Con la presentación del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia culmina un proceso de negociación interna entre los principales agentes económicos, sociales y políticos que se concreta en proyectos específicos de país para la transformación de la economía y la sociedad de acuerdo a los principios de una España verde, digital, sin brechas de género, cohesionada e inclusiva.
Gracias a la publicación del plan, España podrá absorber la totalidad de los fondos, hasta 140.000 millones de euros, en los próximos seis años: 79.796 millones de euros serán transferencias y el resto, préstamos; complementando a los 27.436 millones adelantados por España gracias a los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Este Plan incluye paquetes coherentes de reformas y proyectos de inversión pública que, además de abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y garantizar el cambio sustancial que necesita España, contribuyen a las transiciones verde y digital y a la potenciación de la creación de empleo a través de la publicación de procedimientos de licitación, convocatoria de subvenciones, convenios, conciertos, entre otros instrumentos, para su ejecución. España, por lo tanto, tiene una oportunidad histórica de impulsar su transformación y, además, llega el momento de la verdad para los directivos y empleados públicos, auténticos motores del cambio en la estrategia de transformación del sector público.
Llega el momento de los directivos y empleados públicos, auténticos motores del cambio
Estas vertientes se pueden observar en las distintas estrategias que se han ido aprobando en estos meses. Por un lado, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas dirigido a las Administraciones públicas. Por otro, el Plan de Digitalización enfocado a las pymes, así como el Plan de Competencias Digitales que constituye una iniciativa transversal de formación, capacitación y mejora de las habilidades digitales dirigido hacia la ciudadanía y la sociedad.
Pese a sus distintas caracterizaciones, se puede observar un elemento común en todas ellas: la inversión pública en infraestructuras y activos intangibles asociados a la digitalización y la innovación, es decir, la transformación digital como catalizador de los fondos.
Pero tenemos que actuar con rapidez. El Banco de España ya ha revisado a la baja la ejecución de los fondos para 2021, del 70% al 55%, lo que se traducirá en tres décimas menos de aportación al PIB que se trasladarían al crecimiento económico de 2022. Esta previsión a la baja se debe, principalmente, tanto en la selección de proyectos como en los trámites con la Unión Europea.
La identificación, selección y priorización de los proyectos, por lo tanto, se deben hacer con la máxima eficiencia y rigor, atendiendo a la legislación vigente, pero acortando al máximo los plazos y generando cambios en materia de flexibilidad y mejora de la organización de la Administración.
La identificación y selección de proyectos se debe hacer con eficiencia y rigor
Es imprescindible añadir que no podemos caer en la tentación de absorber con estos fondos proyectos de continuidad o que sean gastos corrientes. Esta financiación llega para activar un modelo de país eficiente y líder en el siglo XXI. Concretamente, a nivel autonómico, los presupuestos generales del estado ya nos descubrieron que el 54% de la ejecución de los fondos europeosserán transferidos a las comunidades autónomas, en total 18.793 millones de euros con cargo al presupuesto del Next Generation EU.
Por ello, mientras que a nivel estatal ya se han iniciado las consultas públicas para colaboraciones público-privadas, gracias a las manifestaciones de Interés, a nivel autonómico, se encuentra la ejecución en un 'stand-by'. En este caso, está pendiente la publicación de la convocatoria para la ejecución de los fondos, en el que se describa las principales ayudas y los beneficiarios de cada una de ellas, así como la presentación de la guía de requisitos de elegibilidad para que, tanto las comunidades autónomas como las entidades locales puedan presentar proyectos de acuerdo a unas características concretas. Pese a ello, son numerosas las autonomías que han presentado ya avances en materia de ejecución del Next Generation EU con la publicación de sus distintas estrategias.
Es imprescindible no perder la perspectiva de orientar todos los proyectos a la estrategia digital definida y no olvidar que las diferentes administraciones tienen una capacidad de absorción distinta de las tecnologías que se desplegarán con estos fondos. Por ello, no debemos caer en el error de generar una España a dos velocidades en lo respecta a la digitalización del sector público. Esta transformación de las Administraciones no puede centrarse únicamente en la introducción de nuevas tecnologías, ya que debe mejorar el perfil digital de los empleados públicos para aumentar sus competencias y capacidades al tiempo que les permitirá liberarse de tareas repetitivas.
Estamos ante una ocasión única para agilizar la puesta en práctica de las medidas de refuerzo de liquidez empresarial, servicios proactivos a los ciudadanos, mediante la provisión de tecnologías emergentes (chatbots o la automatización inteligente de ayudas y procedimientos, apoyo de los trabajadores públicos mediante “trabajadores virtuales”, inteligencia artificial aplicada a la tramitación, despliegue de tecnologías 'low code', entre otras).
Hoy, más que nunca, necesitamos a un país con una orientación tecnológica transformadora en el sector público, donde se reaprovechen y compartan activos digitales. Para conseguir un país distinto y mejor, tenemos que hacer las cosas de un modo diferente. El conjunto de proyectos y reformas definidos nos permitirán aprovechar la oportunidad que se nos presenta, no podemos fallar.
*Manuel Márquez es socio responsable de Consultoría para el Sector Público de EY.
