Adaptemos nuestro modelo de pensiones

Hace décadas que damos por supuesto que la “tercera edad” empieza alrededor de los 65 años, cuando los trabajadores dejan de trabajar para jubilarse y todos los ciudadanos de este grupo etario pasan a recibir una consideración especial por parte de los más jóvenes, la sociedad y las instituciones. Las grandes cadenas de tiendas de productos para aquellos, las compañías de transporte urbano e interurbano, los museos o promotores de actividades de ocio y muchas otras entidades y organizaciones han diseñado ofertas y rebajas en los precios de sus productos o servicios, o actividades, para las personas de alrededor de los 65 años y mayores de esta edad.

Pero el incesante avance en la esperanza de vida, y la correspondiente mejora en el estado de salud de los individuos a edades en las que hace unas décadas intervenían todo tipo de problemas de salud, hacen cada vez más difícil asociar a las personas de alrededor de 65 años la condición de mayores. La barrera etaria de los 65 años se difumina en la práctica y el empeño social e institucional en mantenerla obliga a introducir conceptos como el de la “cuarta edad” o aún peores. Este empeño tiene incluso consecuencias materiales cuando volcamos prejuicios acuñados durante décadas en personas que ni de lejos los justifican.

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La edad cronológica es determinante en la vida de los individuos, especialmente en el ámbito administrativo, pues con ella se marcan hitos vitales tan relevantes como la mayoría de edad o la obtención del estatus de pensionista de jubilación. Sin embargo, no es esta edad puramente la que determina la madurez de un individuo, ni su capacidad (o deseo) para seguir trabajando, ni su desempeño general. La edad cronológica no es la única referencia a tener en cuenta en muchas otras dimensiones, incluida la propiamente administrativa o laboral.

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Por el contrario, lo que podríamos denominar la “gran edad”, situada convencionalmente en los 65 años alrededor de 1900, cuando empezaron a generalizarse los sistemas de Seguridad Social en Europa, debería estar situada hoy en los 86 años (entre los 81 y los 91 años, según la métrica utilizada), si nos atenemos a las estadísticas oficiales de mortalidad, por una simple traslación del concepto. Un prodigioso aumento de 20 años. Según esta misma traslación, y a los ritmos observados en el pasado reciente, en 2050 la “gran edad” habría pasado a ser de 92 años. Por resumir groseramente, un individuo representativo de 86 años hoy estaría tan bien (o tan mal) como uno de 65 años en 1900. El uso de palabras como 'vejez' o 'envejecimiento' es cada vez menos certero pues, al menos en sentido transversal (individuos de una misma edad a lo largo del tiempo), no solo no se envejece, sino que se rejuvenece.

La principal “reinvención” que necesita la Seguridad Social consiste en la vinculación de la edad de jubilación con la esperanza de vida

No queremos sugerir que deba llevarse a cabo una elevación de la edad de jubilación paralela a este desarrollo, sino, simplemente, mostrar que hemos acumulado un considerable retraso en responder a la tendencia incesante al aumento de la esperanza de vida en el plano de la adaptación de nuestros sistemas de pensiones, al tiempo que, en respuesta más o menos difusa a dicho incremento, han aumentado los años de escolarización o se han retrasado decisiones de ciclo vital tan importantes como el acceso al primer empleo, la emancipación de los jóvenes y la formación del primer hogar o, incluso, la llegada del primer hijo. Por otra parte, acontecimientos tan relevantes como la incapacidad permanente, la viudedad o la aparición generalizada de problemas de salud o discapacidad intervienen a edades cada vez más tardías. Esa resistencia a la adaptación de la edad de jubilación viene abriendo una brecha creciente con la esperanza de vida a dicha edad, que ha aumentado de los 9,1 años en 1900 a los más de 20 en la actualidad.

Por tanto, si alguna edad debe marcar el cese en la plena actividad productiva, esta debería ser cambiante con la dinámica de la esperanza de vida, no rígida e inflexible como ha venido siendo desde que se inventó la Seguridad Social hace más de un siglo, cuando los 65 años ya eran la edad ordinaria de jubilación. La principal “reinvención” que necesita la Seguridad Social consiste lisa y llanamente, junto a otros ajustes, en la vinculación de la edad de jubilación con la esperanza de vida. De esta forma la Seguridad Social podrá seguir cumpliendo de manera sostenible y suficiente la función para la que nació: asegurar la “gran edad”.

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El avance incesante de la longevidad plantea un problema nada desdeñable a los individuos: el riesgo de sobrevivir a sus ahorros. Lo que, careciendo de otras rentas, significa la pobreza. De ahí que la mejor solución para evitarlo sean las rentas vitalicias. La Seguridad Social ofrece rentas vitalicias desde que se inventó. Realiza así una suerte de aseguramiento general de la longevidad, haciendo descansar sobre las espaldas de los elementos activos de la sociedad la financiación de las pensiones, aplicando el sistema conocido como "de reparto".

