Castilla-La Mancha en contra de la transición energética ¿Por qué?

Castilla-La Mancha presentó un superávit fiscal de 1.634 millones de euros al recibir más dinero del Estado de lo que aporta. Esta información proviene de una de las últimas publicaciones del sistema de cuentas públicas territorializadas (SCPT), que se realizó con datos de 2014. El SCPT muestra la diferencia entre lo que los residentes de una comunidad aportan y lo que reciben del Estado. Pese a que Castilla-La Mancha representa un coste fiscal para el Estado, esta autonomía toma decisiones que están afectando negativamente a la transición energética y a la competitividad de las empresas españolas.

En el año 2021, la energía nuclear ha evitado la emisión a la atmosfera de más de 20 millones de toneladas de CO₂. En 2021, la energía nuclear volvió a liderar la producción del sistema eléctrico español, al haber generado el 20,8 % de la electricidad neta total, según REE. Además, supuso el 36,22 % de la electricidad generada en España sin emisiones.

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España cuenta con siete reactores nucleares operativos, Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona). La energía nuclear lleva 10 años produciendo más de la quinta parte de la electricidad generada en el sistema eléctrico español. Ha vuelto a ser en 2021 la tecnología que, de media, más horas ha operado, 7.597 de las 8.760 horas del año, un 86,72%.

Tras el cierre de Vandellos I, España empezó a pagar a Francia por la custodia y reprocesamiento del combustible de uranio enriquecido. El coste se financia mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%. El primer acuerdo fijaba el 31 de diciembre de 2010 como fecha límite para devolver los residuos a España. Como en esa fecha en España no se había creado un cementerio para acoger los residuos de alta actividad generados por las centrales nucleares españolas, Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios. La creación del almacén temporal centralizado ATC fue aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El Gobierno del PP decidió emplazar el almacén en Villar de Cañas, Cuenca.

La penalización diaria que cobra Francia por guardar la basura radiactiva de Vandellòs se revisa anualmente al alza. En 2020 ascendió a 76.618,14 euros/día, según Enresa. La multa funciona como una fianza. Cuando se devuelva el material radiactivo, ahora la fecha prevista es el año 2028, la mayor parte del dinero se recuperará. Las penalizaciones acumuladas hasta 2028 pueden acabar superando los 330 millones. A finales de 2021, se habían pagado unos 124 millones de euros. En el momento de la devolución, la sociedad estatal solo tendrá que pagar el coste del almacenamiento, que desde octubre de 2015 hasta 2020 ascendió a unos 7 millones de euros.

La penalización diaria que cobra Francia por guardar la basura radiactiva de Vandellòs se revisa anualmente al alza

La tramitación del ATC fue paralizada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Previamente, la Junta de Castilla-La Mancha inició una guerra contra el cementerio nuclear. El Ejecutivo de Emiliano García-Page del PSOE aprobó la ampliación de un espacio protegido cercano, incluyendo dentro de los nuevos límites la parcela en la que está previsto el almacén.

El futuro ATC permitiría, por un lado, albergar todos los residuos durante al menos sesenta años y estaría acompañado de infraestructuras, laboratorios y un parque industrial. Todo ello hacía muy atractiva su instalación para los municipios que intentaron ser elegidos. El Ayuntamiento Villar de Cañas recibió más de 2.000 currículos solicitando un empleo. En el pueblo "el apoyo era total". El alcalde, José María Saiz, repitió que el almacén nuclear suponía una oportunidad laboral para toda la comarca y confiaba que durante su construcción se hubieran generado unos 1.000 empleos, 300 de ellos directos. Una vez que la instalación estuviese en funcionamiento estaba prevista la creación de 150 puestos de trabajo, de los que solo un 20% sería personal cualificado.

Rechazo del proyecto

El proyecto de tierras raras, que debería desarrollarse en Torrenueva y Torre de Juan Abad, hubiera generado entre 130 y 150 empleos directos, a los que habría que añadir los puestos asociados a la actividad minera. El terreno solicitado cubre 300 hectáreas, de las que se explotarían 30 al año. Tras 10 años de trabajo el terreno quedaría restaurado. La explotación de este yacimiento supondría unos 60 millones de euros de inversión. La Junta de Castilla-La Mancha ha rechazado el proyecto minero, y no se puede extraer la monacita gris, un fosfato de tierras raras magnéticas imprescindible para fabricar los imanes permanentes que se utilizan en vehículos eléctricos, robots y generadores eólicos.

Castilla-La Mancha niega proyectos que crean puestos de trabajo, que reducen la deuda pagada, que apoyan la transición energética y que aumentan la competitividad. El tener seguras las materias primas fundamentales para producir los componentes de, por ejemplo, las baterías eléctricas, fortalecería las opciones de España para atraer fábricas de baterías eléctricas o la producción de vehículos eléctricos. Pero una comunidad autónoma deficitaria fiscalmente se niega a conceder permisos de explotación y esta resolución afecta a importantes sectores productivos del país. ¿Tiene derecho Castilla-La Mancha a tomar estas decisiones? ¿No le correspondería al Estado?

*Ramón Boixadós es profesor de la Escuela de Organización Industrial y Profesor del Centro Español de Logística