Una política agraria común contraria a las necesidades del sector y alejada del mundo rural

Esta semana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la ley que dará paso a la nueva política agraria común (PAC), de la que dependerán el 30% de las rentas de más de 600.000 agricultores y ganaderos españoles entre los años 2023 y 2027.

Desde una perspectiva temporal, es necesario subrayar que esta ley, llegó a la Cámara Baja para su tramitación en junio de este año y, a pesar del trámite de urgencia con la que llegó, la aprobación se ha retrasado hasta este mes de diciembre, con lo que la cosecha se ha tenido que planificar por los agricultores de nuestro país sin conocer las reglas a las que atenerse. Llama poderosamente la atención que una ley fundamental para gestionar los intereses de los trabajadores del campo y para un sector esencial de nuestra economía, se demore seis meses, cuando en menos de uno se ha gestionado la modificación del Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar el de la malversación. Seis meses para quienes se ocupan y preocupan de que los españoles tengan alimentos, y menos de uno para premiar a quienes ponen en riesgo la libertad y la igualdad de todos los españoles, o hacen un uso fraudulento de los fondos públicos.

Las prioridades del Gobierno están claras: el Congreso aprueba en el mismo día una ley para aumentar las sanciones a agricultores y ganaderos si comenten algún error en el cumplimiento de la PAC y, de igual modo, se aprueba una ley para eliminar las penas a los secesionistas y rebajarla a los malversadores. El mundo al revés.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno pierde el apoyo del campo andaluz tras aprobar la nueva PAC 2023-27

José Luis Losa

No está de más recordar que la PAC fue la primera política europea, imprescindible para que todos los ciudadanos europeos podamos encontrar en los supermercados todos los productos a buen precio y de calidad, sin depender de lo que otros países nos quieran vender y que nos impongan lo que tenemos que pagar por los suyos pagar lo que nos quieran cobrar.

A pesar de su importancia, la PAC que se ha aprobado en el Congreso no es la que necesitan los agricultores y ganaderos españoles, ya que no asegura la rentabilidad de las explotaciones ni, en consecuencia, garantiza la independencia alimentaria, que —no lo olvidemos— es precisamente el objetivo para la que nació. Por ello, tampoco es la PAC que defienden las comunidades autónomas, que ven como cada día son más los agricultores y ganaderos que abandonan su actividad y menos los jóvenes que se incorporan a ella, de hecho y no en vano han comenzado a flexibilizarla antes incluso de que entre en vigor.

Esto ha ocurrido porque, si bien esta nueva PAC inició sus pasos en 2017 con tiempo y con un planteamiento basado en el diálogo, el acuerdo con varios países y la consulta ciudadana, durante los últimos cuatro años, este trabajo inicial se ha visto dinamitado en sus cimientos por este caótico Gobierno de coalición, que ha alumbrado, por primera vez en la historia de España, una PAC sin consenso político y sin acuerdo social, marcada por el autoritarismo que define la actual política española, más alejada que nunca de la confianza y estabilidad que necesitan los sectores económicos para seguir avanzando. De hecho, el oscurantismo y los engaños en la tramitación han provocado que los propios agricultores hayan presentado denuncias ante la Comisión Europea por falta de transparencia.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Para los agricultores, normas; para el Gobierno y sus socios, el dinero

Milagros Marcos Ortega

En este escenario, en España la PAC ha perdido su fundamentación agraria, el Gobierno de coalición ha permitido que lo agrario se haya convertido en una sombra de la gran política que fue, en la diana del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en un elemento para justificar la existencia de varios ministerios que, a falta de otro contenido, se dedican a atacar lo agrario ante la pasividad del titular de la cartera, el Sr. Planas.

No se acaba de entender ni es razonable que se impongan medidas completamente contrarias a las necesidades de este sector y que, en consecuencia, nuestros ganadores y agricultores no puedan ser competitivos; como tampoco tiene explicación que haya provocado el enfrentamiento entre lo agrario y lo ambiental, como si no fueran actividades complementarias, como si los agricultores y ganaderos no fueran los primeros interesados en conservar la calidad de sus tierras y la producción sostenible de unos animales que con su actividad mantienen limpios los bosques y previenen incendios. Por ello, se antoja de una gran miopía política no priorizar las inversiones para que la agricultura y la ganadería puedan avanzar en sostenibilidad ambiental sin perder rentabilidad ni competitividad y en su lugar, se recorten fondos e intenten camuflar dichos recortes planteando unas exigencias ambientales tan irreales e imposibles de cumplir que provocarán el efecto contrario, es decir, el abandono de las prácticas ambientales que han permitido avanzar durante estos años. De hecho, de entrada, en este nuevo periodo y con base en esas exigencias ambientales, todos los agricultores y ganaderos españoles recibirán un 23% respecto a la PAC anterior.

No se entiende una política rural tan alejada de las necesidades de agricultores y ganaderos

Con todo lo expuesto con anterioridad, lo que ha conseguido el Ejecutivo es que todos los ganaderos y agricultores estén en contra de la PAC. No son ricos, son trabajadores que se dejan el lomo de sol a sol para producir y procesar los alimentos que comemos todos los días, y Sánchez les está obligando a cerrar. Salvo que el objetivo sea que dependamos de otros países para alimentarnos, como ya lo hacemos para tener energía, no se entiende una política rural tan alejada de las necesidades de agricultores y ganaderos y tan contraria a los intereses de la industria agroalimentaria, que debe competir en los mercados con productos de países vecinos en los que las políticas son bien distintas.

No se entiende que, al sector agrario, uno de los más estratégicos, el que nos da de comer, el motor del mundo rural, el que da vida a más del 88% del territorio y es responsable del 10% de PIB nacional, en un momento de presupuesto europeo expansivo como nunca, al Ministerio responsable de mantener su pervivencia se lo despache con el 0,75% de los nuevos fondos europeos y se recortan las ayudas más que nunca, hasta 5.000 M€ menos tiene esta PAC respecto a la negociada en Bruselas por el Partido Popular en plena crisis en 2012.

No debemos olvidar que además del aumento de costes de producción, la inflación ha provocado que solo en el primer pilar de la PAC y solo en dos años, desde que se aprobara el nuevo marco financiero europeo, los agricultores y ganaderos hayan perdido 2.000 M€ de poder adquisitivo y los datos oficiales así lo demuestran puesto que en España cierra una de cada tres explotaciones ganaderas.

Los ciudadanos tienen que saber que hoy en día los ganaderos se ven obligados a sacrificar sus animales porque no pueden pagar el pienso. Las cifras asustan: 83.000 animales más el primer semestre del año, por lo que ya hay falta de leche y se están cerrando pequeñas queserías; las granjas de pollos e industrias cárnicas han cuadruplicado los gastos por el aumento del coste de la energía; las industrias de frutas pagan por la refrigeración cuatro veces más que hace tan solo un año, y a ello deben sumar las subidas de costes por la implantación de nuevos impuestos verdes: esos impuestos que otros gobiernos europeos han aplazado, como el que grava los plásticos, los envases, o los residuos y que le supondrá al sistema alimentario español 7.000 M€ de gasto más en 2023.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno estudia bajar el IVA a productos seleccionados de la cesta de la compra

Iván Gil

Con esta situación tan lamentable para España, ser competitivos en esta situación resulta complejo. Bajar el precio de la cesta de la compra será prácticamente imposible si no se habilita ninguna medida para que los agentes del sistema alimentario puedan reducir los costes de producción (energía, transporte, fertilizantes, piensos…) y para que puedan aumentar los ingresos y las ventas. Sin embargo, poco podrá aumentar el consumo y, por tanto, las ventas, si no se reduce el IVA de los alimentos, hoy por encima del 15%, máxime cuando este gravamen ha venido a engrosar los ingresos del Estado en casi 30.000 M€ extra a costa de los bolsillos de todos los consumidores. En este escenario, escuchar al Gobierno pedir que sean ellos, los agricultores y ganadores, los afectados por costes, recortes e impuestos, y Sánchez les pida que hagan un esfuerzo para bajar los precios, no deja de ser cuando menos “delirante”. “Esto no es ser el Gobierno de la gente, si no más bien el Gobierno contra la gente que más lo necesita”

La PAC es la política agraria común, pero si no se recupera la buena política, la que escucha y cede para alcanzar consensos, y sin un claro compromiso de esa política con la sostenibilidad económica, del sector agrario y nuestro sistema alimentario, motor de nuestro mundo rural, nuestro país se verá abocado al cierre de negocios, explotaciones y, en consecuencia al abandono de nuestro mundo rural.

*Milagros Marcos Ortega, exconsejera de Agricultura en la Junta de Castilla y León.