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Un intrapacto de Estado para reducir la dependencia energética

¿Por qué la implantación de energías limpias no sigue un ritmo acorde con los estímulos legislativos, la emergencia en la lucha contra el cambio climático y la propia capacidad financiera de las compañías del sector?

Foto: La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. (EFE/Mariscal)
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. (EFE/Mariscal)

La energía es el mayor desafío estructural en términos económicos, sociales y, como consecuencia de los dos anteriores, también políticos al que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ya era consciente de ello cuando formó su primer Gabinete en junio de 2018, en el que incluyó la cartera de Transición Ecológica, a cuyo frente situó a la ministra Teresa Ribera Rodríguez, elevada a la categoría de vicepresidenta tercera en enero de 2020.

Esta sensibilidad energética y medioambiental se plasmó en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). Este documento es una exigencia de la Unión Europea a sus Estados miembros para que concreten las acciones necesarias para cumplir con los compromisos climáticos del Acuerdo de París. Los tres grandes objetivos son la reducción del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel de 1990, una cuota del 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país (en el caso de la generación eléctrica, el porcentaje en 2030 tendrá que ser del 74%) y una mejora de la eficiencia energética del país del 39,6%.

Foto: Imagen de una central de gas en Alemania. (Reuters/Christian Charisius)

Según el PNIEC, las acciones planificadas en estas tres dimensiones deberían producir una reducción de la dependencia energética de España de 15 puntos porcentuales, pasando del 74% registrado en 2019 al 59% en 2030. Este objetivo, que podía parecer muy ambicioso hace un par de años, se ha quedado extremadamente corto a raíz de los problemas suscitados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Para reducir más rápidamente la dependencia energética del exterior y luchar de forma más eficaz contra el cambio climático, no cabe otra opción que acelerar la implantación de las energías renovables. España tiene mucho sol, bastante viento y algo de agua, las tres principales fuentes de energía limpia. Y también dispone de otros tres recursos imprescindibles para el desarrollo de estas energías: el acceso a tecnología, talento y, sobre todo, capital.

Foto: Una persona repostando en Barcelona. (EFE/Alejandro García)

Y si lo tiene todo, ¿por qué la implantación de energías limpias no sigue un ritmo acorde con los estímulos legislativos, la emergencia en la lucha contra el cambio climático y la propia capacidad financiera de las compañías del sector? La respuesta se encuentra para bien y para mal en los cajones de la burocracia. Para mal, porque la falta de agilidad en la tramitación de los permisos necesarios para construir y poner en marcha una planta de generación con energías renovables está frenando el desarrollo del sector. Y para bien, porque este atasco sería fácilmente subsanable si existiese voluntad política.

Consciente de este freno administrativo, el pasado 29 de marzo el Gobierno de España aprobó un real decreto por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Trata así de dar respuesta a “una crisis de precios de la energía que no es comparable a ninguna otra en la historia del proyecto de integración europeo tanto por su duración como por su impacto sobre las economías domésticas, la competitividad de las empresas y la industria en los mercados globales y el crecimiento económico a medio y largo plazo”.

Foto: Planta de energía fotovoltaica. (Reuters/A.Perawong)

En el ámbito de las energías renovables, introduce medidas de agilización en la tramitación de los permisos que se derivan de las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos eólicos con una potencia igual o inferior a 75 MW y de los solares fotovoltaicos por debajo de los 150 MW.

Es una medida muy necesaria, pero que solo beneficia al 10% de los proyectos en marcha, porque el 90% depende de las comunidades autónomas para su tramitación. Aunque el Gobierno central invita a los ejecutivos autonómicos a que se sumen a tal iniciativa, de momento no se ha producido tal unidad de acción, de tan (mala) suerte que las energías renovables, más imprescindibles que nunca para reducir la dependencia energética, siguen frenadas por la (mala) burocracia.

España suma 145,2 gigavatios (GW) en plantas de generación eólica y solar con permiso de acceso a la red y sin producción, es decir, pendientes simplemente de la autorización administrativa. Esta cantidad equivale a casi una vez y media la potencia instalada del parque de generación eléctrica en España. Miles de millones de potenciales kilovatios/hora de energía limpia, barata y doméstica que dependen de poco más que de una firma.

¿Qué imagen damos a la comunidad financiera cuando nuestro mejor activo energético queda al albur de una administración ineficiente?

No solo están en riesgo los beneficios que estas plantas aportan en la descarbonización de la economía y la independencia energética, sino también la financiación que tienen concedida. ¿Qué imagen damos a la comunidad financiera internacional cuando nuestro mejor activo energético queda al albur de una administración ineficiente, como, por ejemplo, los cinco o seis meses que un Ayuntamiento tarda en conceder una licencia de obras?

La propia Comisión Europea ha alertado a España del pernicioso efecto que tienen los retrasos en los procesos administrativos y ha espoleado al Gobierno para que solucione el embudo. Dada la gravedad de la situación, las Administraciones públicas (gobiernos nacional, autonómicos, provinciales y municipales) deberían suscribir un intrapacto de Estado para agilizar los trámites y lograr que el sol y el viento de los que disfruta el país se conviertan cuanto antes en una energía eléctrica limpia, barata, sostenible y, además, reduzca nuestra dependencia del gas de otros. No hacer nada conlleva, entre otros efectos, seguir financiando la guerra de Putin.

*Juan Béjar. Presidente de Bruc.

La energía es el mayor desafío estructural en términos económicos, sociales y, como consecuencia de los dos anteriores, también políticos al que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ya era consciente de ello cuando formó su primer Gabinete en junio de 2018, en el que incluyó la cartera de Transición Ecológica, a cuyo frente situó a la ministra Teresa Ribera Rodríguez, elevada a la categoría de vicepresidenta tercera en enero de 2020.

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