La actividad de la justicia durante el estado de alarma y las críticas a las resoluciones

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene y confirma su anterior acuerdo del pasado 14 de marzo, que decretó la suspensión de todas las actividades judiciales programadas y de los plazos procesales, salvo los supuestos de servicios esenciales, mientras dure el estado de alarma.

¿Se imagina alguien lo que sería reducir la actividad de la policía solo a las actividades esenciales? Y además, ¿cuáles serían esas actividades esenciales?

Pues algo semejante ocurre con los jueces: ¿pueden los mediadores públicos en toda clase de conflictos reducir su actividad solo a lo esencial? Y ¿qué es lo esencial? Una cosa es proteger contra posibles contagios a los "desfacedores de entuertos" y a todos los que se mueven en ese mundo de los tribunales y otra bien distinta es mantener que todos ellos (o la gran mayoría) se queden en casa —sin hacer nada o rematando autos y sentencias que estaban a medias—. Seguro que hay posibilidad de reducir aglomeraciones en las sedes de los juzgados o disminuir el aforo a las vistas, pero el tercer poder del Estado, que además es el encargado de controlar al Ejecutivo, no puede quedar de brazos cruzados salvo "actuaciones esenciales".

"A mí me parece que este, el de reducir las actividades judiciales solo a las esenciales, es el mayor error del estado de alarma"

En una sociedad compleja como la nuestra, los conflictos no pueden quedar latentes durante largo tiempo, sin ni siquiera un inicio del proceso, porque ese inicio puede calmar el instinto —existente, explicable hasta cierto punto, pero controlable— de tomarse la justicia por la mano. El que los ciudadanos no andemos a garrotazos entre nosotros depende en gran medida de la existencia de unos señores y señoras provistos de toga con puñetas que nos dicen a todos quién tiene razón, quién no la tiene o quién solo la tiene a medias. Hemos reprimido nuestro instinto de venganza privada solo porque hemos institucionalizado, a través del Derecho, esa venganza y hemos encargado que la ejerzan de manera pública los encargados de administrar justicia.

A mí me parece que este, el de reducir las actividades judiciales solo a las esenciales, es el mayor error del estado de alarma.

Segunda noticia: "Al juez se le controla con el palo y la zanahoria". Esta declaración apareció en el diario 'El Mundo' el día 17 de marzo de 2014 en una entrevista realizada por la periodista María Peral. Y no la pronunció ningún político, sino el mismísimo Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sr. Carlos Lesmes, es decir, el Presidente del órgano político de todos los jueces y tribunales de este país. Está claro que supone una opinión denigrante para todas estas personas implicadas en la administración de justicia, pues les reduce a la condición de un rebaño de animales, poco o nada racionales, ya que da a entender que sus impulsos y actuaciones van a ser controlados bien a través del castigo —el palo— bien a través del premio —la zanahoria—. Con esta declaración, ¿dónde queda la independencia e imparcialidad de los jueces, a la vista de que pueden ser dirigidos —hoy casi podríamos decir "teledirigidos"— hacia donde quiere el poder político mediante una alternancia entre castigos y premios, dosificados convenientemente?

Tercera noticia: "Pijo ácrata" fue la denominación que un político dirigió a un Magistrado de la Audiencia Nacional el 4 de octubre de 2012. Y el político no era cualquiera, sino Rafael Hernando, entonces Diputado y Portavoz Adjunto del Partido Popular. En cuanto al Magistrado calificado de esa manera fue Santiago Pedraz, Magistrado de la Audiencia Nacional, encargado de un Juzgado Central de Instrucción, es decir, de cuestiones penales. Que yo recuerde, no hubo una declaración de reprobación del CGPJ.

"En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos"

Noticias cuarta, quinta y sexta: El día 22 de abril de 2020 trasciende a los medios de comunicación que Isabel Serra, diputada de la Asamblea de Madrid, ha sido condenada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por los delitos de atentado, lesiones y daños, con motivo de su oposición a un desahucio.

Al día siguiente, 23 de abril de 2020, el vicepresidente Segundo del Gobierno Nacional y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y en relación con la anterior condena, escribe en Twitter la siguiente declaración: "Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso".

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EFE

Ese mismo día, 23 de abril, la Comisión Permanente del CGPJ, presidida por el mismo Carlos Lesmes, formula un comunicado frente a la anterior declaración de Iglesias, en que manifiesta su "profundo malestar respecto de unas declaraciones […] en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles".

Pues bien, sin necesidad de opinar sobre lo bien o lo mal fundamentada que pueda estar la sentencia del TSJM, ¿de verdad está legitimada la Comisión Permanente del CGPJ, y en especial su presidente, para censurar un sentimiento de Iglesias, quien, además de vicepresidente, ministro y jurista, es un ciudadano con la libertad de expresión que le otorga la Constitución en su art. 20.1.a)?

¿O es que ese "profundo malestar" del CGPJ solo aparece como una erupción en algunos casos pero no en otros, de modo que todo depende de quién pronuncie la opinión crítica contra un magistrado?

*Antonio Cuerda Riezu, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos