Los hospitales ante la 'tormenta perfecta' sanitaria

Nuestro país se halla en una encrucijada fruto del contexto epidemiológico y económico, situando a las Autoridades ante el reto de dar una respuesta con mayor nivel de eficacia y adaptada a la situación concreta, en lo sanitario, de cada territorio frente a la demostrada hace escasos meses. Desde un sesudo analista económico, y hasta me atrevo a decir cualquier ciudadano, nos diría que su percepción es que nuestra economía difícilmente capearía la ‘tormenta perfecta’ sanitaria de la que ojalá escapemos. La deriva que describen los (confusos) datos epidemiológicos españoles deja pocos resquicios a los más optimistas profetas. El serial diario nos anuncia malos augurios.

Si se promulgara un nuevo Estado de Alarma como el vivido en los últimos meses, con un confinamiento de similares características, lo insostenible de la situación provocaría daños en el sistema económico en el largo plazo. En este sentido, los tres pilares del Estado de Bienestar - sanidad, educación y prestaciones sociales- podrían verse amenazados sin reformas estructurales y ante un reparto político que no contribuye a ofrecer soluciones de ‘luces largas’, sino a tacticismos partidistas. La aritmética democrática dictó sentencia en diciembre y ahora toca gestionarla en un momento históricamente muy complejo.

Volviendo al momento actual, a la crónica de la pandemia, y ante un escenario de nubarrones que se aproximan, las estrategias sanitarias desarrolladas en Europa hasta el momento para proteger a los ciudadanos y movilizar todos los recursos sanitarios, públicos y privados, han permitido limitar en parte las desastrosas consecuencias humanas de la crisis epidémica. Muchos profesionales sanitarios han perdido también la vida en esta lucha y estamos en deuda con ellos por su dedicación.

En España el sistema privado está exhausto tras una colaboración con el sector público tras la que se ha convertido en un recurso estratégico

A grandes trazos, las decisiones en todos estos países respecto a la involucración del sistema de salud privado han mostrado grandes semejanzas a pesar de la descoordinación de la Unión Europea: desprogramación de la atención sanitaria ordinaria para facilitar el acceso a pacientes de COVID-19, la habilitación de mayores infraestructuras de cuidados intensivos y la gestión de la colaboración con las administraciones públicas como un todo indisoluble para encarar de forma ágil y eficaz cualquier situación de emergencia y a disposición plena de sus indicaciones.

En los principales países europeos las ayudas y compensaciones a la sanidad privada no han tardado en tomar forma y, lógicamente, con distintas fórmulas. En Francia, por ejemplo, se ha facilitado a los hospitales privados el pago equivalente al año anterior. Algo similar ocurre en Italia, donde se paga una tarifa especial a los hospitales que reciben pacientes con Covid-19. En Alemania, el Gobierno federal ha aprobado paquetes legislativos para compensar las consecuencias económicas de los hospitales y los médicos contratados. En Reino Unido, el Gobierno tramitó una ley de emergencia para lograr una amplia flexibilidad de personal y regulación, otorgando a la sanidad privada financiación adicional para cubrir los costos adicionales provocados por la respuesta al coronavirus. Decisiones todas ellas de carácter nacional y para todo su territorio que dan estabilidad, certeza jurídica y garantizan la mejor cobertura a la población anteponiendo el freno a la pandemia y la rápida recuperación de sus efectos antes que cualquier otra consideración.

En España el sistema privado está exhausto tras una colaboración con la salud pública que ha convertido al sector empresarial de provisión sanitaria en un recurso estratégico para la movilización tanto de personal como de material e infraestructuras. La decisión del Gobierno de poner bajo el mando único sanitario a todas las clínicas privadas sin importar la incidencia del coronavirus en cada zona, así como la delegación actual de las negociaciones de los acuerdos de compensación entre cada Comunidad Autónoma y las asociaciones territoriales de empresas sanitarias, a partir del fondo sanitario dispuesto por el Gobierno nacional, ha generado una demora en las medidas de ayuda y compensación de grave perjuicio para los centros sanitarios, grandes y pequeños, con y sin internamiento. A pesar de que el ministro Salvador Illa mostró su determinación a ayudar en las negociaciones, la verdad es que, salvo Cataluña, con un acuerdo en marcha desde hace semanas, cada administración autonómica actúa de forma propia y no existe homogeneidad. En resumen, seguimos sin ayudas.

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Sin acuerdos en la práctica totalidad del territorio, con el riesgo de cierre de más de 2.400 centros en toda España y una maltrecha capacidad financiera de los grandes hospitales privados, la crónica de la pandemia nos acerca a una preocupante situación ante el surgimiento de nuevos brotes de Covid-19 y la posibilidad de llegada de una segunda ola del virus. Ante esta hipótesis, el sector hospitalario privado se muestra disponible y abierto a cooperar con las autoridades públicas para luchar contra la pandemia, pero si fuese necesario su concurso lo sería en un marco jurídico fiable en el que se trate por igual a todos en términos de compensaciones, sin mirar su región de procedencia.

La parte privada del Sistema Nacional de Salud está implicada para hacer frente a la pandemia, como ya ha demostrado, como parte integrante de la solución. La salud de nuestros ciudadanos nos obliga, pero la supervivencia de nuestras empresas está en juego. Sin el sector privado, el sistema sanitario no estará en condiciones de responder a esta crisis sanitaria. Porque no somos ni Cuba ni Corea del Norte, los dos únicos países del mundo sin un sistema sanitario mixto.

*Por Carlos Rus, Presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española)