La guerra de Ucrania y la soberanía alimentaria

En pleno siglo XXI, cuando todos pensábamos que el diálogo racional y la sana discusión para contraponer ideas se podrían anteponer, siempre, a toda suerte de actuación bélica propia de épocas pasadas, asistimos con profundo dolor y tristeza a la más cruel de las acciones humanas: la guerra.

La guerra que se lleva por delante a personas que, hasta ese momento, tenían vidas normales y corrientes, como las de todos nosotros. A familias como las nuestras, en un país, Ucrania, que avanzaba hacia su futuro aprovechando su más que considerable potencial como suministrador de minerales, cereales, fuentes de energía, etc.

Un conflicto que, por duro que parezca decirlo, nadie ha sido capaz de parar, y que, tras lo ocurrido en 2014 en Crimea, nos debe llevar a hacer alguna que otra reflexión; al menos a analizar si hemos hecho y estamos haciendo todo lo posible para evitar el drama al que se enfrentan millones de personas en Ucrania en este momento. Igualmente, deberíamos analizar si realmente hemos desarrollado los medios para dar respuesta a las más que previsibles consecuencias, fundamental y prioritariamente humanitarias, pero también de orden económico, de esta contienda: No olvidemos que están en riesgo tanto el suministro energético como el abastecimiento alimentario de muchos de los países europeos.

Lo tenemos muy reciente: en 2014, tras la ocupación rusa de Crimea, los líderes de la Unión Europa condenaron las acciones de Rusia y se establecieron sanciones económicas dirigidas a sectores específicos de la economía rusa; restricciones comerciales, turísticas y de exportación de mercancías originarias, entre otras.

Como respuesta, en agosto de ese mismo año, el Gobierno ruso prohibió o limitó las importaciones de productos agrícolas, materias primas y alimentos de los países que secundaron las sanciones, los de la Unión Europea y Estados Unidos, Noruega, Australia y Canadá. El conocido como 'veto ruso' afectó especialmente al sector de las frutas y verduras, aún no recuperado, y a los productos cárnicos, dado que Rusia era para España el principal destino de estas exportaciones fuera de la UE.

La inestabilidad en la zona se ha mantenido durante los últimos años, si bien hasta hace unos meses todo apuntaba a que diciembre de 2022 podría ser el momento de eliminación de las restricciones por ambas partes. Lejos de esto, el conflicto se ha agudizado y además en esta ocasión con Ucrania, un país donde la balanza agroalimentaria es deficitaria para España, con un saldo negativo de más de 650 M€ anuales, según los datos oficiales. Esto tendrá repercusión en el mercado de alimentos en doble sentido: por un lado, perdemos destino para las exportaciones de merluza congelada, semillas de girasol, aceitunas en conserva y vino, sobre todo. Y por otro, y muy importante, habrá problemas con las importaciones. Tanto Rusia como Ucrania son grandes proveedores de cereal a España: el 30% de las importaciones de maíz y el 60% de girasol llegan del país invadido. Además, los agricultores se verán afectados por la subida del precio de los combustibles para las tareas agrícolas y el de los abonos y fertilizantes vinculados a las subidas del gas.

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Toda Europa puede llegar a tener problemas de abastecimiento si el conflicto se prolonga, o si las restricciones o vetos que actualmente afectan a las relaciones comerciales con Rusia se extienden también a Ucrania. De hecho, un estudio publicado ya en 2014 en la revista científica ‘Food Security’, sobre la limitación de las exportaciones de cereal de Rusia, Ucrania y Kazajistán en casos de malas cosechas, señalaba que Ucrania era uno de los países del mundo que más podían influir en los mercados y en el abastecimiento alimentario mundiales. La inestabilidad del último mes, unida a la previsión de malas cosecha por sequía, ya ha provocado que el precio del trigo haya tenido subidas exponenciales tanto en la Bolsa de París como en la Chicago Mercantil Exchange (CME), una de las principales bolsas de negociación de derivados sobre materias primas del mundo.

No perdamos de vista que la situación del sector agroalimentario español en 2014 en nada se parecía a la actual. A diferencia de lo que ocurría entonces, en estos momentos los costes de producción están disparados, muchos de ellos como consecuencia de la subida de impuestos y del precio de la energía. Cuestiones ambas que lejos de resolverse se agravarán si el Gobierno no cesa en su deriva ideológica. La dependencia energética, provocada por el cierre anticipado de térmicas y nucleares en nuestro país, se incrementará, aún más si cabe, con el conflicto bélico.

