Oportunidad estratégica o fondos oportunistas

Los fondos oportunistas extranjeros especializados en la detección de gangas financieras —de esas que se consiguen con poco dinero y esfuerzo, pero en las que te forras a corto plazo— han encontrado su siguiente gran negocio en Celsa, una empresa estratégica para las economías catalana y española.

Celsa es una multinacional radicada en Cataluña, con acerías también en Vizcaya, Cantabria, así como en Noruega, Reino Unido, Polonia y Francia, que da empleo directo e indirecto a 9.700 personas y que se dedica a una actividad con un brillante futuro: la economía circular. La empresa transforma chatarra en acero verde, en hornos eléctricos que pueden alimentarse con energía de origen renovable. Los beneficios que tiene en la actualidad, además, se multiplicarán en el futuro, gracias al dividendo verde que se derivará de una regulación europea cada vez más comprometida con el medio ambiente. El futuro productivo de la empresa es, por tanto, brillante y boyante si su gestión se deja en manos de los que conocen el negocio.

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Los fondos oportunistas consiguieron hacerse con la deuda de 2.500 millones de euros de la empresa por solo 900 millones, una impresionante rentabilidad del 178%. Ninguna empresa productiva se aproxima ni de cerca a este nivel de retornos, que están reservados para los pelotazos de la economía especulativa. Esto fue posible gracias a la quita a la que se vieron obligados los bancos acreedores originales, cuando la pandemia dio al traste con las previsiones del negocio y la deuda se disparó. La reciente reforma de la ley concursal adicionalmente abrió la puerta a que estos especuladores se hicieran con la propiedad, al reforzar los derechos del acreedor, liquidar los del deudor y poner la última palabra en manos de un único juez.

Hay que revisar la ley concursal a la luz de este caso si se quiere evitar que los intereses especulativos terminen imponiéndose a la generación de valor productivo y empleo. Pero, más allá de esta tarea pendiente, aún podemos salvar Celsa y el Gobierno puede vetar la operación, dado su carácter estratégico, gracias al escudo antiopas, levantado durante la pandemia precisamente para evitar que empresas como Celsa, clave para la salud pública medioambiental o el suministro de insumos fundamentales (acero verde), terminen en manos de especuladores que no garantizan ni el empleo ni la gestión a largo plazo, al estar especializados en la extracción de rentas saltando de empresa en empresa. El Gobierno tiene la obligación de emplear los 550 millones que la SEPI asignó a Celsa a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en comprarla.

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Esta es una gran oportunidad para probar el compromiso real del nuevo Gobierno con las empresas estratégicas del país, de evitar que la quita vaya al bolsillo de los fondos oportunistas en lugar del de los ciudadanos y de preservar el futuro del empleo y la autonomía en el suministro de acero producido sin dañar el medio ambiente. Y es también una oportunidad para el Govern de la Generalitat de Cataluña de demostrar su compromiso, y capacidad de negociación, con una estrategia industrial acorde con el cambio de modelo productivo.

*Jéssica Albiach es presidenta del Grupo Parlamentario de En Comú Podem en el Parlament de Cataluña y Joan Carles Gallego, diputado por el mismo grupo y presidente de la Comisión de Empresa i Treball del Parlament de Cataluña.