¿Por qué penalizamos salarialmente a los funcionarios y nos parece justificado?

Un acuerdo salarial para los empleados públicos

Hace unas semanas, dos de los sindicatos mayoritarios entre los trabajadores de la función pública, UGT y CC.OO, suscribieron un acuerdo salarial para el trienio 2022- 2024, con el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. Quedaron fuera del acuerdo otras organizaciones representativas de los trabajadores públicos, como la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), con amplia representación en el sector. El acuerdo afecta a la evolución futura de las retribuciones salariales de más de 2.700.000 trabajadores que prestan sus servicios en las diferentes Administraciones Públicas que configuran el Estado español.

Para el año 2023 los interlocutores sociales de las AA.PP. acuerdan elevar las retribuciones de los empleados públicos en un 2,5% revisable en otro punto porcentual de acuerdo con la evolución del IPC y del PIB. El acuerdo contempla también un escenario de cláusula de revisión salarial, si bien más laxo que el habitualmente manejado, dado que se activaría si el IPC de 2023 superara el 6% (con una subida en este caso del 0,5% adicional).

Además, en esas mismas fechas, dichos interlocutores acordaron, con efectos para el año 2022 y en compensación por la fuerte elevación de los precios, una subida adicional de 1,5 puntos porcentuales de las retribuciones de los empleados públicos a sumar a la ya aplicada del 2%. En conjunto, para el año 2022, la elevación de las retribuciones públicas alcanzaría un 3,5%.

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El acuerdo, sin duda, como parte de un hipotético acuerdo de rentas con todos los interlocutores sociales, tendrá la virtud de introducir un horizonte de relativa estabilidad en esta vertiente de las cuentas públicas, lo que añade equilibrio a la evolución macroeconómica de los dos próximos. Ello, dadas las turbulencias que estamos viviendo desde al menos 2020, permite introducir un elemento positivo en el desempeño de la economía española en su conjunto.

'Fake news' sobre el empleo público

A un amplio espectro de la opinión pública parece haber agradado este acuerdo, asumiendo, implícitamente, que los empleados públicos habrían de aportar una cuota adicional de moderación salarial en tiempos de crisis, dado el carácter estable de su empleo, asumido habitualmente. En efecto, resulta considerablemente generalizado el tópico de la estabilidad perpetua del empleo para los trabajadores públicos, lo, como veremos más adelante, es discutible para una buena parte de estos. Es esta condición la que justificaría una penalización salarial.

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Antes de extraer conclusiones sobre la “justicia” de tales recortes salariales, conviene traer a colación algunas estadísticas con el fin de matizar tales tópicos bastante extendidos entre la opinión pública. Y previo a entrar en entrar en ello, cabría puntualizar que la diversidad en las características y la estructura del empleo público entre los países de la UE hace difícil las comparaciones internacionales y, al mismo tiempo, señalar la escasez de estadísticas homogeneizadas en materia de empleo y salarios en el sector público. Por ello conviene tomar con cautela muchas de las afirmaciones que sobre los empleados públicos circulan en los medios de comunicación y que alimentan con mucha frecuencia los numerosos tópicos existentes al respecto.

En primer lugar, sobre el tópico del volumen de empleados públicos, que según alguna afirmación reciente sería el más elevado de Europa. Los datos que proporciona la OCDE permiten descalificar tales consideraciones. El número de empleados del conjunto del sector público en España sobre el total del empleo estaría por muy por debajo de la media registrada para el conjunto de los países de este organismo y también de la media para los países europeos.

Conviene recordar a tal efecto que la importancia relativa del empleo público ha seguido una secuencia, en las últimas dos décadas, tendencialmente descendente (dejando de lado los episodios acaecidos durante la pandemia en ambos sectores, privado y público).

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Un segundo tópico al respecto hace referencia al nivel salarial de los empleados públicos. Aquí sí, las diferencias en la organización y la estructura de la función pública tienen mucho que explicar antes de llegar a conclusiones definitivas. Como es sabido, el volumen de externalización de las actividades públicas afecta sobremanera a las estadísticas salariales comparadas de los empleados públicos, en tanto que se externalizan muchos empleos, según país y sector administrativo, alterando la estructura profesional/ocupacional del trabajo que contrata directamente el sector público. Dependiendo de que tipo de empleo que se externaliza, la media salarial del empleo público comparada variará en una u otra dirección. Si la externalización afecta a los sectores de menor cualificación, los niveles salariales medios serán más elevados al ascender la cualificación media el empleo adscrito a las AA.PP. Este efecto estructura, agudizado por el tipo de externalización habitual, también se observa al comparar salarios medios entre el sector público y el privado. En las AA.PP., por ejemplo, el número de empleados con titulación universitaria supera notablemente al registrado en el sector privado. Y, aun así, las diferencias salariales entre sector público y privado son superiores entre los menos cualificados que entre los empleos cualificados, lo que explicaría el permanente trasvase en ciertos niveles de cualificación elevada desde lo público a lo privado. En síntesis, habría que matizar mucho para confirmar la afirmación de que “los funcionarios ganan más que los trabajadores del sector privado”.

