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La reforma laboral: una extraña coincidencia
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Valeriano Gómez

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La reforma laboral: una extraña coincidencia

Lo que necesitamos no es la reforma de 'uno' u 'otro', sino una reforma con amplios consensos entre los que deben estar, sin ninguna duda, los interlocutores sociales

Foto: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El final pactado de las negociaciones sobre la reforma laboral ha producido una peculiar coincidencia en las reacciones producidas frente a ella. Tanto el PP como las fuerzas políticas situadas en el extremo opuesto del arco parlamentario, Bildu, ERC, Más País e incluso el PNV, han respondido con la misma afirmación: no es nuestra reforma.

Por supuesto, en un régimen democrático todos tienen el derecho, y el deber, de defender sus ideas y someterlas al escrutinio parlamentario. Sin embargo, creo que ese tipo de reacciones insistiendo en que los contenidos de la reforma no son los que unos u otros defienden son las que confieren una indudable fortaleza a los acuerdos alcanzados en el diálogo social.

Foto: El presidente de ATA, Lorenzo Amor (c), conversa con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. (EFE/J.J. Guillén) Opinión

Al fin y al cabo, el diálogo social como forma de orientar la regulación laboral consiste precisamente en un ejercicio en el que sus protagonistas, Gobierno e interlocutores sociales, se comprometen a someter sus pretensiones a una negociación sincera y abierta sabiendo que su resultado nunca será el mismo que el que inicialmente configuraba sus reivindicaciones o sus programas electorales. Claro que la reforma acordada no es la reforma del PP, ni la de Bildu o la de ERC, pero tampoco es la reforma del PSOE o la defendida por Podemos.

Si el Gobierno de coalición hubiera renunciado al diálogo social decidiéndose por una reforma unilateral e impuesta, como hizo en su día el Gobierno del PP, es seguro que sus resultados permitirían decir a muchos que esa sí es 'su' reforma. Sin embargo, optando por el consenso y el diálogo, el Gobierno ha elegido una senda que nunca debería haber abandonado el PP en 2012. Porque si uno elige su camino y lo impone a los demás sin el menor gesto de diálogo, debe estar dispuesto a que, cuando pierde la mayoría parlamentaria, vea cancelada su iniciativa con la misma rotundidad con que en febrero de 2012, apenas un mes y medio después de tomar posesión, el Gobierno del PP aprobó por decreto ley 'su' reforma laboral.

Foto: Sesión de control al Gobierno en el Congreso. (EFE/Lizón)

Estas razones son las que hacen sorprendente la reacción del PP rechazando el acuerdo tripartito. Al fin y al cabo, la mejor forma de acabar con el contencioso abierto en 2012 que amenazaba con convertir nuestra legislación laboral en un eterno viaje de ida y vuelta en función de la evolución del ciclo político (como ha ocurrido en otros ámbitos trascendentales de las políticas públicas) es precisamente el acuerdo social entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales. Porque lo que necesitamos no es la reforma de 'uno' u 'otro', sino una reforma con amplios consensos entre los que deben estar, sin ninguna duda, los interlocutores sociales.

La reforma laboral acordada hace unos días no es la primera que se alcanza en nuestro país durante los últimos 40 años. Es mejor dejar que transcurra el tiempo para calificarla de 'histórica'. Necesitamos tiempo para mirar hacia atrás como haría el ángel de la historia de W. Benjamin. Históricos fueron los Acuerdos de Grenelle que en 1968 dieron expresión y cauce de salida a las convulsiones sociales de mayo de 1968 en Francia o, un año más tarde, el acuerdo que generalizó legalmente la escala móvil de salarios en Italia. Históricos fueron también los acuerdos de Saltsjöbaden en Suecia (que configuraron el que con el tiempo se denominaría 'modelo sueco' de política laboral, fiscal y social) o los alcanzados en Alemania para impulsar el modelo de cogestión de las empresas a partir de 1976.

Foto: Antonio Garamendi conversa con Yolanda Díaz (EFE/J.J. Guillén)

En España, solemos calificar de históricos, con justa razón, los acuerdos alcanzados en 1979 y 1980 que configuraron el armazón y la estructura del Estatuto de los Trabajadores. De una u otra forma, con diversos procedimientos y resultados, el diálogo social fue clave en el proceso de estabilización económica y social durante la primera década democrática. Aunque los Pactos de la Moncloa no son un ejemplo reseñable en nuestro ámbito —porque no tuvieron naturaleza tripartita—, a ellos le sucedieron todo un conjunto de acuerdos, el ABI de carácter bipartito pero que dio lugar al Estatuto de los Trabajadores, el Acuerdo Nacional sobre el Empleo, el Acuerdo Económico y Social (vigente hasta 1986 y que, entre otras cosas, vino a configurar el modelo de protección a los desempleados que, en lo esencial, todavía hoy existe) y los acuerdos sectoriales para el tratamiento laboral y social del proceso de reconversión en los grandes sectores de la industria naval, siderúrgica integral y del acero común, electrodomésticos, componentes electrónicos, etc., que pusieron sólidos cimientos al diálogo en el ámbito de las políticas sociales y laborales.

A lo largo de cuatro décadas, en diversas etapas y con resultados dispares, el diálogo social ha sido uno de los grandes activos de la política laboral y social en España. Frente a lo que una reflexión poco profunda podría sugerir, más que un método, más que un medio, el diálogo social es un fin en sí mismo. El objetivo es hablar, el fin no es otro que dialogar. Y hacerlo, desde la seguridad, avalada por los hechos, de que hablar y dialogar es el mejor camino para terminar haciendo buenas políticas. En materia laboral, es mejor huir de esa suerte de reformas ilustradas diseñadas en el laboratorio. La mejor reforma —aun la alejada de las pretensiones iniciales del gobernante— es la que se acuerda, la que es fruto de la deliberación y el contraste de ideas e intereses. La que, al huir de los términos 'nosotros' y 'ellos', termina encontrando una solución que suele ser superior a la construida analíticamente.

