Una nueva ronda de diálogo social (I): las políticas activas de mercado de trabajo

El diálogo entre los interlocutores sociales y el Gobierno

En estos tiempos enfáticos para con el diálogo en el ámbito político y social como soporte de nuestros logros democráticos en los últimos 40 años, no estaría mal recordar uno de los instrumentos que más frutos ha proporcionado en este terreno. Nos referimos al diálogo que, de forma cuasi permanente, aunque con resultados variados, ha sido impulsado por los interlocutores sociales con la presencia habitual del Gobierno de turno en el desarrollo de aspectos cruciales de la política social y laboral. En otras ocasiones ya nos hemos referido en este mismo medio (por ejemplo, los que publicamos los días 20 y 21/07/2019) a la aportación del diálogo social a la consolidación de la democracia en España, y de forma especial a la implantación del estado de bienestar, como elemento indispensable del Estado de Derecho que diseña la Constitución de 1978. Ello, sin olvidar la consolidación de un modelo de relaciones laborales que ha primado el concierto y la negociación con resultados muy visibles en el ámbito de la conflictividad laboral.

Junto al papel anteriormente descrito, el diálogo social ha sido capaz de anticiparse a fenómenos económicos y sociopolíticos más o menos disruptivos para el mundo de las relaciones laborales, ofreciendo soluciones pacificadoras y funcionales, que han redundado en un clima de paz social destacado a lo largo de más de cuatro décadas de régimen democrático.

Opinión

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Una nueva ronda de diálogo social

Es bajo esta perspectiva, que esperamos que una nueva ronda de diálogo social se abra camino entre los interlocutores sociales y el Gobierno que finalmente se conforme durante las próximas semanas. No son solo los fenómenos más o menos inmediatos (guerra en el este de Europa, tensiones inflacionistas y sus consecuencias sobre la orientación de la política monetaria y la política fiscal, efectos en las cadenas de producción de la pandemia y el retorno de las consideraciones geoestratégicas en el diseño de las políticas industriales y comerciales, etc.), sino, de forma especial, los que apuntan hacia el futuro de un mundo de trabajo profundamente cambiante (avance de las tecnologías digitales, incorporación de la Inteligencia artificial al diseño de las relaciones laborales, aplicación intensiva programas de descarbonización y energías renovables, etc.), los que requieren de nuevas reflexiones y acuerdos prácticos por parte de los interlocutores sociales.

Nos centraremos en este y próximos artículos, en comentar algunos de los ámbitos donde consideramos que esa reflexión se ha de enfocar con mayor intensidad. Comenzaremos por revisar el territorio de las políticas de empleo, requeridas como un elemento singular para la transformación de nuestro mercado laboral.

Las políticas activas del mercado de trabajo

Por supuesto, las políticas activas de empleo pertenecen al ámbito de las políticas laborales que deberían estar en el primer lugar de las prioridades. El impulso de las políticas de activación forma parte de las grandes prioridades establecidas por el Gobierno español en el plan de recuperación remitido a las autoridades europeas, además, el Parlamento aprobó recientemente, al final de la pasada legislatura, una nueva Ley de Empleo que supone algún avance importante en la materia.

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Entre las políticas activas, la formación profesional continua constituye uno de los terrenos más fructíferos e importantes en este momento de transición productiva y tecnológica. Al respecto es importante dejar claras las prioridades. Por ello, resulta conveniente subrayar que no estamos hablando tan solo de un simple traspaso de competencias en el espacio de las administraciones públicas, desde el ámbito laboral al educativo, como el abordado con anterioridad a la aprobación de la Ley de Empleo pueda arreglar por sí mismo ni siquiera una mínima parte de los retos pendientes.

Que la formación para el empleo debe formar parte de un solo modelo en el que también debe integrarse la formación profesional reglada de carácter educativo, es algo que nadie a estas alturas discute. Pero el lugar de la formación para el empleo es la empresa y sus necesidades cuando se trata de formación continua de los trabajadores ocupados. Por las mismas razones, la formación de los desempleados debe descansar en la gestión de los servicios públicos de empleo con una vinculación estrecha en los instrumentos de orientación y reciclaje laboral.

El lugar de la formación para el empleo es la empresa y sus necesidades cuando se trata de formación continua de los trabajadores ocupados

Como hace ya varias décadas puso de manifiesto Gösta Rehn, uno de los grandes impulsores de las modernas políticas de activación para el empleo, “el lugar que debe ocupar la política de formación para el empleo no solo debe estar cerca, sino formar parte esencial del territorio que hoy ocupan la política laboral y la política activa de empleo”.

