Los ERTE han llegado para quedarse

El reto del Gobierno y de los agentes sociales es poner en marcha un ambicioso proceso de 'concertación social' que tenga como objetivo el empleo de calidad

Foto: El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. (EFE)

En la crisis del covid-19, el Gobierno de España ha optado por que el Estado asuma un activo papel en la gestión de la crisis, y también en el impulso a la recuperación económica. Mucho más activo que el que tuvieron los diferentes gobiernos durante la Gran Recesión de 2009-2013. Es cierto que son muchos los elementos que diferencian ambas crisis, pero en estas reflexiones tan solo quiero centrarme en la diferente actitud del Gobierno.

En 2012, el Gobierno del Partido Popular —ignorando el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva alcanzado por empresarios y sindicatos tan solo unos días antes, que apostaba por la moderación salarial y la flexibilidad interna negociada frente al despido— aprobó una reforma laboral en el contexto de un mercado de trabajo dominado por la precariedad, que tenía como principales objetivos facilitar el despido y reducir la capacidad de negociación de los trabajadores, y de sus sindicatos. El fin último era lograr una sustancial disminución de los salarios. Sus consecuencias fueron dramáticas, más de 3,3 millones de trabajadores despedidos y una fuerte bajada salarial de los sueldos más bajos, lo que produjo un fuerte incremento de la desigualdad social y la pobreza en nuestro país.

Estas medidas, junto con la austeridad fiscal impuesta por el Gobierno de Rajoy, profundizaron la crisis, al desplomar la demanda agregada nacional, y retrasaron en varios años la recuperación económica. En 2013, el desempleo llegó a alcanzar el 27%.

"Estas medidas han permitido que, hasta ahora, las cifras se hayan invertido respecto a la crisis iniciada en 2009"

Por el contrario, las medidas laborales tomadas al inicio de esta crisis por el actual Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas-Podemos (RD-Ley 8/2020 y RD-Ley 9/2020) han facilitado que empresarios y trabajadores utilicen los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como la principal herramienta de gestión de los recursos humanos en las empresas en esta situación excepcional. Esta decisión ha sido refrendada por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el acuerdo alcanzado en mayo para prolongar los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020. A principios de mayo, más de medio millón de empresas habían solicitado un ERTE, llegando a afectar a cerca de 3,4 millones de trabajadores.

Estas medidas han permitido que, hasta ahora, las cifras se hayan invertido respecto a la crisis iniciada en 2009. En marzo y abril de 2020, se han destruido 920.000 puestos de trabajo, pero en la Gran Recesión se perdieron 3,3 millones de empleos asalariados y, sin embargo, el total de trabajadores acogidos a ERTE en 2009, el año que supuso un máximo histórico, fue de tan solo 486.000.

"En Francia, el 'paro parcial' —sistema similar a nuestros ERTE— en marzo y abril afectó a 12,1 millones de trabajadores"

En esta ocasión el Gobierno, contando con el apoyo de los interlocutores sociales, ha optado por proteger laboralmente a millones de trabajadores —evitando la incertidumbre económica y vital que genera la ruptura del vínculo con la empresa—, a la vez que ayudaba a reducir las tensiones de liquidez de las empresas que han visto paralizada su actividad económica. Por decirlo de alguna manera, se ha producido una suerte de criogenización laboral.

Esta utilización generalizada de los ERTE ante situaciones de crisis es una innovación de ingeniería de protección social en nuestro país, ya que supone una decidida apuesta por modernizar y europeizar nuestras relaciones laborales. En marzo y abril de este año, las empresas alemanas notificaron a las agencias de empleo que podían llegar a utilizar el Kurzabeit —prestación por reducción de jornada similar a nuestros ERTE— por un volumen máximo de 10,1 millones de trabajadores, aunque finalmente no todo este volumen de trabajadores puede ver reducida su jornada. En Austria, a principios de mayo, el volumen de trabajadores afectados por reducción de jornada subvencionada superaba el millón. En Francia, el 'paro parcial' —sistema similar a nuestros ERTE— en marzo y abril afectó a 12,1 millones de trabajadores.