Foto: Yolanda Díaz, a su llegada al Vaticano para reunirse en privado con el papa Francisco para hablar de la reforma laboral. Laura Serrano (EFE). Opinión
La reforma laboral del consenso
Mario Barros García

Si no fuera por las razones anteriores, resultaría innegable mantener la idea de que el Gobierno actual estaría legitimado para llevar a cabo su agenda social y laboral sin necesidad de buscar consensos con los principales interlocutores económicos y sociales. Después de todo, los anteriores gobiernos durante el periodo 2012-2015, en que contaron con mayoría absoluta, abordaron su estrategia sin abrir espacio alguno para el diálogo político o el consenso social.

El ejemplo más emblemático fue precisamente la reforma laboral de 2012, aprobada mediante decreto ley apenas unas semanas después de la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Pero el carácter impositivo y unilateral de la nueva legislación se plasmó también en áreas clave de la política social, la reforma del sistema de actualización de las pensiones, o las reducciones y recortes en la protección por desempleo y el sistema de atención a la dependencia o la política fiscal, a través de una visión restrictiva —hoy afortunadamente superada en España y en Europa— contenida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012.

Foto: La vicepresidenta económica, Nadia Calviño. (Reuters/James Lawler Duggan)

Hasta entonces, ningún Gobierno democrático anterior había abordado reformas de tanta trascendencia sin apelación alguna al diálogo social o a la negociación política.

Lo importante en la reforma laboral actual no es cuánto permanece de la reforma laboral de 2012 y cuánto resulta transformado. Desde el momento en que el Gobierno abrió la posibilidad de someter al diálogo social su agenda laboral, estaba anunciando en realidad su voluntad de diseñar un nuevo marco fruto del acuerdo en el que era evidente que podrían permanecer algunas de las materias que configuraron la reforma de 2012. Sin embargo, la diferencia es que ahora el resultado es fruto del acuerdo, y ese resultado resuelve una situación que en 2012 había alterado profundamente el equilibrio en las relaciones laborales.

Foto: La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/ Laura Serrano)

No debe olvidarse que esa ruptura del equilibrio —introducida en 2012 a través de aspectos como la superioridad del convenio de empresa sobre el sectorial, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos o la posibilidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por las empresas— produjo una intensa devaluación salarial y la expansión de fenómenos como la pobreza laboral.

Entre 2012 y 2017, el poder adquisitivo de los salarios se redujo en alrededor del 10% y lo peor es que el deterioro salarial afectó de forma mucho más fuerte precisamente a los salarios más bajos. Ese fue uno de los principales detonantes de la necesidad de recuperar un nivel salarial más justo a través de la revalorización intensa del SMI iniciada en 2017 —todavía bajo el Gobierno del PP tras un acuerdo con el entonces principal partido de la oposición— y continuada con más ímpetu por el nuevo Gobierno desde 2018. El nuevo marco diseñado en la reforma recientemente alcanzada permite que el convenio de empresa pueda modificar aspectos vinculados a la capacidad de adaptación y flexibilidad de las empresas, pero, esa es la clave, impide que esa adaptación se logre a través del deterioro de las condiciones salariales o el aumento de la duración de la jornada al margen de lo establecido en los convenios de sector.

Foto: Pedro Sánchez dialoga con Yolanda Díaz en el Congreso. (EFE/Rodrigo Jiménez)

Por supuesto, aunque los aspectos vinculados al reequilibrio de la negociación colectiva son muy importantes, la reforma de 2021 introduce mejoras de calado en la regulación de las contratas y subcontratas dificultando que su utilización por las empresas se convierta en un ineficiente instrumento para reducir y empeorar las condiciones de trabajo. Adicionalmente, una nueva regulación más exigente de la contratación temporal, manteniendo la posibilidad de uso justificado en las empresas y una restricción mucho más profunda de su uso en la Administración pública, debe ayudar a superar una de las peores disfunciones del mercado de trabajo español, que sigue manteniendo las tasas más altas de temporalidad entre los países miembros de la UE.

Junto a ello, una nueva regulación de los ERTE para convertirlos en instrumentos permanentes de adaptación de empresas y sectores sometidos a crisis coyunturales podrá permitir, como ya ocurre en otros países europeos (Alemania es aquí el ejemplo más reseñable), que la apelación a los ajustes de plantilla mediante despidos no sea el mecanismo más utilizado incurriendo en costes de rotación y de protección por desempleo mucho más altos que los que costará el nuevo mecanismo RED para la flexibilidad y la estabilización del empleo creado por la reforma.

Foto: Inés Arrimadas y Edmundo Bal, en el Congreso. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

No es necesario insistir en que el final dialogado de la reforma es el mejor modo de cerrar el conflicto regulatorio abierto en 2012. Ahora el Parlamento tiene la palabra. Ojalá que esa extraña coincidencia contra ella, aparecida en ambos lados del espectro político, pueda convertirse en un nivel aceptable de consenso en una regulación laboral moderna y equilibrada que vuelve a poner en primer plano el diálogo social en un país que necesita el entendimiento en una medida no menor que la exigida hace 40 años.

*Valeriano Gómez. Economista y exministro de Trabajo.

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