Llegados a este punto, merece la pena realizar algunos comentarios generales sobre los instrumentos adicionales a la formación profesional para el empleo dentro del conjunto de las políticas activas.

Previo a ello conviene señalar algo que puede parecer obvio, pero que, a la luz de nuestra experiencia, no lo es tanto. No hay ningún ejemplo de buena política activa de empleo en el ámbito de las economías más avanzadas que no descanse en la búsqueda permanente y la preservación de la existencia de buenos servicios públicos de empleo.

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Se trata de subrayar especialmente esta idea inicial, ya que uno de los principales errores en que la política activa de empleo ha incurrido a lo largo de las cuatro últimas décadas, ha sido dedicar demasiado tiempo, demasiados debates y deliberaciones y un ingente volumen de recursos a la política de estímulos al empleo. Y ello a costa de mantener un exiguo y poco eficaz servicio público en el desempeño de labores que son absolutamente esenciales en cualquier política de activación laboral: poca capacidad de clasificación y conocimiento de los perfiles de los desempleados, escasa dimensión de los servicios de orientación, débil dotación de recursos humanos en el servicio público de empleo, un casi inexistente conocimiento directo de las vacantes de empleo en las empresas y, consiguientemente un sistema de intermediación y colocación que, todavía hoy, es seguramente el más débil de la Unión Europea.

España es el país europeo que más ha gastado durante lo que va de siglo en incentivos a la creación de empleo, pero, en cambio, ocupamos los últimos lugares en creación directa de empleo y en servicios de orientación y de intermediación. En cuanto al volumen de efectivos empleados en las oficinas públicas en relación con el volumen de desempleados, hace décadas que ocupamos, como es bien sabido, el último lugar de la OCDE.

En cierta medida hasta el momento nuestro modelo no tiene apenas un perfil que pueda calificarse en un lugar concreto por sus características de mayor o menor intervencionismo público en el funcionamiento del mercado. Lo que sabemos bien, es que nuestros servicios públicos son muy débiles y en buena medida no tienen una orientación definida.

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Sirva como ejemplo de esta evidente ausencia de definición estratégica, el hecho de que no hayamos querido dar entrada adecuada y decidida a la colaboración privada en los servicios de intermediación y colocación, pero, en cambio, hayamos liberalizado la comunicación de vacantes por parte de las empresas.

Alemania, con un modelo muy avanzado en términos de liberalización y reducido intervencionismo público mantiene, en nuestra opinión de forma acertada, la comunicación obligatoria de vacantes por parte de las empresas al Instituto Federal del Trabajo. De esa forma el servicio público de empleo alemán ve facilitado su papel de agente esencial en la intermediación laboral manteniendo tasas superiores al 20%, una tasa que es nada menos que 10 veces superior a la española.

Estamos seguros de que estas reflexiones han influido en el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, la Ley de Empleo haya incluido la comunicación de vacantes por parte de las empresas a los Servicios Públicos de Empleo como un elemento importante en la nueva regulación aprobada.

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A nuestro entender hay que gastar mucho menos en incentivos al empleo. Esto es algo que hace tiempo pusieron de manifiesto las mejores evaluaciones de la política de bonificaciones e incentivos al empleo y ha vuelto a ser ratificado en el ejercicio de revisión del gasto en esta materia realizado por la AIReF. En resumen, en lugar de desarrollar una política de estímulos al empleo, muy cuestionada en cuanto a su eficacia y eficiencia, sería mejor centrarse en desarrollar las capacidades e instrumentos de los servicios públicos de empleo autonómicos y su coordinación eficaz.

Y junto a ello, necesitamos vincular tales servicios a una red de centros de formación profesional para el empleo que utilice la trama pública de centros en conexión con el conjunto de la red de centros privados.

El plan de recuperación hablaba de una “reforma profunda de las políticas activas de empleo” con “nuevos instrumentos para la integración y activación de los trabajadores”, y junto a ellos “incorporando de manera permanente la evaluación de las estrategias”. Todo esto es importante, sin duda, y ha sido razonablemente abordado en la nueva Ley de Empleo. Pero creemos que el mejor destino que le podemos dar a los Fondos europeos articulados para afrontar las consecuencias de la crisis en el ámbito laboral es el de impulsar, por fin, unos servicios públicos de empleo a la altura de lo que necesita una de las grandes economías europeas.

*Valeriano Gómez, economista, exministro de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo (CIFE).

*Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada (Universidad Autónoma de Madrid).