Nuevas políticas, viejos problemas

Las grandes crisis económicas del siglo XXI han puesto en cuestión la robustez del progreso alcanzado por la ciencia económica y la capacidad de respuesta de los economistas. Han surgido perturbaciones de gran intensidad con las que no se contaba o que se pensaba que ya no eran probables porque el desarrollo alcanzado por los instrumentos de previsión y de política económica eran capaces de anticiparlas y amortiguarlas. La crisis financiera fue un ejemplo de este segundo caso y la crisis sanitaria lo está siendo del primero.

Nadie había osado descartar que guerras, epidemias o grandes catástrofes naturales pudieran descarrilar la trayectoria de crecimiento y desarrollo seguida por la economía mundial desde el final de la segunda gran guerra. Pero lo cierto es que en el enorme arsenal de conocimientos económicos desplegado en las últimas décadas no se habían contemplado estos escenarios hipotéticos ni se habían perfilado las políticas e instrumentos con los que afrontarlos. No es de extrañar, por tanto, que la crisis económica desatada por el gran confinamiento pillase por sorpresa, y desarmados intelectualmente, a los analistas y a los gestores de las políticas, por lo que se han visto obligados a improvisar en la articulación de urgentes medidas de respuesta.

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Afortunadamente se intuyó con bastante inmediatez que lo prioritario ante una emergencia de tal calibre era la intervención pública para sostener las rentas y la demanda y para proteger a las empresas y familias más duramente golpeadas por el parón forzoso de la actividad. Una acertada intuición que logró imponerse por encima de las precauciones y prejuicios que se derivaban del alto nivel de endeudamiento público y privado que, en mayor o menor medida, pervivía como pesado legado de la todavía reciente crisis financiera. Ello suponía aceptar embarcarse en políticas de gasto masivo, aunque ello supusiera asumir riesgos y dificultades en horizontes temporales posteriores, en los que el aumento del endeudamiento desde niveles ya elevados sería una rémora y un riesgo para el crecimiento. De ahí que los programas de expansión del gasto debían de venir acompañados por programas realistas y creíbles de consolidación presupuestaria a medio plazo.

Sin embargo, este enfoque audaz, cuya adopción debe anotarse en el haber de la capacidad de respuesta de las políticas económicas, habría de venir acompañado de numerosas complicaciones, difíciles de anticipar y frente a las que habría que ir reaccionando sobre la marcha. Una de estas complicaciones que está emergiendo en la vuelta a la normalidad tras el alivio de las restricciones a la actividad es la que se deriva de la falta de simetría en la reactivación de la demanda y de la oferta en el escenario de salida de la pandemia y que está dando lugar a estrangulamientos en el suministro y a la prematura aparición de tensiones inflacionistas.

El colapso de la demanda, inducido por las restricciones y el confinamiento, fue en buena medida un embasamiento de la misma

El colapso de la demanda, inducido por las restricciones y el confinamiento, fue en buena medida un embasamiento de la misma. La caída de las rentas se vio amortiguada por el carácter transitorio de la perturbación y por las numerosas medidas adoptadas para su sostenimiento, como los ERTE, por lo que la forzosa inhibición del gasto se tradujo en un importante aumento del ahorro. Por eso la progresiva vuelta a la normalidad genera un intenso efecto rebote del gasto que va más allá de su propio patrón habitual, aunque en algunos países, como España, pueda estar siendo más retrasado de lo que se esperaba.

En cambio, la paralización de la oferta ha sido genuina. Los bienes y servicios se han dejado de producir e incluso se han mermado las existencias. Por ello, la reanudación de la actividad productiva tiene que seguir una pauta gradual y no puede mantener el paralelismo con la reacción del gasto. Algunos sectores han de esperar a la reactivación de sus proveedores con el consiguiente retraso en el suministro. Los cuellos de botella en el transporte son inevitables. En cierros casos, incluso se ha producido una contracción de la capacidad productiva por las empresas que, a pesar de los programas de ayuda, han sucumbido al hundimiento de las ventas.

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La consecuencia es que la eliminación de las restricciones está generando una situación de exceso de demanda que inevitablemente se traslada a un aumento de las tensiones inflacionistas de costes y de precios. Se trata de una situación consustancial al proceso de normalización tras el confinamiento, aunque pueda estar coincidiendo con la emergencia de algunos problemas estructures en ciertos mercados de recursos, como los de origen tecnológico o los energéticos. Incluso sin estos problemas añadidos, que actúan como factores agravantes, estaríamos sufriendo tensiones inflacionistas asociadas a un exceso coyuntural de demanda.

Es un acontecimiento relevante que requiere una respuesta acertada de la política económica. En principio, se trata de un fenómeno transitorio que, como tal, debe ser acomodado por las políticas expansivas vigentes, sin necesidad de recurrir a medidas restrictivas financieras o de gasto. No debe suponer una injerencia en el ritmo previsto de retirada de los estímulos monetarios ni anticipaciones indebidas en las sendas previstas de consolidación presupuestaria. Pero existe un peligro de que las tensiones inflacionistas transitorias, que a corto plazo pueden ser incluso beneficiosas, ya que ayudan a la aminoración de las ratios de deuda, se enraícen, se incorporen a las expectativas y se conviertan en permanentes. Si ello ocurriera se desencadenarían tensiones financieras que serían notablemente perjudícales en un doble frente: la introducción de frenos a la recuperación, por el efecto combinado de la reacción de la política monetaria y las anticipaciones de los mercados, y la reaparición de una conducta discriminadora de los inversores en forma de primas de riesgo que penalizarían a los países considerados como más vulnerables, que, en líneas generales, son también los que más han sufrido los efectos económicos de la pandemia.

Existe un peligro de que las tensiones inflacionistas transitorias, que a corto plazo pueden ser incluso beneficiosas, se enraícen

La respuesta de la política económica debe centrarse, por tanto, en evitar que las tensiones inflacionistas transitorias se conviertan en permanentes. Y es aquí donde las nuevas políticas para la reactivación se encuentran con algunos de los viejos problemas. Reviste gran importancia que los mecanismos institucionales y de mercado preserven la flexibilidad necesaria y en especial que los sistemas de indiciación de precios y rentas, allá donde pervivan, sean capaces de descontar los efectos excepcionales de una situación desacostumbrada y pasajera. Si ello no fuera así, y las tensiones coyunturales se trasladasen de forma rabiosa a través de toda la cadena de formación de costes y precios, todos los sectores de la economía saldrían perdiendo. Esas prácticas difícilmente permitirían preservar el poder adquisitivo de las rentas a medio plazo, pues se desencadenaría un proceso en el que la inflación llevaría la delantera. Y, lo que es peor, las inevitables tensiones financieras y el aumento de las primas de riesgo anularían cualquier efecto beneficioso de la inflación sobre las ratios de endeudamiento y erosionarían el ritmo de la recuperación.

La propia eficacia de las nuevas políticas expansivas para combatir los efectos de la pandemia se verá comprometida si no se abordan con decisión los viejos problemas que se arrastran con la pervivencia de mecanismos rígidos de indiciación.