Pragmatismo, no postureo

Al filo de la medianoche del último día del año (buscando, quizás, evitar un debate público) la Comisión Europea filtró un borrador de su propuesta de otorgar la etiqueta verde europea, de forma temporal y con condiciones, a la energía nuclear y el gas. La propuesta de la Comisión es un compromiso razonable. La respuesta del Gobierno de España, un NO inmediato y sin debate, no solo va contra los intereses de nuestro país, sino que, además, dificulta la consecución de nuestros objetivos climáticos.

Lo que está en juego es enorme. Lo que era una decisión administrativa aparentemente técnica, con el tiempo ha adquirido un enorme peso político.

Originalmente, la taxonomía tenía como objetivo solo orientar las inversiones privadas hacia lo medioambientalmente sostenible. Pero a medida que han pasado los meses desde su aprobación en 2020, muchos proyectos legislativos europeos incluyen referencias a la taxonomía, lo que supone que estas etiquetas verdes afectarán también a muchas inversiones públicas. Incluso podría ser determinante para el cumplimiento de las reglas de déficit y de deuda que impone la UE a los Estados, si prosperan las propuestas de que la inversión verde 'no cuente' de cara al cálculo de los déficits públicos de dichas reglas.

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Las posiciones de los diferentes países están muy encontradas. Por un lado, Francia, una superpotencia en generación nuclear, insiste en que esta energía sea reconocida como verde porque no emite prácticamente gases de efecto invernadero. Por otro lado, Alemania y los países del este exigen que el gas sea incluido para facilitar su transición energética, dado que su energía eléctrica procede en la actualidad en gran parte del carbón (tras haberse pegado Alemania un tiro en el pie decidiendo en 2011 el cierre de sus centrales nucleares). Finalmente, Austria, con enorme capacidad hidroeléctrica dada su geografía alpina, se opone a ambas.

En este contexto, la propuesta de la Comisión —incluyendo ambas tecnologías, pero con duras condiciones— es un compromiso sensato.

En primer lugar, porque considera ambas tecnologías 'de transición'; es decir, la etiqueta verde europea solo se obtiene durante la transición a un nuevo modelo energético. En el caso del gas, la fecha límite para que las nuevas inversiones (bajo condiciones estrictas) sean verdes es 2030, y en el caso de la nuclear, 2045.

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En segundo lugar, porque se ponen limitaciones estrictas al uso de ambas tecnologías. Para que una inversión en gas sea verde, las nuevas centrales deberán tener unas emisiones muy bajas (inferiores a 270 gCO2e/kWh, un umbral que dejaría fuera a las centrales de ciclo combinado actuales) y tendrán que reemplazar a una planta de combustible fósil más contaminante (por ejemplo, de carbón). Para la nuclear, se imponen altas exigencias a la gestión de los residuos radioactivos, para garantizar su máxima seguridad.

Además, la propuesta de la Comisión no permite que inversiones destinadas a renovables acaben financiando torticeramente el gas y la nuclear. El borrador contempla unos requisitos específicos de transparencia para que los inversores sepan identificar las inversiones que incluyen gas y nuclear. Así, si los inversores quieren solo invertir en renovables y evitar nuclear y gas, tendrán la visibilidad necesaria para hacerlo.

En resumen, la Comisión Europea ha hecho un ejercicio de pragmatismo político sin renunciar a la ambición climática. El paso siguiente, una vez se publique la propuesta definitiva, consistirá en la aprobación de la propuesta por parte de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. Para tumbarla, se necesita que una mayoría absoluta del Parlamento o que el 55% de los países, representando el 65% de la población, estén en contra. Una gran barrera que, salvo sorpresas, no debería superarse.

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La realidad es que, pese a los aspavientos de algunos, la nuclear es segura y no emite gases de efecto invernadero; y el gas es mucho menos contaminante que el carbón y es una alternativa temporal necesaria.

La posición del Gobierno español de rechazarlo todo es postureo que en nada beneficia a los ciudadanos. El Gobierno sabe perfectamente que vamos a seguir necesitando gas —de hecho, promete mantener el flujo de Argelia— pero se desdice del mismo de cara a la galería. Lo mismo sucede con la energía nuclear: el Gobierno se muestra contrario a una fuente de energía estable y sin emisiones, pero a la vez dice querer que el precio de la luz sea asequible y previsible y reducir radicalmente las emisiones.

En definitiva, no necesitamos postureo: necesitamos reducir las emisiones de dióxido de carbono drásticamente. Y la realidad es que hasta que no tengamos una solución viable al almacenamiento energético, no podremos aspirar a abastecernos solo de renovables intermitentes (solar y eólica). En estos años de transición, necesitaremos la energía nuclear y el gas. Y es justamente eso lo que propone la Comisión: usar estas tecnologías para ganar tiempo, sin renunciar a un mundo libre de emisiones. El desafío que supone la transición ecológica exige ser pragmáticos y utilizar todas las alternativas disponibles para superarlo.

*Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.