Los ERTE han sido un torniquete que ha detenido la hemorragia, pero ha sido una cura de urgencia. Es cierto que desde mediados de abril hay un incipiente cambio de tendencia hacia una débil creación de empleo, los afiliados a la Seguridad Social se han incrementado en más de 100.000, fundamentalmente por la creación de empleo en la construcción y en la agricultura de temporada y porque los servicios y la industria han dejado de destruir empleo. Pero el paciente, la economía española, no está sanado. Nos equivocaríamos si en este momento tomáramos estos datos como una tendencia robusta, ya que para que esto ocurriera deberían confirmarse en las próximas semanas.

Asimismo, tampoco podemos caer una autocomplacencia coyuntural por estas positivas cifras, sin pensar en lo que puede ocurrir en los próximos meses si no se toman otras medidas que trascienden en mucho el ámbito del mercado de trabajo. A partir de este momento, el principal objetivo de las políticas públicas debe ser evitar que cuando finalice el plazo de compromiso de mantenimiento de empleo de los ERTE, cuando se deshaga el torniquete de urgencia, se produzca una sangría de expedientes de regulación de empleo, de miles de despidos colectivos.

En ningún caso podemos olvidar las enormes incertidumbres que aún penden sobre la actividad económica: el tiempo que durará finalmente el proceso de levantamiento escalonado del confinamiento y la vuelta a una nueva normalidad; la posibilidad de rebrotes de la pandemia; la fuerte caída estructural de la demanda que se producirá en algunos sectores —como puede ser el sector turístico orientado a la demanda extranjera—; las profundas transformaciones que se puedan dar en las pautas de consumo y movilidad por el desarrollo de nuevas formas de comercio y transporte; el grado de contracción del comercio internacional; las nuevas tendencias globales que pueden producirse, en términos de una relocalización de empresas más próxima a la demanda o la sustitución de cadenas de valor globales por regionales; el impulso a las fuentes energéticas cercanas y alternativas a las basadas en combustibles fósiles.

"Los ERTE han aliviado las tensiones de liquidez de las empresas y han evitado el desmoronamiento de un mercado de trabajo"

Los ERTE han aliviado las tensiones de liquidez de las empresas y han evitado el desmoronamiento de un mercado de trabajo, caracterizado por un altísimo grado de precariedad, que habría arrastrado a una fuerte caída de la demanda agregada, agudizando aún más la crisis. Pero resulta evidente que hay que empezar a afrontar medidas estructurales, a escala sectorial, que estimulen la demanda de aquellas actividades que tienen un elevado volumen de trabajadores en ERTE y cuya vuelta a la normalidad productiva no va a ser sencilla. Los sectores de hostelería, comercio, transporte colectivo, fabricación de automóviles y componentes y actividades culturales representan el 60% de los trabajadores en ERTE.

La prioridad económica del Gobierno debe ser evitar que los problemas de liquidez de miles de empresas se transformen en problemas de solvencia, ya que ello supondría una pérdida definitiva de empleos y salarios, destrucción del tejido empresarial y reducción del crecimiento potencial de la economía. Resulta evidente que ello trasciende el ámbito de lo laboral e implica a todo el Gobierno, a las comunidades autónomas y a los interlocutores sociales, sindicatos y organizaciones empresariales.

Para que tenga éxito el enorme esfuerzo público que supone, y supondrá, el pago de las prestaciones de millones de trabajadores que se encuentran acogidos a un ERTE y de los desempleados —más de 4.500 millones en el mes de abril— y de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, el proceso de 'descongelamiento' de la economía exige una actuación mucho más quirúrgica por parte del Estado, siempre teniendo en cuenta que la prioridad debe ser el mantenimiento del mayor volumen de empleo posible. El plazo temporal de los ERTE finalizará, pero lo que encarna, en términos de modernización y democratización de las relaciones laborales, debe permanecer.

En estos momentos, el reto del Gobierno y de los agentes sociales es poner en marcha un ambicioso proceso de 'concertación social' que, teniendo como objetivo el empleo de calidad, fortalezca la confianza del conjunto de la sociedad española en nuestro futuro. Un reto que nos interpela a todas y todos.

*Bruno Estrada es economista.

Tribuna
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