Tsunami regulatorio para las empresas españolas en 2022

El año 2022 albergará un verdadero tsunami regulatorio, especialmente en materia de transición verde y digital, para las empresas que operan en la Unión Europea. Así lo muestra el Programa de Trabajo anunciado por la Comisión Europea, que se ha visto reactivado con, entre otras amenazas, la salida de Reino Unido, la crisis energética o el Covid-19. Para que solamente sirva de contexto: en los últimos 122 días de 2021, se habrán publicado en España 144 normas, de las que solamente un 14,5% se habrán sometido a control parlamentario.

Ahora los esfuerzos de la Comisión Europea y el Parlamento se centran en preparar a las empresas para competir en un entorno cada vez más global y complejo. En concreto, las iniciativas planteadas para 2022 están diseñadas sobre los pilares del inicio del mandato de Ursula von der Leyen y van encaminadas a impulsar la sostenibilidad medioambiental y la adopción de la digitalización en toda la cadena de valor de las empresas.

Solo en 2022, el Programa de Trabajo anunciado por la Comisión Europea plantea 42 nuevas iniciativas, 26 propuestas de simplificación normativa y 76 medidas de continuación de políticas prioritarias, además de seis propuestas de retirada de iniciativas presentadas en 2021.

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Uno de los paquetes legislativos con más impacto en las empresas que operan en Europa será el incluido en el Fit For 55, que plantea una reducción drástica de las emisiones de Co2 en las próximas décadas. El paquete fit 55 prevé impulsar la evolución hacia formas de producción enteramente renovables, con una transformación fundamental del transporte y la movilidad, y un rediseño de las cadenas logísticas. Hablamos de medidas encaminadas a la protección de la calidad del aire y del agua; y de avance hacia una economía circular, que afectan a infinidad de industrias, como por ejemplo el plástico, los fertilizantes, plaguicidas, el etiquetado o la gestión de aguas residuales urbanas.

Además de las diferentes propuestas legislativas y no legislativas previstas, a partir de la segunda mitad de 2022, bajo la presidencia de la República Checa, se revisarán diversas normas como la Directiva sobre vehículos al final de su vida útil y sobre homologación de vehículos de motor o el Reglamento sobre la puesta a disposición y comercialización de detergentes. El impacto de dichas revisiones es difícil de conocer en estos momentos, pero es importante seguir la evolución de las posibles modificaciones y sus consecuencias en sectores importantes para nuestra economía.

Algo similar ocurre con la agenda digital comunitaria que avanzará en temas cruciales para las empresas. Entre otros aspectos, la UE quiere impulsar los medios y canales digitales para que las empresas puedan adaptarse más rápidamente a los cambios y reducir el impacto de futuras crisis económicas y financieras; o fortalecer las competencias digitales para reducir la brecha digital, promover los ‘digital skills’ y garantizar una conectividad asequible, segura y de alta calidad. En este sentido, cabe destacar una Ley Europea de Chips y un Acta Europea de Ciber Resiliencia. El objetivo final de todas estas medidas es contribuir a promover la autonomía estratégica de la Unión.

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Otros aspectos importantes en materia de regulación digital seguirán siendo la amenaza de la ciberdelincuencia y la protección los derechos de los consumidores, con especial hincapié en el de la protección de datos. En este sentido, habrá que estar muy atentos al posible impacto, en las empresas y administraciones, de propuestas legislativas para 2022 como la ‘Hoja de ruta sobre tecnologías de seguridad y defensa’ o la ‘Recomendación sobre la mejora de la oferta de competencias digitales en la educación y la formación’.

Ante este contexto, ¿cómo pueden las empresas españolas prepararse para este tsunami regulatorio? Por un lado, como todas estas iniciativas supondrán un reto normativo para los países miembros, que a su vez deberán apoyarse en sus regiones (comunidades autónomas en el caso español) y municipios para la implementación de las mismas, se deberán fomentar modelos de co-gobernanza y colaboración público-privada para lograr una adecuada implementación. Y, en segundo lugar y relacionado con el punto anterior, contar con una estrategia de incidencia pública, tanto a nivel comunitario como en el aterrizaje de la norma antes las autoridades estatales, comunidades autónomas y ayuntamientos, es clave para que las empresas puedan adaptarse correctamente y al menor coste a su entorno regulatorio.

*Carlos Ochoa, managing director de Public Affairs en FTI Consulting y Cristina Cartes, directora de Public Affairs en FTI Consulting