El verdadero coste de no adaptar nuestro sistema de pensiones

Quizás la mejor manera de dimensionar lo crucial que es para el futuro de España la cuestión de las pensiones es proyectando en qué medida se incrementará el gasto público en las mismas desde el presente al punto álgido del sistema, alrededor del año 2050: el momento en que, según las proyecciones demográficas del INE, tocará techo nuestro volumen de personas en edad de jubilación. Podría parecer que, al ser este un asunto técnico, estaría exento de cuestiones ideológicas, pero como veremos esto dista mucho de la realidad. Hoy en día estamos en un 13,5% del PIB, y la Airef espera que, bajo supuestos relativamente optimistas de crecimiento económico, gran flujo de inmigración neta y un impacto positivo de las reformas del gobierno, el gasto se incremente hasta el 16,2% en el año 2050. Esto contrasta fuertemente con la estimación del gobierno del 13,5% para el año 2047, al que habría que sumar el gasto en pensiones de clases pasivas y no contributivas, que el gobierno directamente omite de sus estimaciones. Aunque lo que le imputásemos el valor que les cifra la Airef, de 1,4 puntos de PIB en 2050, haría un total de 14,9% del PIB. La brecha restante entre la proyección del gobierno actual y la del organismo independiente, cuantificable en miles de millones de euros, que serían o no destinables a otros muchos objetivos de política pública, sigue necesitando explicación.

Existen dos principales fuentes de discrepancia: unas previsiones macroeconómicas más optimistas, y una estimación diferente del impacto que tendrán los nuevos incentivos a la jubilación demorada, que ha aprobado el Ministerio de Inclusión junto con la última reforma al sistema. Ambos explican 0,7 puntos de la diferencia. Actualmente, alrededor de un 6% de los trabajadores deciden acogerse a los incentivos existentes y demorar su jubilación. La Airef asume que este porcentaje crecerá hasta un 30% en 2050, lo que reduciría el gasto en pensiones en 2050 en un 0,8% del PIB. El gobierno, sin embargo, cree que estas medidas lograran reducir el gasto en pensiones en un 1,5% del PIB, prácticamente el doble que la Airef, ya que asumen que alrededor de un 60% de los trabajadores decidirán, de forma voluntaria, demorar su jubilación. Esto dista de ser una previsión mínimamente realista.

Además, debemos tener en cuenta que todas estas previsiones incorporan ya un gradual desacople entre la pensión y la base máxima de cotización. O lo que es lo mismo, un recorte muy importante de las pensiones futuras de aquellos trabajadores que actualmente cotizan por la base máxima. Concretamente, se espera que la base máxima de cotización se incremente en un 40% en términos reales hasta 2050 (esto es, descontando la inflación) mientras que la pensión máxima se reduciría en un 5% también en términos reales, reduciendo aún más el componente contributivo del sistema y transitando a un sistema de pensiones asistencial por la puerta de atrás sin necesidad de pasar por el control democrático del Congreso.

Hay quien puede pensar que los 2,7 puntos del PIB adicionales de gasto en pensiones a los que tendremos que hacer frente en 2050 son algo razonablemente asumible, pese a que, para que dimensionemos, suponen alrededor de 35.000 millones de euros al año, más de la mitad del gasto educativo actual total de España. Si nuestro país no tuviera que hacer frente a otros gastos extraordinarios en el mismo periodo, esto podría ser plausible, pero por desgracia el envejecimiento de la población que impulsa al alza el gasto en pensiones también los obligará a incrementar el gasto público en otras partidas como sanidad y cuidados de larga duración: 1 y 1,1 puntos de PIB respectivamente, ambas cifras estimadas por la Airef en su Spending Review. La gran pregunta a la que los sucesivos gobiernos de España deberán responder a más tardar a lo largo de la próxima década es la siguiente ¿Cómo financiaremos estos casi 5 puntos adicionales de gasto? ¿Recortes, impuestos o deuda?

El envejecimiento de la población que impulsa al alza el gasto en pensiones los obligará a subir el gasto público en otras partidas como sanidad

El actual gobierno ha escogido de forma clara a través de su reciente reforma, incrementando las cotizaciones de todos los trabajadores españoles en un 1,2 puntos porcentuales de sus salarios mediante tres mecanismos: estableciendo la senda de incremento de la base máxima de cotización muy por encima de la inflación sin aumentar la pensión máxima; un aumento de las cotizaciones para estos mismos trabajadores que cotizan por la base máxima en forma de una “cuota de solidaridad” obligatoria; y, por último, introduciendo el mal llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un impuesto progresivo destinado a financiar las pensiones que se incrementará si el gasto en pensiones es superior al previsto por el gobierno. Este último es probablemente el factor más importante de cara al futuro, puesto que es lo que va a determinar cómo se financiarán aquellos casi tres puntos de PIB adicionales para el gasto en pensiones: a través de mayor carga para todos los trabajadores. Resulta sorprendente que una mayoría de voces del lado del gobierno opine que nada de esto va a dañar ni a los salarios de los trabajadores, algo que la evidencia no apoya en absoluto (aquí)

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Así pues, ¿Existen otras medidas razonables que puedan ayudar a ajustar el sistema sin sobrecargar a los trabajadores, con la consiguiente pérdida del PIB y del empleo que supone?

La primera y fundamental es incrementar el periodo de cómputo con el que se calcula la pensión desde los 25 años actuales hasta los 35, lo cual no solo ayudaría a reducir el gasto en pensiones en 0,9 puntos del PIB en 2050 como vemos aquí, sino que además, se trata de una medida que impacta sobre todo en los trabajadores con mayores salarios (ver aquí). En segundo lugar, es necesario establecer un vínculo entre el sistema de pensiones y la esperanza de vida, de tal modo que se pueda garantizar que las diferentes generaciones reciban lo mismo del sistema. Para ello, algunos países como Finlandia, Suecia o Portugal optaron por reducir la cuantía de la pensión inicial a medida que se incrementa la esperanza de vida mientras que otros como Dinamarca o Países Bajos se decantaron asociar la edad de jubilación a la esperanza de vida (más aquí). Establecer un mecanismo que permita al trabajador ajustarse como mejor se adapte a sus necesidades particulares no solo es más justo en términos generacionales, además tienen un elevado potencial para reducir el gasto en pensiones: incluso el insuficiente y ya difunto factor de sostenibilidad, que antes de ser derogado esperaba ajustar únicamente la pensión inicial, tenía el potencial de reducir el gasto en pensiones en 2050 en un punto de PIB. Eso son muchas mejoras en el sistema educativo, de cuidados, o en el que escojamos como sociedad.

*Angel Martinez Jorge, economista investigador, EsadeEcPol y Javier Martinez Santos, economista y asistente de investigación, EsadeEcPol