Gestión de fondos europeos: riesgos altos, controles bajos

El reciente dictamen del Consejo de Estado sobre el real decreto de gestión de los fondos europeos ha puesto en evidencia al Gobierno de la Nación. Su descarada actitud, ocultando al Parlamento de la Nación un dictamen de gran importancia para que los legítimos representantes de todos los españoles pudieran ejercer con plenitud de información su mandato representativo, es especialmente grave. En estos tiempos en que la calidad democrática del país está en debate, actuaciones tramposas de este tipo, auspiciadas por el propio Gobierno, dicen muy poco sobre su compromiso en la materia.

En todo caso, a estas alturas de la película, no hay duda de que el Gobierno sabía que, tarde o temprano, el dictamen saldría a la luz, pero todo apunta a que, ya en sus cálculos, consideraron que esta situación, por bochornosa que fuera, era asumible. Al fin y al cabo, no dejaría de ser un mal menor habida cuenta de que el escándalo no duraría más de uno o dos días y compensaría con creces el fin perseguido: manejar los fondos alejados de los mecanismos de control y sin más criterio que el que en cada momento beneficie más al propio Gobierno.

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Más allá de la gravedad del episodio concreto, lo que debería preocuparnos es el tema de fondo, que es precisamente el que afecta a cómo se van a gestionar y controlar los fondos europeos. Estamos hablando de fondos cuyas cuantías se acercan a los 140.000 millones de euros que llegarán en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026, lo que representa cerca de un 20% de nuestra capacidad de riqueza anual.

La preocupación que transmite el Consejo de Estado resulta fundamentalmente de la eliminación o modulación de los mecanismos de control en la gestión de dichas ayudas en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenidos administrativos o las subvenciones. El reto en este momento es encontrar ese delicado equilibrio entre las exigencias de agilidad y rapidez en la tramitación de los procedimientos administrativos y las garantías de control de la gestión para evitar que se pueda poner en riesgo una adecuada y eficiente asignación de los recursos y para lograr que los mismos se destinen a los fines para los que han sido concebidos.

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La realidad es tozuda y todo apunta a que no hemos aprendido de algunas lecciones de crisis pasadas. Bastaría recordar aquel Plan E puesto en marcha a bombo y platillo por el Gobierno de Zapatero para reactivar la economía tras la crisis económica asociada a la burbuja inmobiliaria y financiera del 2007. En aquella ocasión, el Tribunal de Cuentas concluyó que, como consecuencia de la falta de mecanismos de control se produjeron importantes irregularidades en su aplicación, de modo que una parte muy importante de aquellos fondos no fueron efectivamente destinados a los fines previstos y apenas sirvieron para el objetivo de disminuir la tasa de paro.

Ni las urgencias en acelerar los desembolsos, ni los impulsos del Gobierno en controlar a su antojo el destino y distribución de los fondos nos deberían dejar caer de nuevo en los mismos errores. Sería imprescindible que fueran expertos independientes y ajenos a la gestión posterior de los fondos quienes diseñen el plan de reactivación de la economía que España necesita, teniendo en cuenta la situación económica, la deuda y ante todo valorando las especiales circunstancias por las que están pasando las empresas de nuestro país. Solo así se podrá definir un modelo de reparto de fondos que permita seleccionar y priorizar los proyectos orientados a activar la economía, dando cabida a las pequeñas y medianas empresas, principales afectadas por la crisis y principales generadoras de empleo, evitando que esto pueda convertirse en el coto cerrado de unos pocos.

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Tal y como apunta el Consejo de Estado, sería necesario evitar los conceptos jurídicos indeterminados, fijando en su lugar criterios claros que permitan seleccionar y priorizar los proyectos con objetividad y transparencia. Del mismo modo, resultaría esencial determinar apriorísticamente unos indicadores que permitan el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y su posterior evaluación, otra gran asignatura pendiente. La automatización de los procesos y la incorporación de las nuevas tecnologías en las funciones de control financiero permanente y de auditoría pública o rediseñar las estrategias y políticas de prevención de irregularidades y de rendición de cuentas en situaciones críticas también podría resultar vital para ganar en agilidad sin comprometer el control.

La gestión de los fondos supone una gran prueba para la integridad pública en las organizaciones públicas. Llegados a este punto, el Gobierno debería huir de la tentación fácil de dejar de hacer las cosas bien porque puedan llevar demasiado tiempo o esfuerzo o porque no satisfagan su ego o sus propios intereses partidistas. En su lugar debemos articular mecanismos y herramientas que nos permitan hacer las cosas bien, pero de forma más rápida y eficiente.

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En estos momentos más que nunca, no valen los atajos. Hacerlo de otro modo, abandonando los estándares de gobernanza y dinamitando las medidas de supervisión y rendición de cuentas sobre la gestión de los fondos, es jugársela a que los fondos no lleguen, o a que no acaben sirviendo al fin para el que fueron concebidos, corriendo, por si fuera poco, el riego de que desde instancias europeas se nos acabe exigiendo el reintegro los fondos entregados, tal y como ya ha ocurrido en alguna otra ocasión. Hacerlo de otro modo es dejar demasiado espacio a la indeterminación, al manejo discrecional, arbitrario y oscuro de los dineros públicos, que es precisamente donde anidan las tentaciones de chiringuitos, de prácticas clientelares y corruptas que representan la mayor amenaza para la recuperación económica, y también —por qué no decirlo— para la confianza entre los gobiernos y los ciudadanos.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, ya advirtió que los fondos deben ser para inversiones, no para tapar agujeros, ni para fomentar el populismo político. Esos 140.000 millones de euros son, en este momento, la única opción de que España pueda recuperarse de la crisis, con lo que sería importante que nos lo tomásemos en serio. “Recuperarse con integridad” es la llamada de atención que lanza la ONU a los países en este escenario de crisis, enfatizando en el hecho de que relegar el rigor, la objetividad, la transparencia y la rendición de cuentas puede comprometer la efectividad y eficiencia de todos los esfuerzos y de todas las medidas para lograr una mejor y más rápida recuperación. Veremos si el Gobierno está dispuesto a recoger el guante.

*Ignacio Sáez Hidalgo. Asesor jurídico de la Junta de Castilla y León. Letrado.