¿Seguimos o bajamos la persiana? (I)

Quizá Juan y María deberían haber tirado ya la toalla. Son propietarios de tres pequeñas tiendas de ropa en Galicia y tienen siete empleados. A finales de febrero de 2020, con la ilusión de una nueva temporada, cerraron la compra de la colección primavera-verano 2020. Sin embargo, en marzo, el covid-19 y el confinamiento hicieron que se quedara sin vender. Llegado el verano, quisieron creer en la vuelta a la normalidad y decidieron comprar la colección otoño-invierno. Otro desastre. En total, las ventas han bajado un 80% en 2020 respecto a 2019. El género se acumula. Las deudas también: deudas para pagar el alquiler, los proveedores y los gastos de seguridad social. Principios de 2021: ante la nueva ola de coronavirus y las restricciones se plantean la que puede que sea una de las preguntas más difíciles de su vida: ¿seguimos o bajamos la persiana? ¿Seguimos endeudándonos ante la incertidumbre actual o tiramos la toalla, y con ella nuestro proyecto de vida y los puestos de trabajo de nuestros empleados?

Como María y Juan, cientos de miles de autónomos y pequeños empresarios, dueños de bares, restaurantes, gimnasios, agencias de viajes y negocios de todo tipo hacen frente al mismo drama: ¿seguimos endeudándonos o bajamos la persiana? Y lo hacen en un contexto de incertidumbre total. Muchos saben que sus negocios podrían ser viables sin restricciones; su actividad volvería a generar beneficios suficientes para cubrir los sueldos de los empleados, los gastos del local y sus propios ingresos. Lo que no tienen tan claro es cuándo volverá la normalidad, y si esos beneficios permitirán cubrir la deuda acumulada durante tantos meses.

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Para nuestras pequeñas empresas, lo que comenzó como un problema de liquidez se ha convertido en uno de sobreendeudamiento. Muchas se fiaron de las predicciones de que la pandemia sería un choque de corta duración y contrajeron un gran número de deudas para absorberlo (créditos ICO, créditos para hacer frente a gastos fijos). Las deudas, que en principio debían cubrir uno o dos meses de actividad, equivalen ahora en muchos casos a un año de actividad y colocan a estas empresas en situación de insolvencia.

Nos acercamos al borde del precipicio de las insolvencias empresariales. Como acaba de avisar Mario Draghi, "el problema es peor de lo que parece". Además, por si no fuese suficientemente grave la situación, España no está preparada para gestionar el previsible repunte de solicitudes de insolvencia en 2021. Nuestro sistema es ineficaz y se caracteriza por su escasa utilización. Según el Banco de España, en 2019 hubo 13 concursos por cada 10.000 empresas; la ratio es de 108 en Francia y 76 en Inglaterra, ¡entre 6 y 8 veces más! El uso de mecanismos preconcursales para autónomos y pequeñas empresas, clave para que puedan abordar sus problemas de solvencia antes de que sea demasiado tarde, es todavía más escaso: solo ha habido 93 Acuerdos Extrajudiciales de Pagos entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2020. Piénsenlo: si solo hemos sido capaces de 93 acuerdos en 5 años (una media de 18 al año), ¿cuántos acuerdos de restructuración conseguiremos en 2021?

"Agilizar los procesos sería como invertir en el anestesista responsable de hacer despertar el tejido empresarial"

El escaso uso de estos mecanismos de insolvencia por parte de autónomos y pequeñas empresas tiene cuatro causas principales. Primero, son extremadamente largos, con una duración media de 40 meses, casi 4 años, cuando en países como Francia y Reino Unido duran un año. Segundo, son poco atractivos, ya que la deuda pública (impuestos, contribuciones a la Seguridad Social) no es exonerable, a pesar de representar una parte importante de las cuentas de las pymes. Tercero, es un proceso caro, con muchos costes fijos (costes judiciales, sueldo de los administradores concursales, abogados) a cargo del deudor, independientes del tamaño de su empresa. Por último, los incentivos económicos de los posibles mediadores para recomendar los mecanismos preconcursales son generalmente escasos, en particular en los mecanismos preconcursales. En consecuencia, se suele recurrir a los concursos de acreedores como última opción, lo que implica que la gran mayoría (alrededor del 93%) terminen en liquidación, porque las empresas llegan en condiciones financieras de extrema vulnerabilidad.

Necesitamos urgentemente un proceso de insolvencia rápido, ágil y menos costoso que permita gestionar el 'tsunami' que se avecina. Por el momento, a pesar de los malos datos, la tasa de insolvencia corporativa ha sido baja: ha habido 2.650 sociedades mercantiles disueltas menos que en años anteriores (equivalente a un 15% menos). Las medidas de apoyo a la economía (créditos ICO y moratoria concursal) han resultado en un coma inducido. Agilizar los procesos sería como invertir en el anestesista responsable de hacer despertar el tejido empresarial del coma inducido por la pandemia. Debido al peso de las pequeñas empresas —dos tercios de la actividad empresarial y más del 66% de los empleos privados— no podemos permitirnos que desaparezcan bajo el peso de su deuda financiera.

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Si no se actúa pronto, podríamos encontrarnos con un gran caos: tribunales mercantiles saturados, préstamos zombis y un gran número de pequeñas empresas que, a pesar de ser viables, podrían ir a la quiebra. Sería trágico para todos. Para María y Juan, y para los pequeños empresarios como ellos, que verían desvanecerse un proyecto de vida y entrarían en un complicado proceso de liquidación en el que suelen coincidir el concurso empresarial con el personal: es habitual que los proyectos de autónomos y pymes cuenten con garantías personales o hipotecarias. Trágico para sus trabajadores, que se irían al paro; para el tejido productivo, que perdería clientes y proveedores, rompiendo cadenas de suministros; para las cuentas del Estado, con menos ingresos de Hacienda y la Seguridad Social, mientras que las prestaciones sociales aumentan, lo mismo que el agujero del déficit; y para el sector bancario, ya que el problema de insolvencia de las pequeñas empresas no se acaba con su liquidación, sino que, debido al aumento de los préstamos en mora que dejarían atrás, podría conducir a una crisis bancaria en toda regla.

España debe afrontar ya la crisis de solvencia de autónomos y pequeñas empresas. De lo contrario, tendrá que enfrentarse a mayores costes en el futuro, en un entorno económico deteriorado y con una herramienta impopular e indeseable: los rescates bancarios. Mañana hablaremos de cómo solucionar este problema.

*Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es vicepresidente y portavoz económico de 'Renew Europe'