No perdamos el tiempo ni la energía con el gas y la nuclear

La intención del gobierno francés, comunicada por el presidente Emmanuel Macron a mediados de noviembre, de volver a construir reactores atómicos ha reverdecido el debate sobre la energía nuclear. Y ahora la Comisión Europea alimenta la controversia con su propuesta de taxonomía de la energía, que pretende etiquetar como “verde” la electricidad producida a partir del uranio y el gas.

En España no deberíamos perder un solo minuto en discutir sobre este asunto. Porque más allá de los aspectos técnicos, industriales, económicos, medioambientales e incluso éticos que rodean la discusión, el tiempo es un factor determinante. Y la realidad es que no tenemos mucho tiempo para cumplir con la meta que la propia Comisión Europea ha fijado en el Pacto Verde: conseguir la neutralidad climática en 2050, lo cual implica como objetivo intermedio para 2030 reducir en un 55 % las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a las de 1990.

La producción y el uso de energía representan más del 75 % de las emisiones de gases vinculados al calentamiento global en la Unión Europea. En consecuencia, la descarbonización del sistema energético de los países de la Unión es esencial para luchar contra el cambio climático, que ha dejado de ser una amenaza para otros países y descarga sus efectos en el viejo continente en forma de inundaciones, tormentas más fuertes, olas de calor y en el avance de desertificación, entre otros sucesos meteorológicos.

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La propia Comisión declara que las principales palancas para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo son: “construir sistemas de energía interconectados y redes mejor integradas para apoyar las fuentes de energía renovables, promover las tecnologías innovadoras y las infraestructuras modernas, impulsar la eficiencia energética y el diseño ecológico de los productos, descarbonizar el sector del gas y fomentar la integración inteligente en todos los sectores, capacitar a los consumidores y ayudar a los países de la UE a combatir la pobreza energética, promover las normas energéticas de la UE y las tecnologías a escala mundial y desarrollar todo el potencial de la energía eólica marina en Europa”. Etiquetar a la energía nuclear y a los ciclos combinados como “verde” no parece encajar en ninguno de los vectores anteriormente descritos.

El año 2021 culminó en el conjunto de países de la Unión Europea con una cifra récord de nuevas plantas de generación con tecnologías limpias (38,7 GW) y una inversión de más de 60.000 millones de euros. En España, los datos de Red Eléctrica apuntan que el ejercicio se cerró con la entrada en operación de 3,4 GW de energías renovables, de los que 2,8 corresponden a la fotovoltaica. Estos incrementos de capacidad sitúan la potencia instalada eólica en 28,03 GW, la fotovoltaica en 14,6 GW y el conjunto de las renovables en 63,2 GW.

A pesar de estos registros, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera en su informe anual (World Energy Outlook 2021) que el crecimiento de las energías limpias es insuficiente para alcanzar los objetivos europeos de descarbonización. De hecho, calcula que con el ritmo actual solo se logrará una reducción del 80 % de las emisiones de CO₂ y no será posible mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. El mensaje de la AIE está meridianamente claro: hay que acelerar la implantación de las energías limpias, el almacenamiento y las políticas que estimulen la eficiencia energética.

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En este contexto, el debate sobre la energía nuclear es estéril, mientras que el del gas está muy condicionado por la dependencia que sufre Europa y los factores geoestratégicos a ella asociados. No olvidemos que la llave de la mayor parte del gas que consume Europa está en manos de Putin.

La tasa de dependencia energética de los 27 países que conforman la Unión Europa es del 57,48 % (dato de 2020). Europa es el tercer mayor consumidor de energía del mundo y el primer importador. En el caso del gas, el 90 % del que consume Europa es importado, con Rusia (40 %) y Argelia como principales suministradores. Esta dependencia, que en caso de España llega al 99 %, está en el origen de la escalada de los precios de la electricidad, que han llegado a superar en el mercado ibérico los 300 euros por MWh, aún lejos de las puntas muy por encima de los 400 euros alcanzadas por Francia, Alemania e Italia. Curiosamente, en los dos primeros países la energía nuclear sigue jugando un papel relevante en el mix de generación, pero no ha logrado frenar la fortísima subida de los precios.

