¿Seguimos o bajamos la persiana? (II)
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¿Seguimos o bajamos la persiana? (II)

Tres reformas para evitar la ruina de decenas de miles de pymes y autónomos y el estallido de una crisis bancaria

placeholder Foto: Un hombre cierra un negocio en Madrid. (EFE)
Un hombre cierra un negocio en Madrid. (EFE)

En el artículo de diagnóstico que publicamos ayer en este medio, vimos como el sistema actual de gestión de insolvencias de autónomos y pequeñas empresas es ineficaz, extremadamente largo, costoso y poco atractivo. No está preparado para hacer frente a la previsible oleada de insolvencias de autónomos y pymes que habrá a lo largo de 2021. Y, por lo tanto, no servirá para evitar los cierres.

Lo que está en juego es de una dimensión enorme. Si no se actúa pronto, un elevado número de empresas, agobiadas por el peso de la deuda contraída durante los meses de pandemia y que están ahora mismo preguntándose si merece la pena seguir adelante, podrían tirar la toalla ante la total incertidumbre que sufren. Si lo hacen, supondrá una destrucción de puestos de trabajo y de tejido productivo, además de pérdidas para sus acreedores; en numerosos casos, bancos, que ya sabemos cómo terminan teniendo que ser rescatados en muchas ocasiones por los contribuyentes, por el riesgo sistémico que supone su caída. Mejor, por consiguiente, aliviar la situación de las empresas antes que llegar tarde y tener que aliviar la de los bancos.

El Gobierno debe, por lo tanto, reformar con urgencia los mecanismos de insolvencia específicos destinados a autónomos y pymes para facilitar la reestructuración de las deudas de empresas insolventes como consecuencia de los cierres de la pandemia, pero que son viables a medio plazo.

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La reforma debe centrarse en fomentar los mecanismos preconcursales de autónomos y pequeñas empresas para tener un objetivo preventivo. El propósito es que busquen asistencia y reestructuración tan pronto como encuentren dificultades, sin esperar a verse en suspensión de pagos y/o declaración concursal. Puede basarse en los existentes acuerdos extrajudiciales de pago (AEP), pero introduciendo cambios clave para evitar las disfunciones que, en la actualidad, los hacen ineficaces.

En primer lugar, se debe involucrar a los acreedores públicos en los acuerdos de restructuración de la deuda. La idea es sencilla. Las pequeñas empresas tienen dos tipos de acreedores principales: los bancos (a los que deben préstamos) y la Administración (a la que deben impuestos, préstamos ICO, tasas y pagos a la Seguridad Social). No obstante, hasta el momento, las deudas de derecho público no se pueden renegociar en los mecanismos concursales ni preconcursales. En consecuencia, estos mecanismos pierden gran atractivo ante los pequeños empresarios, para quienes el crédito público representa una parte importante de sus deudas.

La idea propuesta por expertos como Olivier Blanchard, que fue economista jefe del FMI, consiste en que los acreedores públicos (entre ellos, Hacienda y la Seguridad Social) se involucren e incentiven las reestructuraciones de deuda, aceptando quitas iguales e incluso mayores que los acreedores privados. Para empezar, estas deberían incluir una quita de los préstamos ICO. Pero sería deseable que incluyeran también los pasivos de la Seguridad Social.

Foto: La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. (EFE)

Poner al Estado a negociar quitas parece un problema grave: ¿quién negociaría por su parte? ¿Cómo evitar la corrupción? La solución es hacerlo automático: el banco, que tiene un interés obvio en cobrar sus deudas, negocia la quita que puede hacer al negocio viable, sabiendo que, si la acepta, el Estado debe admitir automáticamente una quita similar. A cambio, los bancos también deben aceptar una quita suficiente para que la empresa sobreviva. Esto se haría bajo reglas estrictas y transparentes, de forma que se pueda evitar que los gobiernos salven o no a determinadas empresas por razones no económicas y que no se produzca tampoco cualquier incentivo perverso para los bancos.

En segundo lugar, hay que disminuir el coste del procedimiento a cargo de autónomos y pequeños empresarios. Por ejemplo, haciendo que el deudor solo pague una parte proporcional al importe de su deuda y activos respecto a los costes fijos del proceso (costes judiciales, sueldo de los administradores concursales y de los abogados).

En tercer lugar, se debe fomentar el papel de los mediadores en los acuerdos preconcursales de autónomos y pequeñas empresas con el objetivo de aumentar la utilización de estos mecanismos, al tiempo que se evita que se saturen los juzgados. Existen varias vías que pueden permitir conseguirlo: incrementar las retribuciones de los mediadores concursales a quienes se encomienda la gestión y la negociación de dicho procedimiento; aumentar el alcance de aplicación de la justicia gratuita, el llamado turno de oficio, al ámbito concursal, con lo que crecería la oferta de profesionales en este ámbito; y, de forma alternativa, podría recurrirse al sistema anglosajón pro bono público, a partir del cual un experto judicial (en este caso, un mediador o administrador concursal) realiza su trabajo de forma voluntaria y sin retribución monetaria.

España tiene mucho que ganar y poco que perder con la aplicación de las reformas propuestas

Para que la reforma tenga éxito es indispensable que el mecanismo sea más atractivo, ágil y menos costoso. La restructuración debe convertirse en una especie de procedimiento de vía rápida para autónomos y pequeñas empresas. Esto debería ser posible, ya que dichas empresas cuentan con una estructura de capital relativamente sencilla y suelen tener un menor número de acreedores.

Las reformas podrían legislarse en el contexto de la transposición de la directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas, antes del próximo 17 de julio. La directiva incluye un gran número de novedades en el espíritu de las propuestas en este artículo: introduce cambios notables en los procedimientos de reestructuración con el objetivo de aumentar su eficiencia, mejorarlos y dar mayor importancia a los mecanismos preconcursales. Teniendo en cuenta la necesidad de asumir la normativa comunitaria en el plazo indicado y la evidente urgencia económica que tenemos, esta puede ser una oportunidad para adaptar los procesos de insolvencia y minimizar el impacto de la crisis en el tejido empresarial.

España tiene mucho que ganar y poco que perder con la aplicación de las reformas propuestas. Es importante volver al escenario fundamental que nos amenaza y que hay que evitar a toda costa: si no ayudamos urgentemente a las pequeñas empresas, el agujero que dejarían sus deudas se transferirá al sector bancario; teniendo en cuenta que las pymes representan dos tercios del tejido empresarial, esa situación nos conduciría sin remedio a una enorme crisis bancaria. Y de verdad les digo: no podemos permitirnos volver a llegar tarde y mal. Sería trágico para todos.

*Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo, es vicepresidente y portavoz económico de 'Renew Europe'

En el artículo de diagnóstico que publicamos ayer en este medio, vimos como el sistema actual de gestión de insolvencias de autónomos y pequeñas empresas es ineficaz, extremadamente largo, costoso y poco atractivo. No está preparado para hacer frente a la previsible oleada de insolvencias de autónomos y pymes que habrá a lo largo de 2021. Y, por lo tanto, no servirá para evitar los cierres.

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