La solidaridad tiene algunos requisitos

No es acertado confrontar solidaridad con condicionalidad. Es verdad que el término, y el propio concepto, de la condicionalidad está muy desprestigiado por el uso abusivo, e incluso torticero, que se hizo del mismo en algunos de los programas europeos de apoyo financiero —los temidos rescates— a los países en dificultades durante la pasada crisis financiera. Pero la alternativa no está en apelar a la generosidad de una actitud solidaria como si el ejercicio de la solidaridad no implicase el cumplimiento de algunos requisitos.

Este tema ha envenenado las discusiones sobre la nueva arquitectura europea, obstaculizando cualquier avance en la mutualización de riesgos, y ha vuelto a reaparecer en las controversias sobre la amplitud y el diseño del imprescindible y urgente fondo europeo para la reconstrucción, que se ha plasmado en la propuesta de la Comisión sobre un nuevo fondo denominado Next Generation EU.

Algunas de las posiciones más intransigentes en la defensa de la austeridad (los llamados países frugales) han encubierto, en ocasiones, bajo la demanda de condiciones muy estrictas, una actitud de radical desconfianza, que hacía de la condicionalidad una barrera obstruccionista del alcance de los apoyos entre países o del compartimiento de riesgos. Es esa actitud de desconfianza, surgida al fragor de las tensiones de la crisis financiera, la que está bloqueando los avances hacia la introducción de algunos elementos de unión fiscal que son necesarios para una mayor solidez de la unión económica y monetaria. Y también es la que ha amenazado con obstaculizar la respuesta común europea a la crisis sanitaria con los fondos solidarios para la reconstrucción.

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EL CONFIDENCIAL

La superación de esa desconfianza es la clave para hacer avanzar en el reforzamiento de la integración y para articular una respuesta europea a la altura de las graves consecuencias de la profunda recesión en que estamos entrando. Es imprescindible actuar con la vista puesta en la creación de un clima de confianza que desbloquee las reticencias. Desde los países más necesitados de apoyo externo, como es el caso de España, es necesario evitar cualquier impresión de que la demanda de mecanismos de integración solidarios o de nuevos fondos europeos de apoyo comunitario es una excusa para eludir o diluir sus propios esfuerzos o responsabilidades.

La experiencia española ilustra de manera inequívoca que la solidez de la política doméstica es un requisito insustituible para la credibilidad de la demanda de estructuras solidarias que impliquen la ayuda mutua y el compartimiento de riesgos. España ha tenido un punto de apoyo sólido para que sus demandas sean tenidas en cuenta, cuando ha sido convincente en la articulación de sus propuestas solidarias con la plena disposición a la asunción de sus obligaciones en el seguimiento de las pautas de estabilidad macroeconómica y financiera y la prestación de una contribución efectiva a la disminución de los riesgos en el conjunto de la Unión.

La experiencia también demuestra que el protagonismo que alcanzó España en la creación de los fondos estructurales y de cohesión, que fue el hito de la mayor influencia española en proyectos e iniciativas europeas, fue el resultado de vincular la dotación de esos cuantiosos fondos a una actitud proactiva y constructiva para el impulso del mercado interior, en el primer caso, y a la convergencia hacia la estabilidad como exigencia previa para el lanzamiento y la participación en la unión económica y monetaria, en el segundo.

La superación de esa desconfianza es la clave para avanzar en la integración y para articular una respuesta europea a la altura

Dentro de una estructura de integración económica y financiera de Estados nacionales con soberanía en grandes parcelas de política económica, siempre existen requisitos que se deben cumplir para asegurar la lealtad y la confianza. Es difícilmente discutible que el acceso a niveles cada vez mayores de solidaridad y de compartimiento de riesgos esté sometido a la satisfacción de algunos requerimientos. De hecho, ya existen, no solo para acceder a la UE o la UEM —que son muy exigentes— sino también para el recurso a los diversos instrumentos comunes, de carácter presupuestario u otro. La cuestión más delicada y controvertida está en encontrar, en cada caso, una proporcionalidad adecuada de las condiciones que se requieren con la naturaleza y objetivos de los estados o instrumentos presupuestarios a los que se accede.

En el caso de los fondos para la reconstrucción tras el parón de la crisis sanitaria, carece de todo sentido establecer obligaciones de carácter disciplinario o que limiten la soberanía de las políticas económicas nacionales, del estilo de las que se impusieron a través de los programas de ayuda financiera de los rescates. Pero parece difícilmente discutible que el acceso a los nuevos fondos esté sometido a algunos requisitos que aseguren el buen uso de los mismos, en relación con los objetivos de orden sanitario, ecológico o digital, a los que se ha vinculado su establecimiento. Igualmente parece razonable que la ayuda financiera comunitaria esté vinculada al marco de vigilancia de la estabilidad presupuestaria establecido en el semestre europeo para el seguimiento de las economías de los países miembros.

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La finalidad del programa Next Generation EU es contribuir a la financiación de los programas de gasto excepcionales imprescindibles para aliviar el efecto contractivo del parón de la actividad, minimice las pérdidas permanentes y ponga en marcha la reconstrucción. Un esfuerzo que algunos países, por el superior impacto relativo de la pandemia, su mayor exposición a sectores actividad paralizados con los confinamientos y la menor solidez de sus finanzas públicas, no están en condiciones de asumir por si solos sin incurrir en el riesgo de recaer en una nueva crisis de deuda soberana que afectaría al conjunto. Por lo tanto, el recurso a los fondos irá unido a un fuerte aumento del déficit y de las deudas a corto plazo que necesitará de un gran esfuerzo de reconducción a medio plazo en el marco de unos nuevos programas de estabilidad, consistentes con la nueva situación y cuyo seguimiento está en el interés de los países concernidos y del conjunto de la Unión.

Reforzar el marco de seguimiento y vigilancia comunitarios de las economías nacionales establecido en el llamado semestre europeo puede ser, por tanto, un requisito lógico y proporcional que nada tiene que ver con el uso obstruccionista de la condicionalidad. Este es el mensaje que se debe hacer llegar para generar confianza cuando se demanda la solidaridad europea y, con razón, se rechaza la condicionalidad intervencionista de las políticas económicas nacionales.

* José Luis Malo de Molina es economista.