Españolito (pobre) que vienes al mundo

No cabe duda de que el ingreso mínimo vital va a paliar los efectos económicos de la pobreza en España. Sin embargo, los sistemas de protección social de este tipo actúan una vez que uno es pobre, pero no están concebidos para evitar que la pobreza se perpetúe. El español que viene al mundo en un hogar pobre corre el riesgo de caer en una serie de trampas de pobreza tanto antes como después de llegar al mercado de trabajo. Reducir el riesgo de pobreza requiere un programa integrado, sistemático y coherente de actuaciones públicas en las áreas de la educación y de la formación profesional. Las políticas redistributivas, aunque imprescindibles, pueden llegar demasiado tarde.

Según Eurostat, las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, aquellas con una renta menor que el 60% de la renta mediana, representan el 26% de la población, frente al 22% en el promedio de la UE. El riesgo de pobreza infantil llega al 30%, unos cinco puntos más que en la UE. Muy probablemente, la crisis del covid-19 no hará sino empeorar la situación, como sugieren las colas ante los bancos de alimentos.

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El nivel de estudios es un factor determinante del riesgo de pobreza. Una de cada tres personas con estudios primarios está en situación de pobreza relativa. Sin embargo, la proporción es de una persona de cada ocho para los que tienen un nivel de estudios elevado.

A lo largo del periodo escolar, el desempeño del alumno viene determinado en parte por factores socioeconómicos. Los informes PISA indican que los estudiantes cuyos padres tienen niveles de estudios más bajos pueden llegar a acumular un retraso de hasta 1,5 cursos académicos. Además, los estudiantes de bajo nivel socioeconómico tienen cuatro veces más probabilidades de repetir curso que los de mayor nivel de renta.

No es de extrañar, pues, que el abandono escolar incida especialmente en los jóvenes procedentes de medios socioeconómicos más desfavorecidos. Según la Comisión Europea, la tasa de abandono escolar en España es del 18%, la más alta de la Unión. Esta ratio es importante, porque la probabilidad de que se emprendan estudios de segundo nivel después de que se haya abandonado prematuramente el sistema educativo es baja.

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En el contexto actual, en el que tanto se discute sobre la digitalización de la educación, conviene resaltar que solo la mitad de las escuelas españolas contaban con plataformas suficientemente dotadas como para implementar el aprendizaje digital. Por tanto, el confinamiento ha podido representar un reto añadido para los estudiantes socioeconómicamente más vulnerables.

Evitar la trampa de la pobreza antes del mercado exige invertir en educación e invertir mejor. España gasta alrededor de un 4% de su PIB en educación, menos que el 4,6% de la media europea. Hace falta un pacto educativo que reduzca de manera significativa el peso de la población con nivel educativo bajo —actualmente, casi un 40% del total— y que reduzca la tasa de fracaso escolar mediante el apoyo a los colectivos de estudiantes más vulnerables, aumentando el porcentaje de los graduados de niveles superiores. Ese pacto educativo debería preparar a los ciudadanos para entrar en el mercado de trabajo con las capacidades necesarias para acceder a empleos de calidad, reforzando la enseñanza de conocimientos fundamentales, incluyendo, claro está, las matemáticas.

Opinión

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¿Qué le espera al joven que llega al mercado de trabajo con baja formación? Según el Banco de España, ya por el hecho de ser joven, comparado con las generaciones anteriores, le esperan menores salarios, pero aún más bajos si tiene un nivel bajo de estudios, ya que ganará la mitad de lo que gane el que tenga un nivel de estudios elevado.

Además, las condiciones laborales serán más precarias cuanto menor sea el nivel de estudios. La ratio de temporalidad para un trabajador de entre 20-30 años y con bajo nivel de estudios puede llegar al 50% y el empleo parcial involuntario afecta al 15% de los trabajadores, lo que contrasta con el 20% y el 5%, respectivamente, para aquellos que tienen un alto nivel de estudios. Además, la duración media de los contratos temporales es mucho más corta para los trabajadores del primer grupo, menos de tres meses, frente a seis meses para los del segundo grupo.

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Pero la vida laboral es larga, y nada debería ser irremediable. Para eso están la formación profesional permanente y la formación de adultos, para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pues no parece ser este el caso de España. El porcentaje total de adultos que participan en programas de aprendizaje es del 10,5%, algo menos que la media de la Unión, lo que ya es sorprendente teniendo en cuenta el alto nivel de paro de larga duración en España. Pero más sorprendente aún es que el porcentaje caiga por debajo del 4% en el caso de las personas menos cualificadas.

Según la Comisión Europea, la financiación pública de la formación de adultos es muy baja en España, mientras que la parte sufragada por el individuo es relativamente alta. El trabajador paga un tercio del coste de la formación, y el sector público, vía las políticas activas del mercado de trabajo, financia tan solo el 15%. Esta cifra contrasta con el 30% de Francia e Italia.

La salida de este círculo de pobreza exige invertir más en políticas activas de empleo, ofreciendo los medios para acceder a una formación continua

La salida de este círculo de pobreza exige invertir más en políticas activas de empleo, que protejan al trabajador en el mercado, ofreciéndole los medios para acceder a una formación continua y mejorando su adaptabilidad al contexto económico cambiante. Esto va a ser crucial en la situación actual, en la que yacimientos tradicionales de empleo han visto mermada seriamente su actividad. Es el momento de fomentar la formación profesional en nuevas tecnologías para que la transición digital represente una oportunidad efectiva para acceder a empleos de calidad.

Pertenecemos a un club que va a poner a nuestra disposición transferencias y préstamos a tipos de interés de triple A en el marco del Fondo de Recuperación. Además, nuestra financiación en los mercados está respaldada por un banco central que mantiene la prima de riesgo bajo control. Ese dinero debería servir para financiar los gastos transitorios asociados a la lucha contra el covid-19, así como para invertir en todo tipo de capital, físico, humano y de conocimiento, incluyendo en infraestructuras educativas y digitales, claves para evitar la trampa de la pobreza. Para esto, también hacen falta unos Presupuestos. Y un plan de reformas. ¿Para cuándo un debate sobre estas cuestiones?

*Carlos Martínez Mongay. Economista y ex director general adjunto de la Comisión Europea.