Fondos, sostenibilidad y derecho

Desde hace más de una década el mundo está viviendo un espiral de cambio que no ha hecho sino acelerarse con la pandemia. Existe una profunda necesidad de cambiar la sociedad para hacerla más justa, más equilibrada. Y esta necesidad deviene todavía más urgente como consecuencia del impacto del covid-19, que ha ampliado la brecha de las desigualdades, que puede todavía crecer en estos próximos meses.

Si ya hace unos años se lanzaban programas desde las instituciones públicas (como los 'Objetivos de Desarrollo Sostenible' de las Naciones Unidas) o desde las corporaciones privadas (como el compromiso con los principios de sostenibilidad corporativa, esto es, los ESG (Environment, Sustainability and Governance), entramos ahora en un periodo clave para lograr aquellos objetivos que en ocasiones se proclamaban como un desiderátum y hoy resultan perentorios.

Efectivamente, como afirma Yuval N. Harari en 'Sapiens, de animales a dioses', la supervivencia misma de nuestro sistema y nuestro planeta depende ahora de la benevolencia y compromiso de entidades imaginadas fruto de la capacidad de abstracción de la especial inteligencia de los humanos, como lo son las naciones (y sus administraciones) o las corporaciones. Y como apunta el mismo Harari, el derecho es clave para alcanzar estos objetivos: lo ha sido para organizar como ningún otro animal una sociedad compleja a partir de la determinación abstracta e idealizada de un bien común.

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Nos corresponde ahora entre todos redefinir este nuevo interés general y trabajar para lograr que nuestros objetivos se alineen con este bien común redefinido, adaptado ya a los nuevos cambios y —muy especialmente— al requerimiento de adaptación constante al progreso, al cambio. Los objetivos deben perseguir la sostenibilidad, porque el desarrollo se producirá en todo caso; el espiral tecnológico y la digitalización, que nos acercan a la globalización y nos separan en la individualidad, hacen inevitable el desarrollo de nuevos horizontes. De todos depende que resulten sostenibles.

Nuestras estructuras sociales no logran alcanzar la velocidad de cambio de las nuevas tecnologías, y es por ello que el derecho puede y debe jugar un papel principal ante los nuevos retos de desarrollo sostenible. La interpretación del marco normativo no debe analizarse únicamente desde el texto del precepto, sino alineándose con el nuevo bien común, que no interceda ni lo perjudique. Y ello no solo por las consecuencias como potencial infracción normativa y, por ende, sancionable a la vista de un nuevo marco regulatorio que acabará imponiéndose, sino por el compromiso con los ODS y los ESG, por el compromiso con aquella sociedad más justa y, en consecuencia, con mayor capacidad de crecimiento que todos anhelamos.

Afirmaba ya hace unos años Thomas L. Friedman que toda vez que no somos capaces de adaptarnos al mundo a la velocidad en la que este está cambiando “resulta desconcertante para muchas personas, porque oyen hablar de avances como la cirugía robótica, la edición genética, el clonaje o la inteligencia artificial, pero no tienen ni idea de adónde nos llevarán estos nuevos progresos”, por lo que “es casi imposible redactar normas que promuevan avances importantes al tiempo que nos protegemos de todos los efectos secundarios negativos”. El gran cambio desde entonces hasta la fecha es que entre todos hemos sido capaces de definir los objetivos que conforman este nuevo bien común: la norma podrá ir adaptándose a la necesidad de cada momento, pero los objetivos están claros.

Opinión

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Los fondos europeos Next Generation (NGEU) son buena muestra de todo lo anterior: responden a una necesidad de transformación y modernización de las estructuras de los Estados miembros y, a su vez, con una clara determinación en sus objetivos, alineados con los ODS. La Unión Europea ha decidido incluir dichos objetivos en las políticas e iniciativas a fomentar con los fondos NGEU, que suponen la gran oportunidad para hacer realidad muchos de estos ODS.

Y el mundo empresarial aspira a participar de —y en— esta transformación. La empresa quiere que se cuente con ella en estos proyectos. La empresa desea que se confíe en ella para llevar a cabo y participar en este proceso de transformación que el país requiere, y a la empresa urge para poder competir en este nuevo mundo digitalizado y global. El nuevo bien común depende de todos, y no se logrará si su diseño, análisis, construcción y final implementación se concentran únicamente en y desde la Administración Pública; la empresa es y debe ser en estos momentos uno de los motores de impulso para la transformación económica.

Los modelos de negocio están virando hacia una visión más sostenible de sus objetivos, y es lógico que la colaboración público-privada que se predica de los fondos NGUE, empiece por otorgar al mundo empresarial la confianza y la participación que merece su compromiso con los ODS y los principios ESG. Los Next Generation son la gran oportunidad para hacer realidad muchos de estos ODS. Y en las firmas jurídicas estamos, y debemos estar, alineando nuestros servicios desde la transversalidad y la visión plural que esta transformación y modernización requerirán.

La contratación pública, los Next Generation y los ODS pueden ser el gran punto de inflexión para la transformación del modelo económico y —lo que es más importante— alcanzar el cambio hacia un nuevo bien común, hacia una sociedad más equilibrada.

*Joan Roca Sagarra, presidente ejecutivo de Roca Junyent.