¿Se debe renunciar al préstamo de 67.300 M del fondo de recuperación de la UE?

Los préstamos que nos ofrece la UE deben entenderse, más que como un riesgo para el Tesoro, como una oportunidad para tratar de hacer frente a los efectos de la crisis

Foto: La ministra española de Economía, Nadia Calviño. (EFE)
La ministra española de Economía, Nadia Calviño. (EFE)

El Gobierno ha anunciado que su intención es renunciar en la presente legislatura a los 67.300 millones en créditos que ofrece Bruselas y solo reclamar los 72.700 millones de transferencias. La idea es pedirlos, si es necesario, en una segunda fase, a partir de 2023. Téngase en cuenta que las trasferencias a fondo perdido no incrementan la ya elevada deuda del Estado, mientras que los préstamos deben ser devueltos y someten el Ejecutivo a más condicionalidad. Ante estos hechos, una primera justificación para renunciar por ahora a los préstamos es que pueden solicitarse en seis años, mientras que las transferencias, solo en el periodo 2021-2023. La prioridad del Gobierno es ejecutar las inversiones que se puedan hacer con los 72.700 millones de subvención. De hecho, para acelerar el proceso, el Gobierno ha incorporado unos 27.000 millones al anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2021, pese a que el procedimiento de aprobación por Bruselas es lento.

Sorprende que no haya habido un debate público sobre un tema tan importante como este. En este sentido, sin embargo, son destacables las interesantes aportaciones de un artículo que ha publicado al respecto en El Confidencial Carlos Sánchez.

Otra posible razón para renunciar por ahora a los préstamos es el deseo del Gobierno de seguir una política de financiación muy conservadora. De hecho, el Gobierno ha revisado a la baja sus previsiones de endeudamiento hasta finales del presente año en unos 15.000 millones de euros. El objetivo es tratar de reducir hasta el mínimo posible las necesidades de financiación del Estado.

Las trasferencias a fondo perdido no incrementan la deuda del Estado, mientras que los préstamos deben ser devueltos, con más condicionalidad

A la prudencia financiera por parte del Tesoro cabría añadir una preocupación sobre la presunta condicionalidad que incorporan los préstamos, así como razones reputacionales —posibilidad de ser estigmatizado por los mercados— por ser el primer país del sur de Europa que pida este tipo de préstamos.

Frente a las posibles razones que justifican la renuncia a solicitar por ahora los citados préstamos, se pueden ofrecer tres tipos de argumentos a favor de sí hacerlo: financieros, de integración fiscal europea y de oportunidad económica.

Desde un punto de vista financiero, resulta difícilmente justificable renunciar a préstamos a tipos de interés privilegiados. La deuda emitida por la Unión Europea disfruta de una calificación triple A, la más elevada y mucho de mejor calidad crediticia que España (Baa1, Moody’s). Por lo tanto, se estaría renunciando a que el Tesoro español se financie más barato.

Integración fiscal europea

En segundo lugar, el nuevo mecanismo de financiación conlleva avanzar en la integración fiscal europea, algo que España y otros países del sur de Europa han estado reclamando durante años. En este sentido, convendría recurrir a esos préstamos ya, sin esperar a 2022 y 2023, pues su utilización permitiría mutualizar riesgos y abaratar la financiación del déficit público. Es importante tener en cuenta que esas emisiones están avaladas por los Estados financieramente más solventes de la UE.

En tercer lugar, cabe argumentar que la prudencia financiera pierde su sentido cuando se tienen en cuenta las consecuencias devastadoras que la pandemia está teniendo en la economía. La crisis es de tal magnitud y las necesidades tan grandes, que no parece ser el momento de seguir estrategias financieras conservadoras. Apelar a endeudarse lo 'mínimo posible', en cierto modo, implica desconocer la realidad económica que ha traído la pandemia.

Los préstamos que nos ofrece la UE deben entenderse, más que como un riesgo para el Tesoro, como una oportunidad para tratar de hacer frente a los efectos de la crisis. El deterioro de la imagen de España a nivel internacional no vendrá por endeudarse en condiciones financieras óptimas, sino si permitimos que el desempleo siga creciendo y la riqueza destruyéndose a ritmos alarmantes.

Para superar las lógicas reticencias del área económica del Gobierno —en parte, justificadas por el deplorable historial de ejecución del gasto de los fondos europeos durante el periodo 2014-2019, cuando solo se gastó el 34% de lo concedido—, lo que se debería hacer es tomar todas las precauciones necesarias para dotarnos de un 'stock' suficiente de proyectos solventes con un efecto arrastre contrastado y que permitan impulsar la transformación y modernización del sector productivo español. En este sentido, el reto se pasa a la iniciativa público-privada, que debe evidenciar la capacidad de concebir y ejecutar proyectos que superen los estrictos criterios europeos.

*Francisco Mochón es presidente de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) y catedrático de Análisis Económico.

Tribuna