Los impuestos a la ventaja ibérica

Las emisiones mundiales de carbono procedentes de combustibles fósiles volvieron a aumentar en 2023, alcanzando niveles récord, según una investigación del equipo científico de Global Carbon Project. Esto es debido a que el carbón, el petróleo y el gas natural siguen representando más del 70% en el suministro mundial de energía. Es decir, la demanda de los combustibles fósiles está estabilizada en niveles muy altos, lo que nos mantiene lejos de los objetivos climáticos mundiales, acordados en 2015 en el histórico Acuerdo de París.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái a finales de 2023, instó a los países a triplicar la capacidad renovable mundial para 2030 y pidió abandonar de manera más acelerada el uso de los combustibles fósiles. Se trata de dos metas alcanzables porque existen, a precios muy asequibles, los recursos tecnológicos necesarios para cruzarlas (gracias a la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica, fundamentalmente).

Ahora bien, esos objetivos enfrentan cuatro grandes escollos: 1) una inversión exigua en infraestructuras de red y en baterías, lo que impide una expansión acelerada e intensa de las energías renovables; 2) las barreras administrativas, traducidas en una burocracia lenta y asfixiante para la obtención de permisos y de autorizaciones; 3) una financiación insuficiente, derivada de unas rentabilidades de los proyectos de energías renovables que pudieran resultar poco atractivas para los inversores, y; 4) una regulación y una fiscalidad inadecuadas.

Sobre estos dos últimos puntos debemos recapacitar. Y, muy especialmente, en España, donde las rentabilidades razonables de las infraestructuras de las energías eólica y solar fotovoltaica sufren en exceso, por decisiones regulatorias.

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España tiene una excelente oportunidad para convertirse en una potencia solar. Sobre esta cuestión no hay ninguna duda. Somos ricos en radiación solar, tenemos un territorio inmenso y propicio para acoger parques solares, y contamos con empresas líderes mundiales en energías renovables. Son tres factores que hacen fácil conseguir electricidad segura, limpia, barata y autóctona. El sueño de cualquier nación. Se trata de “la gran ventaja ibérica”.

La potencia solar fotovoltaica acumulada en España, supera los 32.000 megavatios (más de 25.000 MW en plantas en suelo y más de 7.000 MW en autoconsumo). Es decir, su presencia en el mix de generación nacional está por encima del 11%.

En 2024 una planta solar fotovoltaica estándar paga más de 10 tributos municipales, regionales y estatales, lo que resta mucha competitividad

Sin embargo, aunque se han hecho bien muchas cosas, España sigue teniendo una asignatura pendiente: acometer una gran reforma para reducir la intensidad y la complejidad tributaria que lastra las energías renovables.

Basta con aportar un dato: en 2024 una planta solar fotovoltaica estándar paga más de 10 tributos municipales, regionales y estatales, lo que resta mucha competitividad a estas instalaciones, tan necesarias para abaratar los precios de la electricidad, luchar contra el cambio climático y obtener soberanía energética.

Analicemos, como ejemplo, cuatro tributos reales muy beneficiosos para la administración pública (al no depender del éxito o del fracaso empresarial), pero muy gravosos para las empresas: el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y los nuevos impuestos autonómicos sobre las energías renovables.

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El Impuesto sobre Actividades Económicas, con su enfoque tradicional derivado de su creación en el siglo XIX, también existe en Italia, en Alemania y en Portugal. Pero con una gran diferencia: su cuantificación se realiza atendiendo al beneficio empresarial, no al mero ejercicio de la actividad (como sucede en España).