Poco importa que etiquetemos el gas como verde o como rojo porque, más allá de la contradicción que supondría calificar como ecológica la quema de un combustible fósil, la Europa comunitaria carece de este y de otros hidrocarburos.

Cinco razones para una quimera

Mirando hacia la hipótesis atómica, plantear la construcción de una nueva central nuclear en España es una quimera por cinco razones.

La primera es porque los expertos calculan que tardaría en tramitarse y construirse al menos 15 años. La referencia más cercana en la central de Trillo, cuya tramitación se inició formalmente en 1975 con la concesión de la autorización previa y su entrada en explotación tuvo lugar 13 años después, en 1988. Cabe pensar que los estudios realizados para la autorización previa llevaron al menos dos años y que el proyecto contaba desde sus inicios con el beneplácito del gobierno de Franco, es decir, 15 años en total con el viento a favor y sin la complejidad administrativa que requeriría hoy un proyecto de tales características.

La segunda razón aúna tiempo y política. Dados los plazos, ningún gobierno se atreverá a proponer la vuelta a la energía nuclear sabiendo que tendrá que asumir el coste político y, sin embargo, será otro ejecutivo -muy probablemente soportado por otro partido- quien se beneficie de su entrada en explotación. Es conocido que el actual gobierno de Pedro Sánchez se opone frontalmente a la energía nuclear, cuyo parque de generación está en fase de desmantelamiento en parte y con fecha de cierre en su totalidad. Los siete reactores que hoy están en explotación (7.117 MW en total) tienen previsto su parada y cierre entre 2027 y 2035.

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Tiene mucho más sentido político y tecnológico apostar por el hidrógeno verde y el desarrollo de las baterías como las mejores soluciones para la transición energética a medio plazo porque permiten el almacenamiento, el principal desafío que afronta el sistema energético. Y, a corto plazo, las administraciones públicas tienen la posibilidad de acelerar los procesos de tramitación de las instalaciones de energías renovables, que actualmente constituyen el principal cuello de botella.

La tercera razón es la actual ausencia de minería de uranio en España. Bien es cierto que existen reservas de uranio, estimadas en 4.650 toneladas de U3O8 a costes de explotación inferiores a 80 $/kg y 12.160 toneladas a costes comprendidos entre 80 y 130 $/kg. Sin embargo, en las actuales condiciones técnicas y económicas, tales reservas no son rentables.

Los reactores nucleares españoles tienen unas necesidades medias anuales de unas 1.800 toneladas de octóxido de triuranio natural (U3O8). Estas necesidades se cubren actualmente en un 35 % con importaciones de empresas mineras de Canadá y Australia (Cameco, BHP-P y Río Tinto), otro 35 % de extractoras africanas (Nufcor, en Sudáfrica; Cominak, en Níger, y Río Tinto, en Namibia) y el 30 % restante de la empresa rusa Tenex.

La aplicación de los denominados criterios ESG frena la inversión y la financiación en tecnologías de generación nuclear y con combustibles fósiles

El cuarto razonamiento es político, técnico, medioambiental y ético: España no tiene resuelto el tratamiento de los residuos nucleares que ha producido y sigue produciendo. De hecho, el único proyecto aprobado hasta la fecha, el almacén temporal centralizado para residuos de alta actividad, data del gobierno de Rodríguez Zapatero (2011) y está paralizado. Basta fijarse en su descripción como “temporal” para darse cuenta de que este es un asunto no resuelto.

Y el quinto punto es financiero: la aplicación de los denominados criterios ESG (Environmental, Social y Governance) frena la inversión y la financiación en tecnologías de generación nuclear y con combustibles fósiles y, por el contrario, estimula la localización de capital en activos verdes. ¿Cuántos inversores se plantearían hoy entrar en el accionariado de una sociedad que fuese a construir una central nuclear o qué bancos o fondos se atreverían a financiar su construcción y explotación?

Hay suficiente dinero y razones para acelerar el desarrollo de las energías renovables, que son la principal herramienta de lucha contra el cambio climático y contra el incremento de los precios de la energía que producen los combustibles fósiles. No perdamos el tiempo.

*Juan Béjar es presidente de Bruc