, el Estado siempre formará parte de la solución, pero la implicación de las empresas y trabajadores en una estrategia que exigirá el esfuerzo de todos ayudará a reducir la magnitud del problema.

*Valeriano Gómez es economista y fue ministro de Trabajo (2010-11) y Juan Chozas es inspector de Trabajo y fue secretario general de Empleo (2000-03).