Las empresas y el virus de la responsabilidad social

La crisis del covid-19 pone a prueba la capacidad de nuestras instituciones de cumplir su parte del contrato social: protegernos. Si no lo hacen, corren el riesgo de quedarse sin la legitimidad que justifica su existencia y pondrán en riesgo el modelo de derechos y libertades que hoy conocemos. Nada garantiza que el modelo de bienestar y democrático en el que hemos vivido hasta hoy en buena parte de Occidente siga siendo el paradigma en el que vivamos las próximas décadas.

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Asimismo, esta crisis pone a prueba la capacidad de los individuos de entender que para sobrevivir debemos actuar como miembros de una comunidad. En los años 80, Margaret Thatcher generó un interesante, aunque estéril debate sobre si existían los individuos o existía la sociedad. "¿Quién es la sociedad?", se preguntaba. Para la primera ministra solo existían los individuos: "No existe tal cosa, tan solo hombres y mujeres". Sin embargo, queda claro que si no actuamos como tal, no sobreviviremos. Nuestras acciones individuales tienen impacto en la vida de los demás.

Desde el inicio de esta crisis, hay consenso sobre la necesidad de una fuerte intervención pública para su solución y ha quedado también claro que si los individuos no actuamos en tanto que ciudadanos que formamos parte de una comunidad, tampoco habrá solución.

Todos somos determinantes. Eso implica a las instituciones, a los ciudadanos... Pero, también, a las empresas. Una empresa es un actor imprescindible para nuestra economía y sus acciones condicionan el progreso de la sociedad. Un sistema en el que sus empresas generen trabajos estables es distinto de otro en el que sus empresas generen empleo precario; mientras un sistema en el que sus empresas estén alineadas con la sostenibilidad medioambiental es distinto de otro donde no estén comprometidas.

Diez años después la mayoría de gobiernos han cambiado el enfoque: si de esta crisis sale más desigualdad, nuestro sistema saltará por los aires

La crisis del año 2008 demostró las consecuencias de una mala respuesta institucional. Sin los niveles de desigualdad que hoy conocemos, fruto del paradigma con el que se intentó resolver esa crisis, no se entendería la creciente desestabilización de nuestro sistema político o económico. Y sin el papel que tuvieron entonces algunos sectores fundamentales de nuestra economía, tampoco. Por ello, vale la pena destacar cómo diez años después la mayoría de gobiernos han cambiado el enfoque entonces hegemónico: si de esta crisis sale más desigualdad, nuestro sistema saltará por los aires. Por ello, también vale la pena destacar, cómo numerosos sectores de la economía están contribuyendo con sus acciones a paliar el impacto de la crisis.

Atrás quedan las reflexiones teóricas de la última edición del Foro Económico Mundial, donde se reclamaba la construcción de un nuevo modelo capitalista. En tan solo unas semanas, gobiernos de todo el mundo han impulsado medidas como la renta básica o el ingreso mínimo vital, el mundo financiero en boca del 'Financial Times' ha exigido la construcción de un nuevo contrato social y numerosas compañías han entendido que su papel en este momento condicionará su futuro y el de nuestra sociedad en el medio y en el largo plazo.

Estamos ante una oportunidad para dejar atrás la irresponsabilidad de algunos sectores en cómo abordaron la anterior crisis y en evitar consecuencias dramáticas para una parte importante de la sociedad.

Durante años las escuelas de negocio han explicado a nuestros directivos que una empresa es algo más que una comercializadora de servicios o de productos. Pero en numerosas ocasiones la consecuencia más directa de esta reflexión ha sido la creación de departamentos de Responsabilidad Social Corporativa, habitualmente ligados a las direcciones de comunicación de las compañías.

Nuestro comportamiento como clientes también está condicionado por nuestras condiciones de vida y por una escala de valores

Es decir, la consecuencia más directa de esta reflexión ha sido desarrollar acciones con impacto social positivo con el único objetivo de contarlas. Sin entender que los consumidores también somos ciudadanos, y que del mismo modo que valoramos la acción global de nuestras instituciones, nuestro comportamiento como clientes también está condicionado por nuestras condiciones de vida y por una escala de valores.

Uno de los elementos más importantes para una empresa es su objeto social y las actividades que desarrolla. Sin embargo, tan o más importante como el objeto social es su objetivo social. Si su razón de ser está o no conectada con las demandas de la sociedad, si su comportamiento es acorde con aquello que dice ser. Una empresa, como una institución, es parte de la sociedad, configura el sistema en el que vivimos. Por ello, una empresa también debe preguntarse qué tipo de sociedad quiere y debe contribuir decisivamente a su construcción aportando aquello que sabe hacer: esta crisis obliga al sector privado a unir su objeto social y su objetivo social. Por ello, el papel de una empresa en la sociedad no se soluciona con un departamento colateral de RSC, sino integrando en su proceso de toma de decisiones su papel en la sociedad, su capacidad de empatizar con el conjunto de la ciudadanía o su capacidad de incidir en el debate público.

La incidencia pública de las empresas debe dejar atrás el 'marketing' dirigido a venta, las relaciones institucionales para mantener una dinámica favorable con el regulador o la Responsabilidad Social Corporativa. Debemos dar paso a un paradigma en el que el propósito con el que nacen las compañías privadas contribuya al progreso y a la construcción de un espacio compartido con el conjunto de la ciudadanía. Esta crisis requiere de una fuerte intervención pública pero, también, de un fuerte compromiso por parte del sector privado. Y eso implicará necesariamente un espacio de colaboración público-privado y buenas dosis de diplomacia corporativa que conecten con las demandas del conjunto de la sociedad.

Los ejemplos que hemos visto las últimas semanas en nuestro país, con una parte del sector bancario ampliando las exigencias del regulador con las moratorias hipotecarias, una parte del sector energético entendiendo que ser un sector regulado implica también tener un compromiso mayor que otros sectores de la economía con sus clientes, o la capacidad del sector del gran consumo de reorientar su producción o aumentar el salario de sus trabajadores en un momento que requiere de un fuerte compromiso, son motivos de esperanza para pensar que algunas compañías ya han entendido qué es la incidencia pública y cuál es su papel en la sociedad.

*Nacho Corredor y Adrián Jofre Bosch son socios de beBartlet