¿Se mantendrán los ERTE en 2021?

La figura de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) no supone ninguna novedad en la Europa continental. Tampoco lo es en el caso español, aunque sí lo es la profusión de su uso durante el año 2020 como medida específica orientada a paliar los efectos socioeconómicos del covid-19 y, también, en lo que a su forma de financiación se refiere. En España, se observan menores niveles de destrucción de empleo y de aumento del desempleo (medidos ambos en número de personas) que en crisis previas, asociados a una mayor protección del empleo vía ERTE. Por el contrario, la caída en el número de horas efectivamente trabajadas (lo que nos ofrece de forma más clara una idea de la demanda de trabajo) ha sido mucho mayor que la del empleo en la actual depresión económica.

En España, tras la irrupción de la pandemia, la caída del empleo fue muy intensa en los primeros dos meses, si bien debido al proceso de desconfinamiento adoptado a partir de mayo se produjo una cierta recuperación del mismo. Esto muestra una evolución que dibuja un perfil de crisis de empleo bastante diferente a las recesiones vividas con anterioridad.

1. El ajuste del empleo en la crisis del covid

Desde el 12 de marzo hasta fin de abril el sistema productivo español perdió 947.896 afiliados a la Seguridad Social. A pesar de que en esos dos primeros meses la filiación cayó de forma intensa, posteriormente el empleo registrado tendió a subir. No obstante, diciembre se cerró con una cifra alejada en más de 356 mil personas sobre la misma fecha del año anterior. La comparativa con la tendencia en la ocupación que se venía registrando en la economía española, desde el inicio de la recuperación de la Gran Recesión, muestra la dimensión real del crac de empleo habido en estos meses de pandemia.

Desde abril, se observa una mejora respecto a marzo, debido al freno que los ERTE ha supuesto para la pérdida de empleo. El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid, introduce los ERTE como medida de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, incorporando a la regulación ya existente sobre esta herramienta (ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornada) subvenciones públicas que rebajan los costes de su utilización para las empresas y mantienen un cierto nivel de rentas salariales para los trabajadores (el 70% de su salario previo).

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El sistema de protección llegó a dar cobertura a 3,6 millones de personas (el 17 de abril se registraron 3.606.224 trabajadores en ERTE), cerca del 20 por cien de las afiliadas a la Seguridad Social. Un porcentaje que, tras la desescalada en el confinamiento, en los meses de verano, se ha mantenido en el entorno del 4 por ciento, con un repunte en noviembre debido a la incidencia de la segunda ola de la pandemia.

La comparación entre la pérdida de empleo y las horas efectivas trabajadas refleja con contundencia el actual mantenimiento del empleo que se ha llevado a cabo con la aplicación de ERTE. Mientras en la crisis pasada el ajuste se produjo vía puestos de trabajo (casi 2 millones perdidos en la primera crisis de 2008-2009 y un total de 3,7 entre 2008 y 2014), en 2020 son las horas efectivas trabajadas las que han caído con mayor intensidad.

Ajuste del empleo en la Gran Recesión y en la pandemia

Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística)

En esta crisis, la financiación por parte del Gobierno de los costes asociados a los expedientes constituye, temporalmente, un dique de contención del cierre de empresas y de destrucción de empleo en determinadas ramas de actividad. Así, tanto el descenso de la ocupación como el aumento del desempleo son notablemente más moderados, hasta la fecha, en esta crisis que en la anterior. En esto último se deja notar no solo el fuerte incremento del número de trabajadores en ERTE, sino el volumen de expedientes, que experimentan un notable crecimiento entre marzo y diciembre de 2020 (absoluto y, sobre todo, relativo) sobre los resultados de años previos.

Pero, asimismo, se observa en los datos de 2020 un crecimiento inusual del número de personas en inactividad, consideradas como activas potenciales, que llegó a rozar el millón y medio en el segundo trimestre. La imposibilidad de buscar activamente un empleo (por el cierre de la actividad de las empresas) o la no disponibilidad para incorporarse a uno en las dos semanas siguientes (por ejemplo, por enfermedad o por cuidado de hijos, mayores o dependientes) son causas por las que se ha ampliado este grupo. Ello ha contribuido también a aliviar, hasta el momento, las cifras de desempleo habitual estimado.

Como consecuencia, se puede constatar un aumento notable de la tasa de desempleo ampliada (que incorpora la actividad potencial y el subempleo por tiempo parcial involuntario), con un máximo en el segundo trimestre del 26% (3,8 puntos porcentuales más que un año atrás). La diferencia entre la tasa de desempleo normal y la ampliada se extiende hasta 10,7 puntos en ese trimestre, el valor máximo de las series estimadas hasta ese momento. Lo cual nos indica que también hay un desplazamiento de actividad hacia la inactividad involuntaria, que ayuda a moderar el crecimiento de la tasa de paro actual, pero que, ante un cambio de coyuntura, podría incorporarse con inmediatez al mercado laboral.

El papel de los ERTE en la crisis

En otros países europeos (centro y norte de Europa), hace más de una década, durante la Gran Recesión, se utilizaron con intensidad este tipo de mecanismos, y ya entonces se podía afirmar que tales herramientas de reducción del tiempo de trabajo (es decir, el recurso a la flexibilidad interna en lugar de la externa) permitieron que las tasas de desempleo se mantuvieran relativamente estables, a pesar del 'shock' de demanda de trabajo que entonces se vivía a causa del colapso financiero de 2007. Es lo que ha ocurrido en España ahora, a diferencia de lo sucedido en los inicios de la crisis anterior. En 2009 creció la tasa de paro en 6,5 puntos porcentuales en un año (del tercer trimestre de 2008 al tercero del siguiente), en tanto que entre el tercero de 2019 y el de 2020 ha ascendido tan solo en 2,3 puntos porcentuales.

