De qué hablamos cuando hablamos de taxonomía

La Comisión Europea hacía público el pasado 31 de diciembre el borrador de acto delegado (denominación comunitaria de una especie de 'orden ministerial' que desarrolla un artículo concreto de una ley europea, reglamento o directiva, que a diferencia de la orden ministerial en España debe ser aprobada por Parlamento y Consejo de la UE, aunque no admite enmiendas) sobre la introducción del gas natural y la energía nuclear en el marco de la taxonomía, el reglamento comunitario que define qué tipo de actividades pueden definirse como 'verdes'. La propuesta de la Comisión, aún con ciertas condiciones, permitiría que las inversiones en esos dos tipos de energía compartieran 'marca verde' con las renovables y otras actividades netamente sostenibles, y la polémica ha estallado. Quizá merezca la pena detenerse un momento en explicar qué es exactamente la taxonomía.

La implementación de los Acuerdos de París está exigiendo ya un enorme esfuerzo de nuestras economías para reorientar las pautas de producción y consumo. Los compromisos previos ya habían puesto en marcha el mercado de derechos de emisión en Europa y el despliegue que una agenda legislativa muy potente destinada a reducir las emisiones de forma acelerada después y muy especialmente tras la presentación por parte de la Comisión Europa del paquete Fit for 55. En todo caso, esos esfuerzos deben tener reflejo también en el mercado financiero con el objetivo también de reorientar el ahorro y la inversión hacia las actividades que coadyuven a reducir emisiones. En este sentido, el mercado había comenzado a diseñar marcas 'verdes' que permitieran conducir los capitales hacia esas actividades en virtud de una disciplina de mercado 'sostenible'. En todo caso, estas 'marcas' provistas desde el mercado podrían generar varios problemas. Por una parte, la multiplicidad de 'marcas' verdes dificulta la consolidación de un mercado que debe crecer extraordinariamente, y por otra, abre la puerta a posibles definiciones de 'verde' donde se introdujeran actividades no sostenibles, quedando expuestos al 'green washing'. Para evitar estos problemas, la Comisión presentó su reglamento de taxonomía con el objetivo de diseñar un 'golden standard' de las actividades verdes, que evitara ambos inconvenientes de las 'marcas' provistas por la iniciativa privada.

Opinión

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El reglamento, acordado por Consejo y Parlamento, establece seis criterios (artículo 9) con los que evaluar las características sostenibles de las distintas actividades: mitigación y adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de las aguas y recursos marítimos, la transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Pues bien, una actividad podría recibir la marca 'verde' siempre y cuando contribuya a uno de estos objetivos, pero a su vez no debe generar un daño al cumplimiento del resto de los criterios (artículo 3 y artículo 17). Es decir, contribuir a uno de los seis objetivos es condición necesaria, pero no suficiente.

Pues bien, la Comisión presentó el pasado verano un primer acto delegado con un paquete de actividades 'verdes', a ratificar por el Parlamento y el Consejo de la UE, sin mayores controversias, dejando para una propuesta posterior su opinión sobre el gas y la energía nuclear. Deslindar estas energías del resto actividades no era una decisión inocua. De alguna manera venía a transparentar las dificultades técnicas y políticas en ese campo. Inconvenientes que ahora tenemos los colegisladores para aprobar o no su última propuesta.

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El Gobierno español ya ha anunciado que no respaldará este texto en el Consejo de la UE. Otros Ejecutivos, como los de Austria y Luxemburgo, amenazan con llevar la propuesta a los tribunales y el grupo parlamentario europeo al que pertenezco, Socialistas y Demócratas, ha enviado una carta a la Comisión Europea mostrando su rechazo y proponiendo la posibilidad de una categoría intermedia, pero no 'verde' para las tecnologías de transición.

Las razones son simples y no se centran en prejuicios sobre el papel de la energía nuclear y el gas en la transición hacia una economía climáticamente neutra en 2050. Cabe debatir en qué medida ambas energías pueden ayudarnos a prescindir del uso de combustibles fósiles con mucho mayor impacto en la emisión de gases con efecto invernadero. Y, sin duda, durante un tiempo, ambas deberán acompañarnos mientras se despliegan nuevas innovaciones en el área del almacenamiento energético o el hidrógeno. La pregunta que debemos hacernos no es, pues, si la nuclear y el gas son útiles en el proceso de descarbonización, que pueden serlo, sino en qué medida ambas deben adoptar el calificativo 'verde' bajo el marco regulatorio de la taxonomía que obliga no ya a cumplir uno de los criterios, sino también a no dañar el resto. Es preciso considerar, por otra parte, que quedar fuera de la taxonomía no significa que no pueda ni deba haber inversiones en esas actividades en el inmediato presente, sino simplemente que no puedan tener el calificativo de 'verde'.

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Sin duda, ambas energías encajan bajo el criterio de 'mitigación del cambio climático' pero no resulta plausible que no supongan daños sobre el resto, tal y como exige el artículo 17. Especialmente, en el caso de la energía nuclear y fruto de los problemas de gestión de los residuos no encuentro los argumentos técnicos, con base en el propio reglamento, que aconsejen otorgar el calificativo de 'verde' en el marco regulatorio de la taxonomía. Ese paso supondría también situar a la propia 'taxonomía' ante una notable debilidad si deseamos hacer de esta regulación una 'golden standard', habida a cuenta, por otra parte, que las 'taxonomías privadas' no incorporan las inversiones en ambas energías.

Ambas energías encajan bajo el criterio de 'mitigación del cambio climático', pero no resulta plausible que no supongan daños sobre el resto

El pasado 11 de enero, mi colega Luis Garicano escribía en este diario una columna avalando la propuesta de la Comisión como un “compromiso sensato” y calificando la respuesta del Gobierno español como “postureo”, crítica que entiendo pueda predicar también de la posición del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Por mi parte, no veo ninguna de sus calificaciones, a su vez, como sensatas, teniendo en cuenta además que la Plataforma de Finanzas Sostenibles, el grupo de expertos que apoya a la Comisión en este ámbito, publicó esta semana su informe negativo sobre el mismo borrador de acto delegado con argumentos similares a los expresados en esta columna.

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Por cierto, esta plataforma técnica aconseja crear un calificativo especial para las inversiones en estas energías, reconociendo su papel en la transición, pero sin contaminar la actual taxonomía, ni generando incertidumbre, ni inseguridad jurídica a los inversores que deseen conducir sus ahorros hacia actividades netamente verdes. Una propuesta similar a la del Gobierno español y el grupo socialista en el Parlamento Europeo. Quizá convendría en este aspecto releer el artículo “The market for Lemons”, de George Akerlof de 1970, que mi colega conoce.

El debate no es sobre el papel de la nuclear y el gas en la transición. La discusión se centra en evaluar si ambas encajan en el marco normativo de la taxonomía y si su introducción diluye la relevancia que queremos adopte la regulación europea. Ello no prejuzga las posibles inversiones necesarias en esas áreas, simplemente llama a las cosas por su nombre. Por el nombre con el que están redactadas en un reglamento que, por cierto, contó con el apoyo del grupo liberal Renew Europe en el Parlamento y por Alemania y, especialmente, Francia en el Consejo. Ciñámonos, pues, a lo recogido en el texto legal vigente.

*Jonás Fernández. Eurodiputado y portavoz de S&D en el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.