A la búsqueda de consensos en torno al impuesto a la riqueza

Si algo caracteriza el debate en torno a la situación económica actual es el consenso casi unánime sobre dos cuestiones.

Por un lado, la coincidencia casi generalizada en la necesidad no solo de recuperar un papel más activo del Estado en la economía sino también la de la importancia de lo público y, más concretamente, de las estructuras del Estado de bienestar para enfrentar riesgos colectivos. Frente a la globalización y su afán por la integración global, esta crisis nos trae la necesidad de reconfigurar lo económico, tanto público como privado, desde una perspectiva de resiliencia. La interdependencia extrema se ha demostrado tan nociva como la autarquía absoluta y el adelgazamiento de los servicios públicos ha disminuido la capacidad de respuesta ante un virus que, no solo ha destruido vidas, sino que también se ha llevado por delante el riesgo y las fórmulas para calcularlo para dejarnos rodeados de incertidumbre radical.

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Javier G. Jorrín

Y, por otro lado, y ya desde una perspectiva coyuntural y probablemente menos compartida, el que la propia naturaleza de esta crisis, que no deriva de la acumulación de riesgos —y, por lo tanto, su respuesta no exige realizar juicios en términos de riesgo moral— exige medidas de liquidez extrema que ayuden a apuntalar la solvencia de quienes la disfrutaban previamente. O, dicho de otra forma, estamos en tiempos de liquidez y no de fiscalidad y hay que garantizar la primera obviando las restricciones que impone la segunda en tiempos de normalidad.

Pero el hecho de que sean tiempos de liquidez y de cómo conseguirla y canalizarla no significa que no se puedan abrir debates sobre fiscalidad que son necesarios acometer si se quieren emprender reformas para mejorar las capacidades de nuestros Estados de bienestar. Pasado el momento de 'shock' inicial y la búsqueda de soluciones de urgencia frente a la coyuntura, llega el momento de trascenderla y repensarnos en cómo deseamos enfrentar los riesgos del futuro, ahora que hemos descubierto que la historia ni es ni ha sido nunca lineal y mucho menos está escrita.

Y en ese marco, entrelazando carencias y demandas no satisfechas, vuelve de forma recurrente la necesidad de plantear una profunda reforma del actual sistema tributario para mejorar la progresividad general y fortalecer, también, la resiliencia de la recaudación tributaria y, con ella, la de nuestro Estado de bienestar.

Nadie puede pensar en mantener una fiscalidad estática en un mundo que ha acelerado la transformación de sus fuentes de riqueza

Un debate que, como se ha señalado, sería erróneo limitar a lo contingente y vincular a las políticas de reconstrucción porque es un problema estructural de este país que, si no se enfrenta, persistirá aún después de haber recuperado los niveles de producción y empleo previos a la crisis. Y, en ese caso, sería más que probable que España siguiera manteniendo un peso de los ingresos sobre el PIB 7,4 puntos porcentuales menor que la media de la Eurozona o que se cronificara esa tendencia a la baja, habida cuenta de que, por ejemplo, en el período 2017-2019 el peso de los ingresos sobre el PIB nominal se redujo en 2,7 puntos porcentuales.

Si a esta debilidad recaudatoria en términos relativos se le suman las características propias de nuestro sistema fiscal, especialmente en lo que a su capacidad redistributiva se refiere, el acicate para repensarlo es aún mayor. Contraviniendo el mandato del artículo 31.1 de la Constitución española, nuestro sistema fiscal destaca por una regresión creciente como consecuencia del incremento sustancial del peso de los impuestos indirectos sobre el conjunto de la recaudación; de la mermada capacidad recaudatoria sobre las rentas empresariales del Impuesto sobre Sociedades; y, finalmente, de la parcial desaparición de impuestos directos sobre el patrimonio y las sucesiones hereditarias que, más allá de su capacidad recaudatoria, se constituían en referencias simbólicas de la necesidad de luchar contra la acumulación creciente de riqueza y de reforzar la igualdad de oportunidades, máxime en un contexto en el que la concentración de esta se ha acelerado.

Se consolida, entonces, un modelo fiscal injusto y poco progresivo, en el que la carga fiscal descansa sobre las rentas de trabajo y sobre el consumo, mientras que las rentas empresariales y los grandes patrimonios encuentran vías para la elusión de sus obligaciones con respecto a lo común.

