Regular el precio del alquiler no soluciona nada

El control del alquiler no baja los precios, bienvenidos a la realidad. Ni siquiera es nuevo: con Franco, se llamaba 'renta antigua' y fue precisamente Miguel Boyer, un ministro socialista, el que certificó su fracaso y promovió su derogación. El preámbulo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos ya señalaba que el 50% de los contratos celebrados con anterioridad a la ley de 1964 eran rentas que se pueden calificar como ‘ineconómicas’. "Las disfunciones que esta situación genera en el mercado", continúa el preámbulo, "son tales que han convertido el arrendamiento en una alternativa poco atractiva frente a la de la adquisición en propiedad en relación con la solución al problema de la vivienda". Esto es exactamente lo que pasa cuando se interviene el mercado del alquiler.

En la sociedad en que vivimos, cuando más importantes son la movilidad laboral y la adaptación a diferentes situaciones familiares, debemos incentivar el alquiler, no frenarlo. Los ciudadanos tienen que poder ser libres de elegir la alternativa que más convenga a sus aspiraciones profesionales y personales, y para eso necesitamos más oferta de alquiler y no menos, sobre todo en las zonas tensionadas.

Opinión

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La regulación del precio de los alquileres tampoco ha resuelto el problema de precios en otros países y ciudades donde se ha intentado implantar y donde ha generado, además, un efecto perverso, al introducir otros problemas en el parque inmobiliario que tardarán años en ser resueltos. En Berlín, por ejemplo, con subidas desproporcionadas del 36% desde su implantación por efecto rebote; en París, donde se ha institucionalizado un mercado negro del alquiler haciendo desaparecer de la noche a la mañana un 20% de la oferta; en Suecia, donde el tiempo medio para disfrutar de este alquiler es de un año y medio, o como en Nueva York, donde la falta de incentivos frena la inversión en mantenimiento en los edificios afectados, lo que provoca una aceleración en la degradación de sus barrios.

Sin embargo, Podemos lleva dos años insistiendo en el falso mantra del control de precios al alquiler de vivienda. Durante estos dos años, dos 'stopper' socialistas, de reputado prestigio profesional en el sector inmobiliario, dieron la batalla ideológica a sus ínfulas populistas. Tanto Beatriz Corredor como Helena Beunza, además de Nadia Calviño, evitaron que el PSOE pasara por el aro del intervencionismo y defendieron que la verdadera lucha contra el aumento de precios se combate con principios liberales, como generar una mayor oferta que dé respuesta a la demanda existente y, sobre todo, a través de una decidida apuesta por un parque de vivienda pública en alquiler. Pero ellas ya no están y la extrema izquierda gana, pasando por encima incluso del criterio de Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno. Es desalentador que la lógica de alianzas cortoplacista del Partido Socialista esté dilapidando sin miramientos principios constitucionales tan necesarios como la propiedad privada y el libre mercado, sin datos ni antecedentes que validen esta medida regresiva contraria al libre mercado sin antecedentes favorables.

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Las causas se demuestran con datos. En Madrid, llevamos un año y medio gobernando y, aunque nuestra prioridad es paliar los efectos de la pandemia, seguimos desarrollando una intensa actividad municipal para crear nuevo suelo finalista y, por tanto, más oferta; lo que ha contribuido a una bajada de precios del alquiler en toda la ciudad del 3,8% con respecto al año anterior. Los descensos de precio más acusados han ocurrido allí donde más promociones 'build to rent' se están construyendo, como Vicálvaro (-4%), Barajas (-5,2%) o Villaverde (-6,6%).

Además, la apuesta decidida por la construcción de más de 2.500 viviendas en derecho de superficie con colaboración público-privada templará aún más los precios, porque garantizaremos rentas inferiores al 20% del precio de mercado de la zona.

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Para terminar, no debemos olvidar dos variables fundamentales que el populismo intenta eliminar. Primero, España es un país de pequeños propietarios de clase media: el 76% de los hogares españoles son en propiedad, por lo que de manera inmediata este afán intervencionista frenará el parque vacío de vivienda que pudiera salir al mercado por iniciativa propia. Es lo que ha ocurrido en todos los sitios donde se ha aplicado el fallido control de precios, y no debemos obviarlo. Segundo, en España no hay un vacío legal en regulación de alquileres: ya existe una Ley de Arrendamientos Urbanos que establece deberes, garantías, derechos y plazos, pero no precios.

La regulación de los precios del alquiler es simplemente un paso hacia un proyecto de país iliberal que el populismo jamás ha ocultado anhelar. Y eso ahora, justo ahora, no lo podemos permitir. Si del Ayuntamiento de Madrid depende, esta normativa no entrará en vigor en la ciudad de Madrid. Nuestra ciudad será, como siempre, la última frontera liberal frente a las políticas fracasadas de Podemos.