No obstante, la incertidumbre sobre la duración de la pandemia y la profundidad de la crisis generada arroja dudas en las instituciones sobre la "eterna" efectividad del uso de estos instrumentos. Añadiendo, incluso, que no todos los efectos de tales tipos de medidas son positivos para el conjunto del mercado laboral.

Porque el ajuste vía reducción del tiempo de trabajo es eficaz cuando la recesión está acotada en el tiempo y, sobre todo, puede ser exitosa en economías con sectores de alto valor añadido, con plantillas altamente cualificadas y difícilmente sustituibles. En países como España, donde el mayor ajuste se produce en sectores con elevada temporalidad (como es el caso de la construcción y las ramas vinculadas al turismo y al ocio) y con exceso de oferta de mano de obra (porque no es necesaria, en términos generales, una elevada cualificación), para las empresas retener a dicha mano de obra no es la solución óptima, al preferir llevar a cabo medidas de flexibilidad externa (despidos o finalización de contratos).

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Los ERTE están constituyendo un escudo de protección de la estabilidad social, frenando el crecimiento del desempleo en estos meses de pandemia. En general, se espera de su aplicación evitar una disminución drástica del volumen de empleo, que podría suponer una pérdida por la propia inercia descendente en la dinámica de la producción de bienes y servicios.

Las fortalezas de esta herramienta, de mantenimiento de las rentas del trabajo y del consumo privado, de empleo y empresas, son asimiladas por el conjunto de la Unión Europea como una necesidad económica del momento. Además, en países como España, donde en la doble crisis pasada se impuso la devaluación salarial (interna) como método de ajuste, los gobiernos pueden encontrar ventajas en los ERTE, preservando un empleo de más calidad y limitando una mayor precarización laboral al contener un posible descenso de los salarios de reserva que se produciría en el caso de aumentar el desempleo. Se estaría de este modo evitando una mayor precarización laboral generada en la transición empleo-paro-empleo. Vía ERTE, inicialmente, se elimina el escalón del desempleo, conteniendo la presión a la baja de las remuneraciones.

Sin embargo, por otro lado, el alargamiento de la protección de una parte de la ocupación podría agravar el dilema planteado por el modelo que diferencia el rol de los trabajadores de dentro y de fuera (de las empresas) en la determinación de los salarios y, por extensión, del desempleo, ahondando así en la dualidad del mercado laboral y agudizando el problema del paro estructural (de muy larga duración y del juvenil) para determinados grupos de personas que sufren el desempleo o la inactividad involuntaria.

El futuro de los ERTE en la economía española

En este escenario de incertidumbre, cabe plantear que prolongar indefinidamente la financiación de los programas (transfiriendo fondos desde los Presupuestos Públicos, para prestaciones por ERTE y para cotizaciones a la Seguridad Social) no es una opción que pueda extenderse de forma permanente en el contexto del ciclo actual (con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo acechando en la esquina.

Los ERTE, al igual que la mayor parte de las versiones europeas de este instrumento, fueron diseñados en la prepandemia para mantener el empleo en situaciones de corta duración y cuyo grupo objetivo son sectores o empresas con desajustes temporales de demanda. En este sentido, el alargamiento de la pandemia sin un fin claramente definido pone en duda su validez estructural como mecanismo permanente de sostenimiento de empleo y empresas. El resultado es que los ERTE han retrasado las decisiones de despido y cierre y, por tanto, el ajuste. Pero si la pandemia se prolonga no lo podrán evitar en actividades donde la reestructuración terminará sucediendo. El ajuste del empleo, inevitablemente, se irá produciendo en aquellas empresas que definitivamente no puedan mantenerse en el mercado.

El ajuste del empleo, inevitablemente, se irá produciendo en aquellas empresas que definitivamente no puedan mantenerse

En conclusión, el peligro futuro que acecha a economías como la española, que han empleado masivamente el recurso de la flexibilización interna, es que, si la recuperación económica no es rápida y sólida, los recursos públicos ya se habrán agotado (las empresas no tendrán más margen de maniobra, ni los trabajadores de ajustar sus salarios) y se terminará acudiendo a fórmulas de flexibilización externa.

Con la esperanza de que la pandemia vaya remitiendo a lo largo de este 2021, los ERTE siguen siendo la apuesta de Gobierno e interlocutores sociales ante la debilidad de la economía. La finalización de la actual prórroga el 31 de enero los obliga a negociar a lo largo de este mes un cuarto acuerdo que prolongue esta medida, en este caso hasta mayo de 2021, en términos similares a los vigentes (I acuerdo en el RDL 18/2020 de 12 de mayo; II plasmado en RDL 24/2020 de 26 de junio; y III en el RDL 30/2020, de 29 de septiembre).

Con ello se logrará contener un flujo masivo del empleo al desempleo, especialmente en los sectores de actividad más afectados por la pandemia. Pero esta medida deberá ir acompañada de otras que miren a más largo plazo al mercado laboral y la economía española. Porque, a pesar del esfuerzo de los ERTE, la pandemia está teniendo consecuencias drásticas sobre el mercado de trabajo, en términos de desempleo y desigualdad.

*Santos M. Ruesga es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid.

*Ana I. Viñas es profesora de Economía Aplicada en la Universidad Europea.

Ambos son miembros del grupo SET-LASE (UAM)