Por su parte, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (del 7%), creado en 2012 y suspendido durante los últimos años, destaca como un caso único en toda la Unión Europea, ya que está vinculado al déficit de tarifa, el cual disminuyó considerablemente en 2023. Se trata de un impuesto que penaliza, de manera muy especial, a las empresas especializadas en energías renovables cuyas instalaciones, a diferencia de las nucleares, las hidroeléctricas o los ciclos combinados, están aún siendo construidas o iniciando sus primeras fases de amortización. De hecho, a pesar de la bajada de los precios de electricidad, de la disminución de tarifa, del preocupante descenso de la demanda eléctrica y de la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la electricidad al 21%, se recupera este impuesto para obtener una nueva recaudación sobre la producción de electricidad (indistintamente de si esa electricidad se produce con gas o con viento, o de si la instalación es o no rentable).

Adicionalmente, continuando con los impuestos desvinculados del rendimiento empresarial, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), fraguado en la ley de Haciendas Locales de 1988, surge con el loable propósito de proveer a los ayuntamientos de recursos económicos propios para prestar servicios municipales, fijando una tributación de hasta el 4% sobre la inversión en la obra realizada. Es evidente que, en su concepción original, este impuesto no fue diseñado teniendo en cuenta el imprescindible y estratégico despliegue de instalaciones de energías renovables. Sin embargo, a lo largo del tiempo, no solo se ha mantenido sin adaptaciones, sino que se le han añadido prestaciones patrimoniales no tributarias por parte de algunas comunidades autónomas, como es el caso, por ejemplo, de Castilla- La Mancha.

Las energías renovables deben tributar teniendo en cuenta unos principios razonables de equidad y de eficiencia en la recaudación fiscal

Es decir, lo que inicialmente fue concebido como un impuesto destinado a sufragar el coste de los servicios públicos, teniendo en cuenta el contexto de su aprobación, con un tope máximo del 4% de la inversión u obras realizadas, ha experimentado una metamorfosis al alcanzar el 7% para las plantas solares fotovoltaicas (recordemos que este impuesto no solo está al margen del beneficio empresarial, sino que, además, se devenga con el inicio de las obras).

En este mismo sentido, la nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi crea un canon a la implantación en el suelo no urbanizable de instalaciones de energías renovables, afectando a todas las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, incluidas las existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y también a los proyectos futuros, siendo el hecho imponible la extensión medida en hectáreas. El Gobierno de Aragón también ha anunciado la aprobación de un canon similar.

Las energías renovables deben tributar adecuadamente, por supuesto. Y deben desplegarse teniendo en cuenta las máximas sensibilidades sociales y medioambientales, sin ningún género de dudas. Pero son cuestiones que deben hacerse teniendo en cuenta unos principios razonables de equidad y de eficiencia en la recaudación fiscal. Y, sobre todo, vinculando los ingresos tributarios a los ingresos societarios, tal y como hacen la mayor parte de los países de nuestro entorno.

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La optimización justa del sistema tributario español exige una revisión cuidadosa, adaptándolo para reflejar con más precisión la capacidad de generar ingresos sin solapamientos entre los diferentes impuestos. Estas reformas no solo responden a las demandas contemporáneas, sino que, también, fortalecen la posición de España en el contexto económico global, sin dañar su liderazgo. La simplificación efectiva y la coordinación entre los niveles de gobierno son fundamentales para lograr un sistema tributario más transparente, más estable, más eficiente y, sobre todo, más razonable para todos los involucrados.

La producción de electricidad a partir del sol y del viento nos posiciona como una potencia económica mundial. De hecho, las energías renovables son ya tal fuente de riqueza, que, en 2022, aportaron 19.484 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) de España, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Tengamos, por lo tanto, mucho cuidado con la fiscalidad aplicada a las energías renovables, para no convertir “la gran ventaja ibérica” en una desventaja, a base de tributos excesivos que perjudiquen la competitividad y las rentabilidades razonables (y necesarias) de las energías limpias en España. No seamos una excepción, sino una referencia: hagamos realidad una acelerada y masiva transición energética para descarbonizar y electrificar España, gracias a nuestra radiación solar y a nuestro viento. Nuestro futuro más inmediato está en juego.

*David Redoli Morchón, director de Relaciones Institucionales, y José Feliciano Morales Belinchón, director Fiscal de Solaria.