Por una economía social de mercado

La pandemia y la posterior invasión de Ucrania justificaron numerosas intervenciones estatales para mitigar sus daños. Superada la emergencia, lejos de desactivar esas medidas excepcionales, el Gobierno de España ha emprendido una arriesgada estrategia para la estabilidad de las instituciones en que se asienta la actividad económica.

Por un lado, ha prorrogado numerosas medidas que había adoptado con carácter transitorio. Selectivamente, ha suprimido las que comportaban consecuencias presupuestarias, como los ERTE o los créditos ICO, pero ha mantenido las que impuso a los particulares para que estos suplieran las carencias de la asistencia pública, como son las relativas a desahucios o alquileres.

Por otro lado, el Gobierno ha adoptado toda una batería de nuevas medidas. Inicialmente, se centró en las grandes empresas. Ya el pasado verano, en el Debate sobre el Estado de la Nación, el presidente anunció un impuesto extraordinario sobre los ingresos —que no los beneficios, en contra de Bruselas— de bancos y energéticas, impuesto que ya han pagado, pese a haberlo recurrido por su dudosa legalidad.

Días antes, había entrado en vigor la excepción ibérica para controlar el precio de la luz, subvencionando temporalmente al precio del gas a costa de encarecerlo en el futuro. Según NERA, desde 2023, habremos de pagar 6.533 millones adicionales, unos 344 euros por familia. Este remedio, que solo aplaza el dolor, provoca que en 2022 hayamos subvencionado con casi 2.000 millones el gas de portugueses, franceses y marroquíes.

En este mismo sector, el Gobierno se propone ahora convertir al Estado en principal vendedor de electricidad, pues fijaría directamente el precio a algunas instalaciones y favorecería la contratación a plazo en subastas reguladas. Este dirigismo supondría una regresión histórica, que se opone a la filosofía europea, basada en la libre competencia dentro de una regulación uniforme a escala de toda la Unión, sin modelos nacionales a la carta.

El intervencionismo, al alza

En los últimos meses, con la proximidad de las elecciones, se ha exacerbado el intervencionismo. Empezaron con ataques personales a nuestros mejores empresarios y alcanzó un cenit cuando la Moncloa intentó abortar el traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos. Era una operación no solo legítima, en busca de un mejor entorno empresarial, sino también en sintonía plena con los ideales de la UE. Pero, en vez de aprovechar la señal para investigar por qué las instituciones españolas son hoy inferiores a las neerlandesas, el Gobierno intentó cargarse al mensajero.

Las grandes empresas no son las únicas atacadas. Por el contrario, todo el sector privado sufre un creciente intervencionismo. El último movimiento es el de la Ley de vivienda, aparcada durante toda la legislatura, pero que el Gobierno se apresura a promulgar antes de las municipales. Además de limitar la actualización de rentas, extender el derecho de prórroga del inquilino, dificultar los desahucios y facilitar las ocupaciones, permitirá a los ayuntamientos limitar los alquileres en zonas tensionadas: aquellas donde suban los precios debido a una escasez de vivienda en alquiler que las medidas previas del Gobierno, como la congelación de rentas, han contribuido a provocar.

Piense en el enorme impuesto implícito que supone la inflación, o en el aumento explícito de los impuestos al trabajo, vía mayores cargas sociales a autónomos y asalariados. Un aumento para mantener la ficción de las pensiones: a juicio de Fedea, mantenerlas exigiría sacrificar todos los demás servicios públicos. De no recortarlas, debería activarse ya la cláusula de salvaguardia, volviendo a subir las cotizaciones entre tres y cuatro puntos porcentuales.

De no recortar las pensiones, debería activarse ya la 'cláusula de salvaguardia', volviendo a subir las cotizaciones 3-4 puntos porcentuales

O recuerde la creación del observatorio de márgenes empresariales, como si la culpa de la inflación fuera de las empresas, y no de la expansión monetaria y ese ingente gasto público al que no poco contribuyen semejantes observatorios. Por no hablar de la marcha atrás que ha experimentado la regulación laboral, razón primordial de que el aumento del empleo se haya concentrado en el sector público.

O de la multiplicación de la burocracia que sufren las empresas, ahora obligadas a adquirir nuevos servicios de compliance formal, cuya eficacia real es dudosa. Pero observe que todo este intervencionismo aumenta en el sector privado, a la vez que el Gobierno destruye los mecanismos de rendición de cuentas del sector público, al aliviar las penas por malversación, funcionarizar miles de interinos, convertir el decreto-ley en el iter legis habitual sin existir urgencia alguna, y copar el Tribunal Constitucional.

* Benito Arruñada es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, affiliated professor de la BSE, investigador asociado de Fedea y coordinador del foro Mercado Libre.