Ceguera nuclear española

Tras la invasión de Ucrania y ante la necesidad de alcanzar independencia estratégica y complementar la irregularidad de suministro que ofrecen las energías renovables, por su dependencia de la climatología y las dificultades que existen para almacenar electricidad en cantidades significativas, la mayoría de los países europeos han revisado radicalmente sus planes en cuando a la energía nuclear.

Hoy, solo un 23% de la electricidad europea es de origen nuclear, pero la capacidad de generación con esta tecnología va a aumentar sustancialmente en los próximos años. Finlandia ya inauguró en abril del pasado año la mayor central nuclear de Europa, ubicada en Olkiluoto; Eslovaquia, Ucrania y Reino Unido están construyendo dos nuevos reactores cada una; Francia va a construir 14 nuevas centrales; y Hungría, Bulgaria, Chequia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Países Bajos, Reino Unido y Rumanía han lanzado planes para construir nuevos reactores adicionales; mientras que otros países, como es el caso de Suiza, ya han decidido prolongar la vida útil de las plantas que tienen en funcionamiento. Además, la Unión Europea está impulsando, junto con Estados Unidos, el desarrollo de los nuevos minirreactores modulares. Claramente, Europa se ha incorporado a una tendencia global, pues en todo el mundo se encuentran en construcción un total de ——según diversas fuentes— entre 57 y 68 nuevas centrales nucleares, incluyendo entre 19 y 23 en China, 8 en India, y 4 tanto en Rusia como en Turquía.

Por supuesto, todo lo contrario que la muy rica Alemania, que, al igual que la menos rica pero muy endeudada España, ha decidido eliminar por completo su capacidad de generación nuclear y, como consecuencia, sigue generando gran parte de su electricidad con carbón, pese a ser este la fuente más contaminante. En España hacemos algo similar, pues recurrimos a importar y quemar gas en centrales de ciclo combinado, para así suplir las inevitables carencias de nuestras plantas de energía renovable, las cuales, por su rigidez y dependencia de la climatología, siguen necesitando el respaldo de tecnologías de generación más flexibles.

La vicepresidenta Ribera ha tildado de "absurda" la petición de las empresas de que el marco normativo ofrezca "neutralidad tecnológica"

Nuestra obcecación está bien arraigada. La vicepresidenta Ribera incluso ha tildado recientemente como “absurda” la petición de las empresas de que el marco normativo ofrezca “neutralidad tecnológica”, una petición razonable y que, en realidad, no tiene nada de absurda. El motivo es simple. Regulador y regulados, Gobierno y empresas, deben centrar su labor en sus ventajas comparativas, y, en especial, deben aprovechar sus ventajas de índole informacional.

En el caso del Gobierno, estas se centran en fijar y alcanzar objetivos colectivos, como son, en este terreno, los relacionados con la transición energética. Técnicamente, ha de contener las externalidades negativas de la libre actuación privada. Pero, dentro de ese marco definido por el interés público, las empresas saben mucho mejor cómo organizar eficientemente los recursos productivos. Por ello, lo que realmente resultaría absurdo sería que los gobernantes pretendieran saber mejor que las empresas cuál es el modo menos costoso para lograr los objetivos sociales. Por ejemplo, qué tecnología concreta conviene más utilizar y cómo deben gestionarse todas ellas.

Por lo demás, en materia de energía nuclear, roza también lo absurdo que nuestros gobernantes sigan llevando la contraria a la mayoría de los países europeos e insistan, ya no en negarse a construir nuevas centrales, sino incluso en cerrar cuanto antes las que ya están en funcionamiento. Estos cierres, además de ser ineficientes a corto plazo, suponen que, como acaba de señalar el director general de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, España corra un grave riesgo de perder experiencia, un activo este muy valioso y que en el futuro, cuando la realidad de nuestra pobreza y nuestro endeudamiento nos haga entrar en razón, tardaríamos décadas en recuperar. No olvidemos que se trata de unos cierres que el reciente aumento del impuesto a los residuos nucleares parece, consciente o inconscientemente, diseñado para adelantar en el tiempo.

* Benito Arruñada es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, profesor de la BSE, investigador de Fedea y coordinador del Foro Mercado Libre