Lo que si podemos constatar es que con los datos disponibles, para el año 2021, los empleados públicos de la Administración central (para los que existen cifras comparables) ganaban una media mensual ligeramente inferior a la media de los 27 países de la UE.

Finalmente, en materia salarial, también se observa que la evolución del poder adquisitivo de las retribuciones salariales de los empleados públicos ha ido perdiendo en los últimos años posiciones relativas respecto a las de los del sector privado.

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En tercer lugar, a es preciso también recordar que las tasas de temporalidad (reflejo de la inestabilidad en el empleo) en ambos sectores, público y privado, se han invertido en los últimos 20 años. Actualmente la temporalidad entre los empleados públicos supera ampliamente (en alrededor de 10 puntos porcentuales) la registrada entre los asalariados del ámbito privado. A una conclusión similar se puede llegar si comparamos la importancia relativa de los empleados con más de seis años de antigüedad en ambos sectores; en el público se mantiene en la actualidad en cifras similares a las de hace veinte años, mientras que el privado ha aumentado en algo menos de 10 puntos porcentuales. En este terreno de la estabilidad en el empleo, convendría también tener en cuenta, que tan solo la mitad de los empleados públicos lo son de carrera (funcionarios), a los que cabría atribuir una elevada estabilidad en el empleo. En la otra mitad, a estos efectos, rigen las mismas condiciones que en el régimen jurídico privado, con mucho más nivel de inestabilidad laboral, medido por las relativamente precarias condiciones de su relación laboral.

Queda un último espacio para la discusión y es relativo a la eficiencia de la Administración Pública como prestador de servicios a los ciudadanos. Aunque resulta difícil aquí también establecer comparaciones numéricas, no parece que en las últimas décadas la productividad de la función pública haya ido muy por detrás de la dinámica de este factor en el sector privado. Pero esto no basta, puesto que el espacio para avanzar en una mayor eficiencia en la producción de servicios públicos, vinculado a los posibles aportes de la digitalización-robotización e inteligencia artificial, está aún por comenzar a recorrerse.

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Todo lo dicho apunta a que ese conjunto de tópicos sobre los funcionarios públicos, a la luz de las estadísticas disponibles habría de matizarse de forma notable. Ello no es óbice para pensar que ha llegado la hora, en realidad llegó hace lustros, de abordar una reforma en profundidad de la función pública.

La reforma de la función pública

Y es que llevamos arrastrando décadas el desarrollo de una profunda reforma de la función pública (Vuelva Vd. mañana, emulando a M.J. Larra), que diseñe un nuevo modelo laboral para los empleados de las Administraciones públicas, al tiempo que establezca una nueva estructura que redefina objetivos y reorganice recursos. Las sucesivas reformas llevadas a cabo en el pasado no han abordado en profundidad el tema, dejando despejado el camino para un deterioro paulatino de las condiciones de trabajo en el empleo público.

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En el terreno laboral, de manera muy resumida, cabe señalar que ya no sirve el argumentario napoleónico que justificaba la indiscutible estabilidad absoluta del empleo público. En realidad, no es necesario mantener a ultranza la funcionarización de las administraciones públicas. Más bien cabe pensar en una laboralización generalizada para no mantener dos vías en el acceso a la función pública. Es la línea de reforma por la que optaron hace ya años diversos países europeos y, parece que, en aras de una administración más eficiente y pensada para una era digital, es el camino que debiera abrir una reforma radical de la función pública. El peor camino es el que opta por agrandar una brecha salarial que penaliza la función pública, especialmente en el empleo más cualificado, a costa del visible deterioro de los principales servicios públicos que resultan esenciales para una economía socialmente avanzada.

*Valeriano Gómez, economista y exministro de Trabajo.

*Santos Miguel Ruesga, catadrático de Economía Aplicada (Universidad Autónoma de Madrid).