'Mens sana in corpore sano'

'Mens sana in corpore sano', proclama la cita latina de las 'Sátiras' de Juvenal. La cita tiene su origen en la lengua madre de nuestro castellano, necesitado hoy de defensores, no porque el castellano haya dejado de ser la lengua que más personas hablan en el mundo —que lo sigue siendo—, sino porque el actual Gobierno de España no ha dudado en mercadear con la lengua que constituye uno de los nexos comunes de la nación española reconocido en la propia Constitución. Lo más triste y vergonzoso es que lo haya hecho precisamente para complacer a quienes quieren acabar con ella.

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Jugar con lo que nos une no parece la mejor forma de dirigir un país, salvo que el objetivo sea que deje de serlo. España, su unidad y su lengua a cambio de un puñado de votos, a un presupuesto absolutamente contrario a lo que necesita el país para salir de la crisis, y absolutamente opuesto a lo que están haciendo el resto de países del mundo para superar esta compleja situación: bajar impuestos, apoyar a las empresas a mantener el empleo y salvaguardar la actividad económica tras la crisis.

Nada de esto se propone en esta España, en que el Gobierno ha decidido hacer el presupuesto para los españoles al margen de los españoles, sin contar con los partidos a los que mayoritariamente han votado. Mientras al Partido Popular le pedían el apoyo incondicional a un cheque en blanco sin siquiera mostrar un borrador de cifras, estaban mercadeando el futuro de España con Bildu y los nacionalistas e independentistas que no dudaban en afirmar públicamente que veían aquí su oportunidad para acabar con el país del que forman parte y que les paga sus sueldos públicos.

Subir el IVA a las bebidas azucaradas tiene una consecuencia inmediata: el perjuicio a los productores y a los consumidores

Nuevamente trabajando para sí mismos y para sus intereses políticos, al margen de los problemas del país. Ni la pandemia ni la crisis han doblegado la intención del Gobierno de convertir España en una nación de naciones, de acabar con la unión entre españoles, controlar las instituciones y socavar los principios más elementales de nuestra democracia y libertad.

Su hoja de ruta se aleja sin ningún pudor de la senda del interés general. Hace mucho que la abandonaron en busca únicamente de sus intereses, que incluso también dejaron de ser partidistas para ser estrictamente particulares. Nos mienten para hacernos creer que este proyecto de presupuestos es lo que necesita España en este momento. Que subirnos los impuestos mientras el resto de países de Europa los bajan y ayudan a sus empresas a mantener el empleo es una forma de protegernos, que subir el diésel o el precio de los seguros solo afecta a los ricos, o que están velando por nuestra salud cuando suben el IVA a los plásticos de un solo uso, o a los yogures, los batidos y los zumos.

Un proyecto de presupuestos que atenta especialmente contra el medio rural y sus habitantes, y que, incluso el FMI alerta del negativo impacto que tendrá en las rentas más bajas. De hecho la previsión de ingresos que el Gobierno persigue obtener con los impuestos que impactan directamente en el medio rural es muy superior de lo que el mismo proyecto de presupuestos prevé dar al campo y al medio rural.

Sánchez e Iglesias ven el medio rural como una oportunidad para hacer hucha. A pesar del derroche de millones que llegan desde Europa y de que el sistema alimentario representa casi un 12% del PIB nacional, al campo llega un raquítico 1,65%, 407 millones de euros, prácticamente lo mismo que pretenden recaudar sólo con la subida del IVA a las bebidas azucaradas, es decir a las frutas, lácteos y refrescos, bajo la insultante excusa de proteger nuestra salud. Todo ello con el silencio cómplice del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación supuestamente dedicado a velar por los intereses del medio rural, su economía y sus gentes.

Nos toman por tontos y sin ningún pudor. Baste recordar que esta repentina preocupación por nuestra salud viene del mismo Gobierno que decidió que la Agencia de Seguridad Alimentaria dejara de depender del Ministerio de Sanidad y pasara al de Consumo, es decir, decidieron que por primera vez y contra toda lógica, nuestra seguridad alimentaria no depende de sanitarios sino de los asesores políticos del ministro Garzón. Los mismos que apostaban por legalizar la marihuana hace unos meses, que publican tuits diciendo que estamos robando la leche a las vacas o que han promovido campañas como los lunes sin carne.