Sin embargo, asegurar el riesgo de longevidad sobre bases actuariales, esto es, traspasar a terceros, a cambio de una prima, la seguridad de recibir una renta hasta el momento incierto del fallecimiento no es un asunto tan sencillo. En condiciones en las que la esperanza de vida de un colectivo permanece estable en el tiempo, el aseguramiento consiste en la simple compensación ('pooling') del riesgo de fallecimiento, de forma que los individuos menos longevos subvencionan a los más longevos (mutualización del riesgo de longevidad). Pero la esperanza de vida crece sin que sea posible establecer hoy bajo qué ley estadística, ni descartar incrementos repentinos en esa evolución, lo que hace más cara su provisión por las entidades aseguradoras especializadas (en ausencia de una adaptación de la edad a partir de la cual se perciben las rentas vitalicias).

En suma, la longevidad es un riesgo asegurable, pero a un coste elevado y creciente si la esperanza de vida aumenta y con ella el periodo de supervivencia a la jubilación a cubrir.

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El coste de la cobertura de la longevidad cuestiona la sostenibilidad del actual sistema público de pensiones. De ahí que, desde diferentes ámbitos e instituciones, nacionales e internacionales, se abogue por la evolución hacia un Sistema Mixto de Pensiones, que permita mantener un pilar público, siempre necesario, junto con otro u otros pilares cuya financiación se base en la responsabilidad individual de los ciudadanos. Con ello se persigue diversificar las fuentes de renta tras la jubilación, evitando la dependencia exclusiva de solo uno de los pilares existentes (la pensión de la Seguridad Social, la pensión ocupacional y la pensión personal).

Frente a los modelos que habitualmente se han manejado para la concreción de ese Sistema Mixto de Pensiones, que requieren como principio básico el impulso a los sistemas complementarios basados en la capitalización del ahorro de los individuos (planes de pensiones y seguros de jubilación), cabe plantear una alternativa que utiliza una variante de la “gran edad” y cuya esencia es que los esquemas de reparto (la Seguridad Social) y capitalización (Pensiones Ocupacionales) no se superponen, sino que se suceden en el tiempo. Se trata de devolver a la Seguridad Social su papel de un genuino “seguro social”, técnicamente viable y blindado ante el aumento de la esperanza de vida, en una sociedad del S. XXI, liberal, de individuos responsables que también miran por sí mismos, y no solo por los demás. Una especie de “solidaridad responsable”.

Opinión

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Este sistema, que podemos denominar “Sistema Mixto en Dos Etapas” ('2-Steps Mixed Pension System'), se ha desarrollado extensamente en publicaciones académicas de uno de los autores que firmamos esta tribuna. Poseería las siguientes características básicas: (1) el trabajador aporta tanto a la Seguridad Social (Pilar I) como a un esquema de empleo de adscripción cuasi obligatoria o por defecto ('autoenrolment', Pilar II) durante su vida laboral, (2) el trabajador decide cuándo abandona (total o parcialmente) la actividad laboral dentro de un tramo amplio de edades y comienza a percibir una renta temporal del sistema de empleo, (3) posteriormente, a una determinada “gran edad”, se inicia el pago de una renta vitalicia de la Seguridad Social y justo en ese momento finaliza el pago de la renta temporal que precede a la pensión de la Seguridad Social y (4) el trabajador es libre de contratar, a título individual, cualesquiera otras rentas temporales o vitalicias complementarias a su pensión de la Seguridad Social, fiscalmente calificadas, si dispone de ahorros adicionales (Pilar III).

Bajo este esquema se reconcilian algunos de los principales problemas actuales de los sistemas de pensiones, sean estos públicos o privados. En primer lugar, se recuperan las reglas actuariales de la Seguridad Social y se ajustan sus parámetros y automatismos para que el avance de la esperanza de vida no suponga la no sostenibilidad de sus pensiones. La suficiencia de estas queda mejor protegida porque el periodo durante el cual intervienen estas prestaciones se acorta considerablemente (piénsese en una “gran edad” que, tras un periodo de transición, podría establecerse, por ejemplo, en los 75 años). Por otra parte, los trabajadores tienen, dentro de cada esquema una mayor posibilidad de adaptar flexiblemente su proceso de jubilación. En tercer lugar, las pensiones ocupacionales, al ser rentas temporales, evitarían tener que hacer frente al aseguramiento de la longevidad extrema, que es lo que verdaderamente encarece las rentas vitalicias, frenando su desarrollo. Las rentas temporales, incluso aseguradas, son bastante más baratas.

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*Juan Fernández Palacios. Director del Centro de Investigación Ageingnomics.

*José A. Herce. Socio fundador de LoRIS.