Las subidas de impuestos anunciadas y las nuevas previsiones normativas del Gobierno tampoco auguran un buen futuro al sector productor. Bastaría con mencionar que el nuevo procedimiento de gestión de residuos que se quiere imponer incrementará los gastos de la industria agroalimentaria española en 2.000 millones de euros anuales, sin aportar ni un solo beneficio ambiental sobre el sistema actual. Es evidente que esto al bolsillo del consumidor no le va a pasar desapercibido, y a los agricultores y ganaderos que siguen luchando por que se les paguen los costes de producción, mucho menos.

Ante esta situación, aun siendo consciente de que la urgencia en estos momentos debe estar en el apoyo humanitario, y a sabiendas de que son varios los sectores económicos afectados, hemos pedido al Gobierno que inicie la elaboración de un plan de contingencia para el sector agroalimentario. Es imprescindible adelantarse a lo que puede llegar a ser un problema de desabastecimiento, primero de alimentos para los animales, después de materia prima para el funcionamiento de muchas industrias alimentarias y finalmente en los supermercados.

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Un plan de contingencia que deberá tener dimensión nacional y europea, el sector productor debe contar con los apoyos necesarios para abordar la subida de costes de producción que se avecina y priorizar la producción frente a limitaciones actualmente planteadas por condicionamientos ambientales que avanzan en sentido contrario reduciendo la producción.

Es preciso que se priorice el cumplimiento del Acuerdo de París, cuando menciona la necesidad de anteponer la producción de alimentos a las medidas de cambio climático, en concreto el art. 2, en que se menciona expresamente la necesidad de “aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos”.

Por tanto, ante la dramática situación generada por Rusia en Ucrania, se hace necesario replantear la agenda de la UE respecto al Green Deal, y acompasarla a una realidad en que primen la disponibilidad y suficiencia de alimentos en Europa a los exigentes compromisos ambientales ya de por sí difíciles de alcanzar incluso antes del conflicto.

El ejemplo lo tenemos ya con la crisis de la energía y la lección que nos han dado países como Alemania al decidir mantener las térmicas el carbón, o los motores de combustión interna, o Francia apostando por la nuclear frente a la descarbonización inmediata por la que ha optado España y que nos ha llevado a una dependencia energética total y unas facturas de la luz inasumibles por la mayoría de los ciudadanos y empresas de nuestro país. Hemos visto estas semanas cómo Francia apoyaba con 270 millones de euros al sector porcino, mientras en España se lo demoniza y se habla de derechos de los animales, o cómo nuestro Gobierno propone considerar el vino como droga, mientras nuestros competidores invierten cada vez más en su promoción.

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Si no queremos vernos inmersos en un grave problema de desabastecimiento, es imprescindible actuar ya. Asegurar la rentabilidad de las explotaciones que ya hoy están en serio riesgo. Para ello habrá que adoptar medidas urgentes: replantear las normas nacionales que gravan la producción de alimentos, revisar el sistema fiscal existente y paralizar los incrementos de impuestos previstos, que hacen cada vez más inviable la producción nacional. Aprovechar los nuevos fondos europeos para agilizar las inversiones, modernizar y acometer nuevos regadíos; es fundamental prevenir las sequías ejecutando obras que permitan mayor capacidad de almacenamiento de agua, tal y como estaba previsto en los planes hidrológicos de cada cuenca. No olvidemos que el regadío aumenta hasta seis veces la productividad por hectárea.

Paralizar la agenda ideológica del Gobierno es imprescindible para asegurar la producción de alimentos a la población. Hay múltiples opciones posibles, y todas ellas deben recogerse en un plan de contingencia agroalimentaria en el que se excepcione al sector productor de cargos y cargas, se impulsen nuevas inversiones que aumenten la productividad y competitividad de todos los agentes y se dé prioridad a su rentabilidad.

Si no actuamos a tiempo, si seguimos contemplando cómo otros resuelven sus problemas mientras en España los agudizamos, perderemos la independencia alimentaria, dependeremos de terceros países, y serán ellos quienes decidan cómo producen, qué comemos y cuánto pagamos por ello.

*Milagros Marcos Ortega, portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y exconsejera de Agricultura en la Junta de Castilla y León.