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Tribuna
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Proteger la soberanía productiva: el papel de los fondos europeos
España tiene una gran oportunidad de plantear reformas de calado, siendo el sector agroalimentario una de las palancas más efectivas para armar una estrategia de inversión de futuro
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El debate sobre el uso de los fondos europeos se ha intensificado en los últimos días conforme se acercan los plazos propuestos por la Comisión Europea en su comunicación del 27 de mayo y sustentados por las conclusiones del último Consejo Europeo del 21 de julio. Los países han comenzado una carrera contrarreloj para conformar una oferta adecuada de proyectos de inversión sujeta a las prioridades de política establecidas por la Unión Europea, entre las cuales se sitúan la transición energética (el denominado Pacto Verde o Green Deal), la digitalización, las políticas de cohesión o la seguridad y defensa, entre otras.
Dentro del Pacto Verde, no solo se encuadran las iniciativas de descarbonización de la economía y la reconversión del modo de vida europeo hacia una mayor sostenibilidad ambiental, sino también cuestiones de importante calado como un replanteamiento de la cadena de valor agroalimentaria (recogida en la denominada 'Estrategia del campo a la mesa'), la relación entre agricultura, medioambiente y cambio climático (la 'Estrategia europea de biodiversidad') y la preservación y potenciación de los medios productivos agrícolas en Europa a través de la política agraria comunitaria (PAC), de donde se derivan las inversiones en regadíos, tecnología agrícola y desarrollo rural.
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En este sentido, el sector primario constituye una de las puntas de lanza de la política europea, como siempre lo ha sido desde su fundación, pero ahora defendido desde una mirada singular tanto en el fondo como en la forma. En el fondo, se trata de entender el sector agroalimentario desde el punto de vista de la ‘soberanía productiva’, entendida como la capacidad que tiene la Unión Europea de producir con altos estándares de calidad y exigencia de sostenibilidad los alimentos que llegan a una población consumidora cada vez más numerosa, más diversificada y más concentrada en grandes urbes, además de tener una capacidad de respuesta imprescindible ante episodios como la pandemia covid-19, en que fue imprescindible garantizar el suministro alimentario, igual de importante que el energético, entre otros.
En la forma, la política europea ha girado en los últimos meses desde el ‘reparto’ de fondos cuya ejecución y resultados dependían exclusivamente de los Estados miembros —y con escasa capacidad de supervisión y disciplina por parte de la Comisión Europea— a una concurrencia competitiva nacional a través de proyectos sólidos económica, social y ambientalmente que sean acreedores de la porción de fondos europeos calculados por países en el Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales corresponderían a España en torno a 140.000 millones entre 2021 y 2024. Para alcanzar esta financiación, los países deben presentar planes nacionales de reformas que recojan los proyectos para su evaluación por parte de la Comisión Europea hasta abril de 2021, y tras ello, mediante aprobación del Consejo Europeo, poder recibir la financiación.
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Bajo este nuevo marco, España tiene una gran oportunidad de plantear reformas de calado, siendo el sector agroalimentario una de las palancas más efectivas para armar una estrategia de inversión de futuro con participación de múltiples actores con impacto transversal en la economía española. No solo se busca cubrir actuaciones de urgencia sino una modernización desde la base que empuje toda la cadena de valor agroalimentaria de manera que se busque el mayor impacto directo, indirecto e inducido sobre la economía española. Una de las acciones que cumplen con esta visión es la inversión en infraestructuras hídricas, en particular para regadíos, de manera que se consigue una mayor eficiencia en un recurso tan escaso como a día de hoy ya es el agua y que será aún más escaso en los próximos años por efecto del cambio climático. Ejemplos como el Canal de Urgell muestran la capacidad de desarrollo económico, social y territorial, exigida por la política europea de reconstrucción para la presentación de los proyectos susceptibles de ser incluidos en el fondo.
En definitiva, es necesario no olvidar que los fondos europeos no serán para la puesta en marcha de obras faraónicas sino para crear enlaces, implementar estrategias de coordinación, unión y ensamblaje de todas las piezas preexistentes para crear una verdadera red integrada de servicios, mercados, infraestructuras y marcos regulatorios. De esa forma, un país completamente ensamblado, coordinado y unido en todos los sentidos, se convierte en una potencia global que puede competir con todas las condiciones y necesidades que otros países más grandes o con más capacidad financiera.
*Baldiri Ros, presidente del Institut Agrícola Català de Sant Isidre y vicepresidente de Foment del Treball.
El debate sobre el uso de los fondos europeos se ha intensificado en los últimos días conforme se acercan los plazos propuestos por la Comisión Europea en su comunicación del 27 de mayo y sustentados por las conclusiones del último Consejo Europeo del 21 de julio. Los países han comenzado una carrera contrarreloj para conformar una oferta adecuada de proyectos de inversión sujeta a las prioridades de política establecidas por la Unión Europea, entre las cuales se sitúan la transición energética (el denominado Pacto Verde o Green Deal), la digitalización, las políticas de cohesión o la seguridad y defensa, entre otras.