Los hábitos de vida inciden en la salud, de eso no cabe duda, promover estilos de vida saludables es responsabilidad del Gobierno, entenderíamos por tanto que se promoviera la dieta mediterránea como estilo de vida; que se hicieran campañas para promover prácticas deportivas frente al sedentarismo, para evitar el consumo abusivo de todo tipo de alimentos. Sin embargo, que en lugar de ello se destinen fondos públicos a demonizar un alimento y generar alertas injustificadas por pura ideología, ni lo entiende nadie ni debiera formar parte de las actuaciones de un Gobierno medianamente responsable (más de 130.000 euros ha costado la campaña contra el azúcar)

Subir el IVA a las bebidas azucarada tiene una consecuencia inmediata: el perjuicio a los productores y a los consumidores. Cuatrocientos millones de euros a costa de perjudicar seriamente al sector productor de remolacha, de frutas, de refrescos o de lácteos, sectores que no son precisamente ricos ni están instalados en grandes urbes.

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El sector de frutas verá como toda aquella producción que no se venda para zumos y néctares pasará a ser desperdicio alimentario, mientras los lineales de los supermercados se llenan de productos de otros países con menores trabas y costes de producción y ventas.

Al sector lácteo no le dejan levantar cabeza. Ya en plena pandemia, ante la inacción del Gobierno, los productores de leche se vieron obligados a renovar contratos con una normativa absolutamente imposible de cumplir, y en esta ocasión le toca a los trasformados, los batidos, horchatas, yogures líquidos, etc.

El sector productor de remolacha tiene en este momento 4.400 cultivadores y genera 15.000 empleos directos e indirectos en las fábricas de Castilla y León y Andalucía, con serias dificultades de producción, de mercado y una competencia atroz de otros países.

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La industria de refrescos, la distribución, la hostelería también resulta seriamente afectada a pesar de lo que el Gobierno nos lo quiera negar. Nos mienten sin rubor, cuando lo cierto es que la hostelería compra sus productos mayoritariamente en diferentes entidades de distribución, con lo que no cabe ninguna duda que tendrán que pagar un 17% más por las bebidas azucaradas que compren, justo lo que necesitan para superar la situación que están viviendo.

Los efectos de la medida pueden ser desastrosos para nuestra maltrecha economía y en concreto para el sistema alimentario. En conjunto estamos hablando de un impuesto que afectaría a 30.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y que pagaría mayoritariamente los hogares con rentas más bajas (22%).

Según el estudio realizado por FIAB (Federación de Industria de Alimentación y Bebidas de España) la aplicación de este impuesto supondría una perdida mínima de 6.000 puestos de trabajo, una reducción en la facturación que podría llegar hasta los 370 millones de euros, y una pérdida del valor añadido bruto que podría llegar a los 344 millones de euros, todo ello para que el Gobierno recaude 400 millones, el 22% a costa de los hogares con rentas más bajas.

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Y todo bajo la noble idea de recorrer un camino que otros países ya han desandado por ineficiente. Quizás el Gobierno debería documentarse para comprobar que países como Dinamarca, Eslovaquia, Australia, Colombia que lo establecieron lo han retirado precisamente porque no hay evidencia de que impacte para nada sobre la salud y si la hay y muy clara de lo que impacta negativamente en la economía.

Definitivamente o nos han tomado por tontos o realmente les da lo mismo lo que pensemos. Su destructiva hoja de ruta es lo que marca el camino de España, su ideología y su sillón por delante de los intereses de los ciudadanos, de todos y cada uno de los españoles.

No estaría de más que el Gobierno de este país tuviera la mente suficientemente sana y clara como para dejar de mentir y de buscar apoyos tóxicos y poco saludables en los delirios comunistas, nacionalistas e independentistas que pretenden acabar no solo con la salud del país, sino con algo mucho más serio, su unidad y su futuro.