Esas pensiones siempre amenazadas
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Esas pensiones siempre amenazadas

Las reformas de las pensiones han sido frecuentes, pocas veces para bien y en bastantes ocasiones para mal. En cuanto a los argumentos, siempre han sido los mismos, garantizar la 'sostenibilidad' del sistema

Foto: Pedro Sánchez se reúne con los secretarios generales de UGT y de CCOO. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
Pedro Sánchez se reúne con los secretarios generales de UGT y de CCOO. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Las pensiones han sido siempre un foco de debates en nuestra sociedad. Hay quienes creen que la primera huelga general en España, durante esta última etapa democrática, fue aquella famosa del 14-D, aunque no sea cierto.

La huelga general del 14-D de 1988 fue la huelga de la unidad de acción, la primera que los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, convocaron en España. Fue una huelga con mucha participación y sus resultados no fueron inmediatos, pero situaron a los trabajadores y trabajadoras españoles en la agenda política.

Pero antes de la huelga general del 14-D, CCOO ya había convocado una huelga general el 20-J de 1985, precisamente contra la reforma de las pensiones. En cuanto a la UGT, no convocó la huelga contra un Gobierno del PSOE que había obtenido una amplia mayoría electoral el 28 de octubre de 1982.

Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE/José Manuel Vidal)

Las cosas habían comenzado a torcerse en las relaciones entre UGT y PSOE, hasta el punto de que el líder de UGT, Nicolás Redondo, diputado en el Parlamento por el PSOE, votó a favor de que el proyecto de reforma de las pensiones fuera devuelto al Gobierno y acudió a las manifestaciones de protesta. Pero al sindicato socialista le parecía prematuro convocar una huelga general. Sin embargo, a la cita no faltaron la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato anarcosindicalista CNT, los vascos de ELA-STV y los gallegos de la Intersindical (INTG).

Las causas de aquella huelga hay que buscarlas en un polémico proyecto de ley que ampliaba el periodo mínimo de años cotizados para conseguir una pensión hasta los 15 años, se establecía una cotización mínima en los años anteriores a la pensión o modificaba el periodo de cálculo de la pensión.

Las reformas de las pensiones han sido frecuentes, pocas veces para bien y en bastantes ocasiones para mal. En cuanto a los argumentos, siempre han sido los mismos, garantizar la 'sostenibilidad' del sistema. Para ello, se han propuesto recortes y hasta privatizaciones encaminadas a que los fondos de inversión privados fueran sustituyendo progresivamente el sistema público de pensiones.

Foto: Foto: EC.

Pese a todo, con algunas modificaciones, las pensiones públicas españolas han resistido admirablemente, pese a la cantidad de gastos extraordinarios que la Seguridad Social ha tenido que pagar históricamente, aunque no tuvieran nada que ver con las pensiones contributivas.

La separación de las fuentes de financiación ha ido permitiendo que gastos como las pensiones de viudedad, los complementos a las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas o los gastos de administración y gestión del sistema, entre otros, no salgan de las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores.

Los sindicatos siempre han preferido el acuerdo a la confrontación en esta materia, pero llama la atención que los empresarios rehúyan cada intento de sostener el sistema de pensiones que suponga cualquier sacrificio en materia de pago de impuestos, por pequeño que ese esfuerzo sea.

Foto: Manifestación en defensa de las pensiones. (EFE/Eloy Alonso)

La actitud empresarial cuando se trata de subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) o de asegurar el sostenimiento de un sistema público de pensiones dignas es una muestra de una ceguera histórica. No se paran a pensar que un incremento del SMI supone, entre otras cosas, un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Estamos ante un egoísmo de cortos vuelos que anida en determinados sectores de nuestra sociedad.

Un egoísmo que no toma en cuenta que el mantenimiento del consumo depende de salarios dignos, que no toma en cuenta que unas pensiones dignas son la mejor garantía de cohesión social. Basta comprobar el papel jugado por los pensionistas en el sostenimiento de sus familias, especialmente tras el estallido de la crisis desencadenada a partir del año 2008.

El reciente acuerdo entre Gobierno y sindicatos, del que se ha desentendido el sector empresarial, supone la sustitución del injusto factor de sostenibilidad por otro instrumento como el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que incrementará los recursos del sistema de pensiones gracias a una aportación extraordinaria de un 0,6% en las cotizaciones sociales.

Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE/Fernando Alvarado) Opinión

Pero el acuerdo no se queda ahí, sino que incorpora que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales o que el Estado incremente su aportación en 20.000 millones de euros anuales. Destopar, eliminar los límites de las bases máximas de cotización, es otra reforma que no debería suscitar reticencia alguna por parte de los sectores empresariales y que podría aportar 7.000 millones de euros anuales adicionales al sistema de pensiones.

Los salarios españoles son más bajos que la media europea. La media de nuestros costes laborales es casi 10.000 euros menor que en la zona euro. Nuestras cotizaciones sociales son casi cuatro puntos porcentuales más bajas que las que nuestras empresas soportaban en los años ochenta. Nuestras cotizaciones sociales suponen un 12,1% del producto interior bruto (PIB), mientras que en Europa suponen un 13,1%.

Si nuestros salarios son bajos y nuestras cotizaciones sociales están por debajo de la media, no es excéntrico que para alcanzar un bien mayor, como es el sostenimiento del sistema de pensiones, podamos echar mano de medidas como las que han acordado gobiernos y sindicatos.

Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE/J.J. Guillén)

Hasta ahora, los acuerdos sociales han conseguido salvarse de la quema que han desencadenado los efectos de la pandemia en la política nacional. Los acuerdos sociales han salvado empleos y empresas en unas situaciones muy complicadas. Acuerdos que hemos tenido que sacar adelante sin experiencias previas y muy a menudo con muy pocos medios.

Creo que merece la pena seguir manteniendo ese esfuerzo conjunto de empresarios, sindicatos y gobiernos para superar los duros momentos que aún nos quedan por delante. La práctica del diálogo social siempre es mejor baza que afrontar un conflicto social abierto en canal.

*Francisco Javier López, ex secretario general de CCOO Madrid.

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