La luz se vuelve roja en los extremos

El 8 de marzo de 2022, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó los 544,98 euros por megavatio/hora (MWh), 161 euros por encima del anterior récord, registrado el 13 de diciembre de 2021, cuando Rusia comenzaba a acumular tropas en la frontera con Ucrania. Aquel mes de marzo, con la invasión ya emprendida, terminó con un precio medio de 283,3 euros el MWh.

Ante la escalada de los precios provocada por el conflicto, iniciado en febrero de 2022, el Gobierno español tomó diversas medidas para mitigar el impacto sobre consumidores industriales y domésticos. Estos últimos llegaron a pagar una factura media de 143 euros en el mes de marzo de 2022, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La Unión Europea aceptó la denominada "excepción ibérica", que permitió al gobierno de Pedro Sánchez imponer un límite a los precios de la electricidad en el mercado mayorista, muy afectado por la subida del gas. También se redujo el IVA de la factura de la luz del 21 % al 10 %.

Dos años después, con la guerra aún en pleno apogeo, el pasado mes de abril se cerró con el precio de la electricidad más bajo desde que existe el mercado mayorista, creado en 1998 y conocido popularmente como pool: 13,67 MWh. De hecho, el día 1 de abril el precio de la electricidad en el pool fue negativo por primera vez en la historia de España. El MWh se pagó a -0,01 euros entre las 14 y las 17 horas; el precio fue cero o testimonialmente positivo durante el resto del día.

Los precios negativos se han repetido en numerosas ocasiones a lo largo del mes de abril debido a una concatenación de temporales que ha dejado mucha lluvia y a la contribución del viento, que ha permitido a las renovables generar a pleno rendimiento. Además, en marzo ya se registraron los precios medios en el pool más bajos de la historia para un mes hasta ese momento, con 20 euros/MWh, la mitad que el precio medio registrado en febrero y un 77,5% menos que en marzo de 2023. En lo que va de mayo se mantiene esta tendencia.

Es evidente que 13,67 euros no son suficientes para compensar los costes de la generación en ninguna de las tecnologías y, en consecuencia, más temprano que tarde desincentivarán la inversión en el sector industrial tal vez más estratégico que está desarrollando España por sus seis beneficios: descarbonización de la economía, reducción de la dependencia energética, abaratamiento de los precios de la energía, creación de un nuevo sector industrial, generación de empleo y producción de actividad en la España vaciada.

La inversión extranjera en España alcanzó los 28.215 millones de euros en 2023, según los datos del Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio. Una parte importante de estas inversiones están yendo a sectores de alto valor añadido. Según la base de datos del Financial Times FDI Markets, en 2023 España fue el mayor receptor global de proyectos greenfield en el sector de energías renovables.

Más temprano que tarde desincentivarán la inversión en el sector industrial tal vez más estratégico que desarrolla España

Todos estos beneficios se ponen en riesgo porque el sistema marginalista de generación de precios no funciona correctamente en sus dos extremos. Además, cuando los precios se disparan o se desploman, el sistema marginalista va contra su esencia, que es incentivar la inversión en las tecnologías más eficientes tanto desde el punto de vista económico como del medioambiental.

De la misma forma que hace un par de años afirmé que era una barbaridad que el precio de la energía alcanzase los 300 euros por megavatio/hora y que era necesaria la intervención del regulador, a pesar de que tales cotas beneficiaban a las renovables, incluso después de limitar su retribución con la cláusula del gas (clawback), hoy sugiero que se requiere de nuevo su acción para evitar un desplome de las energías renovables, que son —no lo olvidemos— la vanguardia en la lucha contra el cambio climático.

La consecución de los objetivos contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), probablemente la iniciativa legislativa más notable y ambiciosa del actual gobierno, no se podrían cumplir si se produjese un parón en la inversión en nueva generación de energías limpias. Sería paradójico que la ampliación de los objetivos del PNIEC recientemente aprobada (del 23% al 32% de reducción de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 1990) no estuviese acompañada de incentivos al despliegue de generación renovable o, cuando menos, de la eliminación de los desincentivos.

Hace un par de años afirmé que era una barbaridad que el precio de la energía alcanzase los 300 euros por megavatio/hora

Es probable que los puristas del mercado libre argumenten que los inversores deben estar a las duras y a las maduras. Sin embargo, tales opiniones deberían tener en cuenta que la generación de energía es de iure un sector liberalizado, pero no lo es de facto. Pocos sectores como la generación están sometidos a tanta regulación, de tal forma que las Administraciones Públicas tienen una gran influencia sobre el comportamiento de un mercado teóricamente sometido a las leyes de la oferta y la demanda. La incertidumbre creada por los incesantes cambios regulatorios registrados en los últimos años es buena prueba de esta intervención.

El regulador tiene en su mano mecanismos para evitar que el precio de la electricidad se sitúe por debajo de los costes, especialmente en un sector que es muy estratégico para la economía del país. Ya hay tecnologías, como el gas a través de los pagos por disponibilidad a los ciclos combinados, que se benefician de estos mecanismos compensatorios.

Y si estos mecanismos no son suficientes, el regulador puede establecer nuevas fórmulas, como ya lo hizo para controlar los precios cuando estos se dispararon. Es evidente que cuando llega a los extremos al sistema marginalista de fijación de precios se le enciende la luz roja.

*Juan Béjar es presidente de BRUC