Contraviniendo el mandato del artículo 31.1 de la Constitución española, nuestro sistema fiscal destaca por una regresión creciente

Y ello no solo es injusto, sino que es disfuncional a su propia función económica, por cuanto eleva la sensibilidad de la recaudación impositiva frente al ciclo económico y, por consiguiente, frente a la estacionalidad de gran parte de nuestro sistema productivo.

En cualquier caso, se trata de un debate que ya estaba abierto y que viene a sumarse al que se tiene a nivel internacional en torno a la fiscalidad de nuevas fuentes de renta (como es el caso del tráfico digital y los grandes gigantes tecnológicos) o de la aceleración de la concentración de la riqueza (evidenciada en los trabajos de Piketty, Zucman o Milanovic). Nadie puede pensar que se puede mantener una estructura fiscal estática ante un mundo que ha acelerado su velocidad de transformación de sus fuentes de riqueza y, si las figuras fiscales tradicionales se han vuelto disfuncionales ante esos cambios, habrá que repensar los hechos imponibles para seguir manteniendo uno de los pilares de nuestro bienestar: un sistema tributario progresivo y con capacidad tanto redistributiva como anticíclica.

Por lo tanto, antes de debatir si se debe implementar un impuesto sobre la riqueza a partir del disfuncional y regresivo Impuesto sobre el Patrimonio actual, hay que discutir si queremos o podemos vivir en una sociedad en la que la desigualdad en términos de renta —y, por lo tanto, de riqueza— se viene incrementando. Teniendo en cuenta, además, que ese incremento se produce no solo como consecuencia de la mejora de unos (capaces de captar mayores porcentajes del crecimiento de la riqueza) sino también del empeoramiento de la mayoría (que ven cómo su situación se deteriora no solo en términos relativos sino también absolutos).

La crisis de 2008 no golpeó a todos por igual y unos pocos la vivieron y aprovecharon en términos de oportunidad

Valgan algunos datos para sustentar la afirmación anterior: en 2017, el 10% de la población concentraba el 53,8% de la riqueza total de país y el 1% concentraba el 25% de la misma (o, dicho de otra forma, el 1% de los españoles más ricos concentraba el mismo porcentaje de riqueza que el 70% de la población más pobre del país). Es más, ese 1% vio incrementarse su riqueza en 5 puntos desde el año 2000, mientras que el 50% más pobre de la población vio cómo esta caía en 7 décimas. Que la crisis de 2008 no golpeó a todos por igual y que unos pocos la vivieron y aprovecharon en términos de oportunidad y la mayoría en términos de supervivencia y declive de sus condiciones vitales no puede encontrar mejor expresión que esos números.

La resultante es que en estos momentos estamos ante un fenómeno que no es que sea nuevo, es que presenta una dimensión más acusada que es preciso, al menos, frenar. Podemos permanecer impasibles ante el mismo, eludiendo los debates, o podemos enfrentarlo como lo que es: una acumulación de riqueza y poder que se encuentra en condiciones de aportar en mayor medida que el resto de la sociedad a unas arcas públicas que necesitan incrementar su resiliencia ante una incertidumbre de la que tampoco quienes detentan dicha riqueza están exentos.

Lo que está claro es que es un debate que ya se ha abierto, que no se debería de cerrar en falso y que nos fuerza a todos y cada uno de nosotros a adoptar una posición que se podría expresar en estos términos: ¿estamos en contra de establecer un impuesto sobre las poco más de 53 mil personas que en este país declaran el Impuesto sobre Patrimonio más de un millón y medio de euros dejando exentos 400 mil euros de vivienda habitual? O, por el contrario, ¿pensamos que esa acumulación de riqueza es susceptible de ser considerada como un hecho imponible en sí mismo que nos permite enfrentar, siquiera ligeramente, el problema creciente de concentración de esta que presenta nuestra sociedad? Aunque igual, hay una pregunta previa a todo ello: ¿creemos que la concentración de riqueza es un problema? Esas 53 mil personas probablemente pensarán que no; pero, ¿y usted?

*Alberto Montero Soler es profesor de Economía Política en la Universidad de Málaga y Giuseppe Quaresima es economista.